La reforma previsional impulsada por la administración de Mauricio Macri, vistas las repercusiones, atropellos y actos de violencia que precedieron a su ajustada sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del martes 19 de diciembre, se convirtió en uno de los hechos políticos más significativos de 2017, ya en sus postrimerías.
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La reforma previsional impulsada por la administración de Mauricio Macri, vistas las repercusiones, atropellos y actos de violencia que precedieron a su ajustada sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del martes 19 de diciembre, se convirtió en uno de los hechos políticos más significativos de 2017, ya en sus postrimerías.
Fuera de la convulsión generalizada que provocó la sanción del proyecto jubilatorio, el oficialismo de Cambiemos logró aprobar, tras un extenuante debate de doce horas en la Cámara baja, la iniciativa que reformula el cálculo para la actualización de las jubilaciones, con las que el Gobierno aspira a conseguir en 2018 un ahorro de unos 60 mil millones de pesos.
La ley previsional incluye un nuevo mecanismo sobre aumentos de haberes (un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios), 82 por ciento móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.
Acto seguido de verla sancionada a la ley que cambia el cálculo de movilidad para actualizar también el salario familiar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales, el Poder Ejecutivo oficializó que en marzo de 2018 los jubilados recibirán un bono compensatorio, de parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Cuando la norma se aprobó primero en el Senado, a fines de noviembre, más allá de las discrepancias verbales propias de defensores y críticos de un proyecto de ley, no había en verdad señales claras que permitieran adivinar que el tránsito de la reforma previsional por Diputados sería tan accidentado y violento.
El Gobierno consiguió la aprobación de la reforma, mientras en las adyacencias del Parlamento se renovaban los incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad; fue al cabo una jornada que terminó con 162 heridos, entre ellos 88 policías, y 61 detenidos.
A eso continuó una serie de cacerolazos de protesta en distintos barrios de la Capital y, en menor medida, en el conurbano bonaerense.
Una verdadera batalla campal se libró en la Plaza del Congreso durante varias horas entre las fuerzas de seguridad y los militantes más radicalizados de las distintas fuerzas que marcharon a expresar su repudio: agrupaciones de izquierda, espacios del kircherismo, piqueteros y también columnas de organizaciones sindicales, como ATE y la Unión Obrera Metalúrgica.
A duras penas, los efectivos policiales que custodiaban el Parlamento pudieron controlar los sucesivos embates de los más violentos, que acompañaron cada ofensiva con una oleada de piedrazos, palos e incluso armas letales de fabricación rudimentaria, como un "mortero tumbero", manejado por el militante de izquierda y ex precandidato a diputado santafesino Sebastián Romero, cuya foto accionando tan extraño armamento contra el personal policial fue seguramente la más icónica de los enfrentamientos.
Otros, en cambio, se concentraron en destruir a martillazos bancos de plaza y cordones de vereda para proveerse de la suficiente cantidad de escombros que luego arrojarían con violencia.