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Por Ramón Pereyra
El argumento de quienes predican que el voto electrónico es sinónimo de modernización y transparencia choco contra la pared en Corrientes, donde el oficialista Cambiemos impugnó el uso del sistema.
Dirigentes del frente ECOCambiemos, que lidera el gobernador Ricardo Colombi (UCR), lograron que un Juzgado de Primera Instancia declare la nulidad de la reglamentación de la ley y frenaron la votación electrónica.
Este sistema fue impulsado por el intendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos (FPV), y estaba por ser usado el próximo 4 de junio para elegir alcalde de la capital correntina.
La alianza ECO-Cambiemos, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, se opuso.
La información sobre el freno fue publicada por diversos medios con portales en internet y también se hicieron eco diarios porteños.
La implementación del sistema de votación electrónica tiene al secretario de Asuntos Electorales, Adrián Pérez, como el operador visible de una de las metas que tiene el gobierno del presidente Mauricio Macri.
En su momento no prosperó en el Congreso nacional y esta vez los propios aliados se encargaron de dejarlo de lado en Corrientes, en un hecho que fue calificado como insólito y una paradoja de la política que Cambiemos se haya resistido al sistema.
Según publicaciones, Eduardo Tassano, candidato de ECO-Cambiemos para la intendencia de la ciudad de Corrientes, dudó de las "garantías de transparencia" y argumentó la falta de tiempo.
Su compañero de fórmula, en tanto, Emilio Lanari, alertó sobre los riesgos de implementarlo de golpe. La ecuanimidad de la empresa que llevaría adelante el proceso fue otro aspecto que se puso en duda.
En Salta se volverá a utilizar, en las próximas elecciones de cargos legislativos provinciales, el sistema de votación electrónica.
En estos momentos se define la adjudicación a la única empresa que se presentó al proceso de licitación: Magic Software Argentina, que cotizó en 127 millones de pesos el servicio de voto electrónico para las elecciones primarias y generales de diputados y senadores provinciales y concejales municipales que estarán en juego este año.
El análisis de la única oferta reveló que el 38,38 % de la estructura de costos está integrada por impuestos. Esto implica que el costo impositivo del voto electrónico será de 49.016.848 millones de pesos.