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El gobierno kirchnerista, ya en las postrimerías de su gestión, sobrevive financiera y políticamente colocando deuda: es el precio que paga para evitar que la actual crisis de deuda le estalle antes de diciembre y pueda, por consiguiente, traspasarle el problema a la nueva administración electa, para que sea ésta -preferentemente con los "neoliberales" a la cabeza- la que tenga que instrumentar la capitulación formal al frente de los acreedores a través de una nueva reestructuración. La administración K deja la mesa servida y la convención multilateral que servilmente auspiciara en la ONU será el nuevo modelo de reendeudamiento buscado dentro del sistema financiero internacional.
Sostener que la Argentina se ha venido desendeudando bajo la administración Kirchner es un grosero engaño. Ninguno dice quién, cuándo y cómo va a devolver la enorme masa de dinero que la administración central adeuda a los organismos del Estado que fueron "empapelados" con bonos impagables en reemplazo de los fondos que son "administrados" y de propiedad de jubilados aportantes (Anses), reservas del BCRA, depósitos del BNA, deuda interna que viene a sumarse a la externa que ahora en función de estas recomendaciones de ONU configuran un apriete más en el cepo.
Como es metódico, la presidente Cristina Kirchner nos presenta pirras victorias. En el marco de su tradicional política del "relato", de presentar las derrotas y claudicaciones como supuestas victorias o "éxitos de negociación", acaba de anunciar y congratularse por la votación afirmativa del proyecto de Convención Multilateral sobre Reestructuración de Deuda Soberana producida recientemente en la Asamblea General de la ONU.
La verdad de fondo es que se trata de una vieja aspiración del FMI y de la banca internacional para "institucionalizar" la internacionalización de los defaults de países que -como la Argentina- se encuentran metidos en la trampa de la deuda pública impagable, que deriva inexorablemente en la permanente refinanciación de las obligaciones a su vencimiento, o modelo de deuda perpetua.
Es para estos problemas de refinanciación forzosa -que son constantes y se presentan tradicionalmente en los países deudores según ciclos promedio de 3 a 5 años- el sistema financiero internacional viene pugnando hace tiempo en lograr una estandarización de los procesos de reestructuración o reciclado de deudas en función de ejes comunes a ser aceptados por todos los países del mundo.
Un estudioso de la deuda, Jorge Montenegro, nos informa que en nuestro caso se eliminan los avances jurisdiccionales logrados por el proceso Alejandro Olmos y sentencias como la del juez Ballesteros en torno a la investigación de la "deuda", su legitimidad, su legalidad, su moralidad. Se sustrae así al ámbito de las leyes y los tribunales locales de los países deudores. En esta estandarización se aniquila toda posibilidad de auditoría, porque es un allanamiento total al acreedor. Prescinde de la conservación del nivel de vida de los pueblos y de principios de esencial equidad, omite cuestiones de capitalización de deudas, es decir legaliza la usura y con ello sepulta el concepto de control financiero, legitima el proceso de deuda perpetua: "vivir pagando, morir debiendo", formaliza y condiciona las políticas macroeconómicas del país. Nuestro derecho interno queda subordinado por prórroga de jurisdicción formal permanente quedamos sometidos en reconocimiento expreso al gobierno mundial. Es un encuadramiento que legitima una futura "ley de quiebras" de los Estados bajo el concepto de "Estado fallido" y abre la puerta al canje de "deuda por territorio". La reforma de nuestro Código Civil permite por el art. 972 el reconocimiento mercantil del Tratado de Viena de 1980 de jurisdicción plena respecto a lo que queda de Derecho interno: "las finanzas deciden en la paz lo que el fusil en las guerras".
En definitiva, lo que el FMI con Anne Krugger proponía en el 2002 fue reformulado de un modo "más presentable" y se logró que la propuesta no fuese elevada por algún organismo o estado comprometido por conflicto de intereses, sino, que la tarea la hiciese algún gobierno del Tercer Mundo, con preferencia lo suficientemente estrangulado desde el punto de vista financiero como para asumir el servilismo de la iniciativa.
Fue así que el gobierno de Cristina Kirchner propuso a la Asamblea General de la ONU -a través del grupo de los 77- el tratamiento de un proyecto de Convención Multilateral para regular la reestructuraciones de deudas soberanas que días pasados, en la nueva asamblea anual tuvo aprobación bajo forma de resolución sobre recomendaciones sobre la materia.
Nos dice Héctor Giuliano: "De la lectura de estos principios aprobados por la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre reestructuración de deudas soberanas no surgen elementos de respaldo directamente aplicables al caso de la Argentina (que es el país que se jacta de haber promovido el proyecto) y, en cambio, se abren serios interrogantes sobre sus reales ventajas para el país, sobre los riesgos de la futura indefensión en varios aspectos claves". Tales como que no cambia la situación legal de Argentina frente a los juicios o holdouts en Nueva York y otras jurisdicciones del mundo porque se trata de demandas y fallos ya comenzados con anterioridad (sin alternativa de efecto retroactivo). Los tiempos y la forma de instrumentación son inciertos.
Sostener que la Argentina se ha venido desendeudando bajo la administración Kirchner es un grosero engaño. Ninguno dice quién, cuándo y cómo va a devolver la enorme masa de dinero que la administración central adeuda a los organismos del Estado que fueron "empapelados" con bonos impagables en reemplazo de los fondos que son "administrados" y de propiedad de jubilados aportantes (Anses), reservas del BCRA, depósitos del BNA, deuda interna que viene a sumarse a la externa que ahora en función de estas recomendaciones de ONU configuran un apriete más en el cepo.
Como es metódico, la presidente Cristina Kirchner nos presenta pirras victorias. En el marco de su tradicional política del "relato", de presentar las derrotas y claudicaciones como supuestas victorias o "éxitos de negociación", acaba de anunciar y congratularse por la votación afirmativa del proyecto de Convención Multilateral sobre Reestructuración de Deuda Soberana producida recientemente en la Asamblea General de la ONU.
La verdad de fondo es que se trata de una vieja aspiración del FMI y de la banca internacional para "institucionalizar" la internacionalización de los defaults de países que -como la Argentina- se encuentran metidos en la trampa de la deuda pública impagable, que deriva inexorablemente en la permanente refinanciación de las obligaciones a su vencimiento, o modelo de deuda perpetua.
Es para estos problemas de refinanciación forzosa -que son constantes y se presentan tradicionalmente en los países deudores según ciclos promedio de 3 a 5 años- el sistema financiero internacional viene pugnando hace tiempo en lograr una estandarización de los procesos de reestructuración o reciclado de deudas en función de ejes comunes a ser aceptados por todos los países del mundo.
Un estudioso de la deuda, Jorge Montenegro, nos informa que en nuestro caso se eliminan los avances jurisdiccionales logrados por el proceso Alejandro Olmos y sentencias como la del juez Ballesteros en torno a la investigación de la "deuda", su legitimidad, su legalidad, su moralidad. Se sustrae así al ámbito de las leyes y los tribunales locales de los países deudores. En esta estandarización se aniquila toda posibilidad de auditoría, porque es un allanamiento total al acreedor. Prescinde de la conservación del nivel de vida de los pueblos y de principios de esencial equidad, omite cuestiones de capitalización de deudas, es decir legaliza la usura y con ello sepulta el concepto de control financiero, legitima el proceso de deuda perpetua: "vivir pagando, morir debiendo", formaliza y condiciona las políticas macroeconómicas del país. Nuestro derecho interno queda subordinado por prórroga de jurisdicción formal permanente quedamos sometidos en reconocimiento expreso al gobierno mundial. Es un encuadramiento que legitima una futura "ley de quiebras" de los Estados bajo el concepto de "Estado fallido" y abre la puerta al canje de "deuda por territorio". La reforma de nuestro Código Civil permite por el art. 972 el reconocimiento mercantil del Tratado de Viena de 1980 de jurisdicción plena respecto a lo que queda de Derecho interno: "las finanzas deciden en la paz lo que el fusil en las guerras".
En definitiva, lo que el FMI con Anne Krugger proponía en el 2002 fue reformulado de un modo "más presentable" y se logró que la propuesta no fuese elevada por algún organismo o estado comprometido por conflicto de intereses, sino, que la tarea la hiciese algún gobierno del Tercer Mundo, con preferencia lo suficientemente estrangulado desde el punto de vista financiero como para asumir el servilismo de la iniciativa.
Fue así que el gobierno de Cristina Kirchner propuso a la Asamblea General de la ONU -a través del grupo de los 77- el tratamiento de un proyecto de Convención Multilateral para regular la reestructuraciones de deudas soberanas que días pasados, en la nueva asamblea anual tuvo aprobación bajo forma de resolución sobre recomendaciones sobre la materia.
Nos dice Héctor Giuliano: "De la lectura de estos principios aprobados por la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre reestructuración de deudas soberanas no surgen elementos de respaldo directamente aplicables al caso de la Argentina (que es el país que se jacta de haber promovido el proyecto) y, en cambio, se abren serios interrogantes sobre sus reales ventajas para el país, sobre los riesgos de la futura indefensión en varios aspectos claves". Tales como que no cambia la situación legal de Argentina frente a los juicios o holdouts en Nueva York y otras jurisdicciones del mundo porque se trata de demandas y fallos ya comenzados con anterioridad (sin alternativa de efecto retroactivo). Los tiempos y la forma de instrumentación son inciertos.
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