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Por Francisco Sotelo
Un paro general, por definición, es político. No hay ninguna reivindicación posible sobre la cual negociar. Solo se busca golpear a un gobierno. Por eso no hubo paros generales contra Jorge Videla. En cambio, los 14 paros generales de Saúl Ubaldini, asociados con las asonadas carapintadas contribuyeron al deterioro de la presidencia de Raúl Alfonsín. Tampoco los hubo durante los gobiernos del PJ, el menemismo y el kirchnerismo. Según estadísticas sindicales, entre 1988 y 2015, la pobreza estructural se duplicó en el país.
En ese contexto, el PJ adhirió a la medida afirmando que "es un llamado de atención que debe ser escuchado por el Gobierno nacional para que modifique su política". En democracia, esos llamado de atención se hacen en el Congreso.
Entre las autoridades firmantes se contaban Gildo Insfrán, Daniel Scioli, José Luis Gioja, José Alperovich y Guillermo Moreno. En ese contexto, el presidente Mauricio Macri redobló la apuesta y afirmó "no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, mafias que están en los sindicatos, en las empresas, en la política y en la justicia".
Los únicos que se dieron por aludidos fueron los sindicalistas de la CGT. Les molestó la palabra "mafiosos", pero nada dijeron acerca de que "les ha ido bien con el modelo que construye pobreza".
El juego es peligroso. La confrontación entre "la plaza del 24" y "la plaza del 1A" agudiza la polarización.
Por ahora, el gobierno se mantiene firme en la pulseada. El sindicalismo persevera en su vieja receta, a despecho de las fracturas internas de las diversas corrientes y consciente de la acefalía del peronismo.