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Por ese acuerdo marco y otro convenio específico se estableció que la Nación transferiría a Salta $721 millones, no reintegrables, para financiar la citada línea de alta tensión y otro tendido, de igual capacidad, desde Joaquín V. González hasta la localidad santiagueña de Monte Quemado.
El Gobierno provincial se comprometió a completar los proyectos con recursos propios en caso de resultar necesario. También asumió la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas necesarias para concretar las obras.
Un mes después, el 31 de julio, el exministro de Economía y actual jefe de Gabinete, Carlos Parodi, suscribió con Guillermo Coltrinari y Julio Usandivaras, directivos de Edesa, otro convenio por el que se delegó en la empresa la contratación de la primera de las líneas previstas en el acuerdo.
La cartera de Hacienda justificó la decisión en la celeridad que requerían las obras y la incumbencia técnica de la prestadora del servicio eléctrico de Salta.
Dudas
Edesa abrió las ofertas el 18 de septiembre y adjudicó los trabajos a Zoricich Construcciones Eléctricas el 30 de diciembre. El proceso generó dudas sobre el cumplimiento de los términos establecidos en la ley contrataciones, manifestadas en un pedido de informes de la Cámara de Diputados, y cuestionamientos al costo de las obras, avalado por los órganos de control intervinientes.
A casi dos años de la firma de los acuerdos, el anillado eléctrico que comenzó a ejecutarse en octubre de 2014 sigue inconcluso y la línea proyectada entre Joaquín V. González y la localidad santiagueña de Monte Quemado, sobre la ruta nacional 16, continúa siendo un proyecto sin plazos.