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El año pasado hubo numerosos estudios referidos al desmadre del empleo público y a la designación -en los tramos finales del kirchnerismo- de cuadros militantes en distintos organismos. Costará bastante separar la paja del trigo para realmente saber dónde estamos parados. Lo cierto es que la administración pública, hábitat natural de la burocracia, no goza de simpatía popular y eso es malo.
No hay mortal que no haya padecido alguna vez los enredos burocráticos, sea de la pública o privada (que también existe e igual de fea). Quien esto escribe ha recorrido el espinel de las burocracias provinciales y nacionales por razones profesionales, además de haber asesorado a la sección salteña del gremio estatal más grande; de modo que lo hace con conocimiento de causa.
El poder del escritorio
1- influencia excesiva de los empleados públicos en los negocios del Estado, 2- conjunto de funciones y trámites vinculados a la ejecución de una decisión administrativa. 3- clase social que forman los empleados públicos.
Se impuso el segundo sentido, inmortalizado en la tortuguita de la rebelde Mafalda, pero se trata de un combo cuya carga peyorativa la estigmatizó.
El aguantadero de la política
El 22 de febrero el presidente Mauricio Macri presentó un programa de modernización estatal, coronando el acto con una definición drástica y contundente: "El Estado no puede seguir funcionando como el aguantadero de la política", lo cual es cierto.
Pidió a gobernadores e intendentes del país darle transparencia a los trámites administrativos, a recuperar la carrera del empleado público, a reducir la burocracia e incorporar herramientas tecnológicas en todos los estamentos.
Se calcula que el sector público crece anualmente cinco veces más que la población; entre 2007 y 2014 subió al 3,7% mientras el privado bajó un 0,05%.
El anuncio forma parte de un plan destinado a reorganizar una administración pública ineficaz, descontrolada y superpoblada. En ella conviven "capas geológicas" acumuladas en cada gobierno que llenó oficinas con propia tropa, y forman parte de sucesivas pesadas herencias cuyo costo soporta la sociedad entera.
El Gobierno nacional ha propuesto realizar un relevamiento área por área y sector por sector para verificar la cantidad de empleados que tiene y el carácter de su vinculación, pues la precarización laboral convirtió a la administración en un empleador fraudulento.
Con el correr de los días sabremos cuánto hay de cierto, tanto en la vocación de cambio como en la situación real de la administración pública estatal en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal, centralizada y descentralizada.
Un arduo cambio de cultura
Hay razones para entrever que la tarea sea titánica.
En primer lugar porque los sectores involucrados son varios: funcionarios políticos y de carrera, sindicatos y los propios agentes públicos. No será posible cambiar nada sin un acuerdo en dos cuestiones elementales: un sistema de ingreso transparente y práctico sobre la base de un concurso de antecedentes y oposición, y un mecanismo de promoción, ascensos y perfeccionamiento.
Como se advierte, se trata de construir porque no existe una carrera administrativa basada obviamente en el mérito y no en el acomodo o el favor político, causa eficiente de la mediocridad.
La experiencia indica que cuando a las personas se les exige y retribuye como corresponde, se esmeran y responden por autoestima.
¿Cómo explicar, entonces, el desinterés histórico para lograr tales objetivos?
¿Por qué los gremios estatales no son más exigentes al respecto?
¿Cuándo entenderán los políticos que la administración no es un coto reservado de nadie?