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En la Cámara Diputados el oficialismo aprobó un acuerdo de financiamiento y colaboración, suscripto entre el Estado nacional, la AFIP y la Provincia. A través de dicho acuerdo la Nación y Salta convienen contribuir a solventar el financiamiento de los gastos que le irrogan a la AFIP los servicios de recaudación, mediante un aporte del 1,9% de los recursos que le corresponda percibir a la Provincia de la recaudación neta total de cada gravamen que recaude, y cuya recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentran a cargo de aquella administración fiscal. En mis años como legislador descubrí que hay errores de la administración que obedecen quizás a una política vilipendiosa, descuidada o demasiado confiada, y que siempre terminan perjudicando las arcas del Estado, que sumado a las condiciones que impone la Nación a través de un régimen de coparticipación lamentable, ponen a la Provincia en una situación prácticamente de inviabilidad, ya que no alcanzan los recursos genuinos para solventar los gastos normales del Estado provincial.
Es por tal motivo que la toma de deuda (operación realizada bajo los peores parámetros) se tornó tan imperiosa durante el 2016. En esta oportunidad presenciamos cómo la Nación fuerza nuevamente para que se firme este convenio, que no es más que el financiamiento de un organismo nacional. Para hacer un paralelo, es como que al condenado a muerte que va a ser decapitado le saquen dinero para pagarle al afilador que va a afilar el hacha del verdugo.
Retomando el proyecto aprobado por Diputados, me pregunto: ¿Qué sería si hacemos nosotros lo mismo con los municipios?, por ejemplo, que nos paguen el funcionamiento de la Dirección de Rentas, u otra repartición, o que por la administración de justicia le cobremos un fondo especial desde la coparticipación municipal para atender los gastos de los jueces de paz, etc. Es totalmente impensado.
La ley de coparticipación federal de impuestos es una creación que surge de la propia asimetría que tenía la Constitución -y sigue teniendo- en materia de distribución de potestades tributarias. Se conviene a través de una ley procurar que el excesivo centralismo que tiene el diseño económico de nuestro país, la producción de los bienes finales, lejanos de donde se pueden sacar las materias primas, o producto extractivo proveniente de la minería, se pueda repartir y tratar de buscar un desarrollo armónico y equilibrado en busca de la igualdad de oportunidades en el territorio de la Nación.
Estoy convencido de que se debe coparticipar, pero también de que debemos rever los mecanismos de distribución de cargas. Porque no hay que meterle la mano en el bolsillo al más pobre, ni extorsionar a las provincias más necesitadas. El ministro Parodi manifestó que a la Provincia le va a costar $ 600 millones al año. Para tener una idea de la magnitud probable de los recursos desviados hacia la AFIP. Si Uds. toman los $ 600 millones y sabemos que de la coparticipación general a Salta le corresponde el 3% aproximadamente, significa que a través de este mecanismo la Provincia le aporta al funcionamiento de la AFIP veinte mil millones de pesos por año, lo que significa casi la mitad del presupuesto en funcionamiento de la provincia de Salta! Repasando nuestra historia nos queda claro que la Nación, cada vez que puede, le quita los recursos a la Provincia, o le aumenta sus obligaciones.
Las provincias son parte de la Nación; lo que nos perjudica, perjudica a la Nación. Considerarnos fuera de la Nación para exigir cosas que no estamos en condiciones de afrontar, o que puedan significar la postergación de necesidades impostergables de buena parte de la población. Presenciar tal genuflexión por parte de los representantes de la provincia, es inadmisible e intolerable.