El juicio y condena a un matrimonio por el asesinato del pequeño Thiago Quipildor ha sido uno de los acontecimientos más trascendentes del año en materia judicial. El debate tuvo todos los condimentos de un caso reñido con el desprecio por la vida de un ser humano, más aún tratándose de un niño que a la temprana edad de cuatro años ya era sobreviviente. Desde el 18 de julio hasta el 7 de agosto, la sociedad salteña siguió con enorme expectativa el desarrollo del juicio que estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y Gabriela González.
Thiago era hijo una pareja destrozada por el flagelo de la droga. Con el padre estaba preso y la madre inmersa en el submundo que conlleva el consumo de estupefacientes, el pequeño y sus otros tres hermanos (el mayor de 11 años) estaban en situación de abandono. A mediados de 2013, el juez de Familia Daniel Canavoso le quitó la patria potestad a la mujer y dispuso que los niños sean alojados en dos hogares de protección para que el Estado se hiciera cargo de ellos.
A través del programa “Familia Sustituta”, el Ministerio de Derechos Humanos comenzó con su derrotero para encontrar un matrimonio que quisiera hacerse cargo de los hermanitos. Fue así que a fines de aquel año, el equipo técnico del programa encontró a la pareja “ideal”. Se trataba de Víctor Marcelo Senise, docente de 51 años y Patricia Alejandra Sánchez, ama de casa, de 41 años. El matrimonio no tenía hijos y vivía en una confortable casa de Palermo II, un barrio de clase media baja, ubicado en la zona Oeste de la ciudad. Los test sicológicos practicados por la licenciada Alejandra Rechiutto y el estudio ambiental de la asistencial Marina Vargas fueron determinantes para que el juez autorizara la entrega de los niños a esta pareja. Las profesionales, eran las encargadas de vigilar y controlar que el matrimonio cumpliera con el cuidado, protección y alimentación de los menores. Los informes de las licenciadas eran óptimos, a tal punto de considerar que Senise y Sánchez reunían todas las condiciones para una eventual adopción de los hermanitos. Días después de que suscribieran aquel informe, Thiago ingresó muerto al Hospital de Niños con un cuadro de broncoaspiración. Sánchez dijo que ahogó con la leche, pero lo que vino después horrorizó a los forenses que practicaron la autopsia. Thiago presentaba 276 lesiones compatibles con golpes, lesiones cortantes, quemaduras y un cuadro de desnutrición crónico. De inmediato se dio la voz de alerta a la policía, quien allanó la vivienda de la pareja y encontró a la hermanita de 7 años en un estado similar. Tenía más de cien lesiones y también estaba desnutrida. Senise y Sánchez fueron procesados por homicidio simple y tentativa de homicidio. Los vecinos más cercanos confirmaron que escuchaban gritos y llantos a toda hora en el domicilio y acusaron a Sánchez de tener preferencia por los mayores y de someter a castigos a Thiago y a su hermanita. Del debate surgió que Sánchez manipulaba a Rechiutto y Vargas y que éstas no ejercían los controles para verificar si los chicos estaban bien cuidados. La situación para el matrimonio se complicó con el testimonio de los hermanos mayores, quienes declararon que el niño se broncoaspiró porque Sánchez le introdujo un palo en la boca. También refirieron que Thiago y la nena eran sometidos a brutales castigos y que no les daban de comer. Frente a este terrible relato, el fiscal Pablo Paz solicitó que Sánchez sea condenada a perpetua por los delitos de homicidio agravado por ensañamiento y por placer y tentativa de homicidio agravado por ensañamiento y por placer. Para Senise pidió la misma pena, como partícipe necesario. El tribunal hizo lugar al requerimiento fiscal con un pronunciamiento categórico: “El plan de los imputados era matar a los niños”. Además dictó penas de ejecución condicional para Rechiutto, Vargas y la jefa de ambas, Jaqueline Rosas.
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El juicio y condena a un matrimonio por el asesinato del pequeño Thiago Quipildor ha sido uno de los acontecimientos más trascendentes del año en materia judicial. El debate tuvo todos los condimentos de un caso reñido con el desprecio por la vida de un ser humano, más aún tratándose de un niño que a la temprana edad de cuatro años ya era sobreviviente. Desde el 18 de julio hasta el 7 de agosto, la sociedad salteña siguió con enorme expectativa el desarrollo del juicio que estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y Gabriela González.
Thiago era hijo una pareja destrozada por el flagelo de la droga. Con el padre estaba preso y la madre inmersa en el submundo que conlleva el consumo de estupefacientes, el pequeño y sus otros tres hermanos (el mayor de 11 años) estaban en situación de abandono. A mediados de 2013, el juez de Familia Daniel Canavoso le quitó la patria potestad a la mujer y dispuso que los niños sean alojados en dos hogares de protección para que el Estado se hiciera cargo de ellos.
A través del programa “Familia Sustituta”, el Ministerio de Derechos Humanos comenzó con su derrotero para encontrar un matrimonio que quisiera hacerse cargo de los hermanitos. Fue así que a fines de aquel año, el equipo técnico del programa encontró a la pareja “ideal”. Se trataba de Víctor Marcelo Senise, docente de 51 años y Patricia Alejandra Sánchez, ama de casa, de 41 años. El matrimonio no tenía hijos y vivía en una confortable casa de Palermo II, un barrio de clase media baja, ubicado en la zona Oeste de la ciudad. Los test sicológicos practicados por la licenciada Alejandra Rechiutto y el estudio ambiental de la asistencial Marina Vargas fueron determinantes para que el juez autorizara la entrega de los niños a esta pareja. Las profesionales, eran las encargadas de vigilar y controlar que el matrimonio cumpliera con el cuidado, protección y alimentación de los menores. Los informes de las licenciadas eran óptimos, a tal punto de considerar que Senise y Sánchez reunían todas las condiciones para una eventual adopción de los hermanitos. Días después de que suscribieran aquel informe, Thiago ingresó muerto al Hospital de Niños con un cuadro de broncoaspiración. Sánchez dijo que ahogó con la leche, pero lo que vino después horrorizó a los forenses que practicaron la autopsia. Thiago presentaba 276 lesiones compatibles con golpes, lesiones cortantes, quemaduras y un cuadro de desnutrición crónico. De inmediato se dio la voz de alerta a la policía, quien allanó la vivienda de la pareja y encontró a la hermanita de 7 años en un estado similar. Tenía más de cien lesiones y también estaba desnutrida. Senise y Sánchez fueron procesados por homicidio simple y tentativa de homicidio. Los vecinos más cercanos confirmaron que escuchaban gritos y llantos a toda hora en el domicilio y acusaron a Sánchez de tener preferencia por los mayores y de someter a castigos a Thiago y a su hermanita. Del debate surgió que Sánchez manipulaba a Rechiutto y Vargas y que éstas no ejercían los controles para verificar si los chicos estaban bien cuidados. La situación para el matrimonio se complicó con el testimonio de los hermanos mayores, quienes declararon que el niño se broncoaspiró porque Sánchez le introdujo un palo en la boca. También refirieron que Thiago y la nena eran sometidos a brutales castigos y que no les daban de comer. Frente a este terrible relato, el fiscal Pablo Paz solicitó que Sánchez sea condenada a perpetua por los delitos de homicidio agravado por ensañamiento y por placer y tentativa de homicidio agravado por ensañamiento y por placer. Para Senise pidió la misma pena, como partícipe necesario. El tribunal hizo lugar al requerimiento fiscal con un pronunciamiento categórico: “El plan de los imputados era matar a los niños”. Además dictó penas de ejecución condicional para Rechiutto, Vargas y la jefa de ambas, Jaqueline Rosas.