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Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia, reveló que el 76% de los fondos destinados a obras del plan creado en 2012 presenta irregularidades, proyectos inconclusos o directamente no iniciados. El organismo está a punto de emitir un informe que analiza el destino de unos 200 millones de dólares tomados como deuda durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. De esta forma la Auditoría avanza en la investigación sobre el destino del Fondo de Reparación Histórica, un programa financiado con deuda internacional que debía financiar obras estructurales en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. El plan fue presentado en su momento como una iniciativa clave para reducir las profundas desigualdades que afectan al norte salteño. Sin embargo, más de una década después, gran parte de esos proyectos aún no se concretaron o quedaron inconclusos. En diálogo con Radio Salta, Ferraris, explicó que la Auditoría detectó problemas graves en la ejecución de los proyectos, demoras en la registración de obras y falta de recupero de fondos anticipados a empresas.
¿Cómo avanza la investigación sobre el Fondo de Reparación Histórica?
La Auditoría viene trabajando sobre este tema desde 2017, cuando comenzó una revisión específica a través del área IV del organismo, que está a cargo del doctor Segura Alsogaray. En la última semana de febrero fue remitido a Presidencia un informe provisional elaborado por ese equipo técnico. Ese informe analiza exclusivamente los aspectos vinculados a las obras financiadas con el fondo. A partir de su recepción, la legislación interna de la Auditoría faculta a la presidencia a realizar un control interno y una evaluación del contenido antes de avanzar con su tratamiento final. Lo que encontramos en ese informe inicial es que el área emitía una abstención de opinión, es decir, no se pronunciaba ni favorable ni desfavorablemente respecto de cómo se ejecutó el fondo.
¿Por qué considera problemático ese criterio?
Porque al revisar el documento advertimos varios puntos que nos generaron preocupación. Uno de ellos es que el análisis estaba centrado únicamente en las unidades ejecutoras de las obras, que eran cinco, pero dejaba afuera a la unidad coordinadora del fondo. Desde el punto de vista técnico, excluir a ese organismo del análisis de responsabilidades nos pareció un error considerable. La unidad coordinadora tuvo un rol central en la planificación y seguimiento del programa, por lo que necesariamente debe formar parte del objeto de auditoría.
¿Cuáles son los principales hallazgos de la auditoría?
Uno de los datos que más llama la atención es que el 76% del monto total del Fondo de Reparación Histórica fue destinado a obras que no se iniciaron o que comenzaron pero se extendieron de manera excesiva en el tiempo. Cuando una obra se prolonga demasiado, el paso de los años termina rompiendo la ecuación económica original del contrato, porque cambian los costos, los precios y las condiciones generales del proyecto. También encontramos casos de obras que fueron rescindidas, es decir, contratos que se interrumpieron sin que los proyectos se concluyeran.
¿Qué implicancias tiene eso para el Estado?
Implica que una gran parte de los recursos que se obtuvieron mediante endeudamiento podrían haberse aprovechado mejor. Hay que recordar que estos fondos provienen de un empréstito que la provincia tomó en los mercados internacionales y que, en definitiva, deben ser pagados por los salteños. Por eso, cuando se producen incumplimientos contractuales o paralización de obras, el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia para recuperar los anticipos financieros otorgados a las empresas mediante la ejecución de garantías o cauciones. En varios casos observamos que ese recupero no se realizó o no se hizo con la celeridad que correspondía.
¿Qué otras irregularidades surgieron del análisis?
Detectamos problemas importantes en la registración administrativa de las obras. Muchas fueron registradas tarde y mal dentro del sistema. También encontramos anticipos financieros otorgados a empresas para proyectos que comenzaron años después. El Estado no puede entregar recursos de esa naturaleza para obras que recién van a iniciar tres años más tarde. Además hay situaciones donde el avance físico de la obra no guarda relación con los certificados de pago emitidos. Todo esto conforma un cuadro que requiere un análisis profundo para determinar qué ocurrió en cada caso.
¿La auditoría también revisará la operatoria financiera del fondo?
Sí, porque el fondo no solo tiene una dimensión de obra pública sino también una dimensión financiera. Ese análisis está a cargo de otra área de la Auditoría y todavía no contamos con su informe definitivo. Lo que sí sabemos es cuánto dinero ingresó a la provincia por la colocación de los títulos de deuda y cuánto terminó aplicado a obras concretas. Entre esos dos valores hay una diferencia que debe ser analizada con detalle, porque puede responder a situaciones normales de una operatoria económica o a problemas en la administración de los recursos.
En su momento también se cuestionó la decisión de convertir esos dólares a pesos. ¿Ese aspecto se analiza?
Sí, esa es una operación financiera perfectamente auditable. El Estado puede realizar ese tipo de operaciones y, en determinadas circunstancias, incluso pueden ser razonables para proteger el valor del dinero frente a procesos inflacionarios. Pero, como cualquier decisión que involucra recursos públicos, debe ajustarse a normas y criterios transparentes. Las colocaciones financieras, por ejemplo, deben responder a condiciones comerciales favorables para la provincia. Todo eso también forma parte del análisis que estamos realizando.
¿Existe alguna estimación del dinero comprometido o mal utilizado?
Todavía no tenemos una cifra definitiva porque el análisis financiero no está completo. Lo que sí sabemos es cuánta plata ingresó y cuánta terminó aplicada a obras. La diferencia entre esos dos montos puede tener distintas explicaciones: algunas vinculadas a situaciones normales dentro de un contrato con privados y otras que podrían responder a un uso inadecuado de los recursos. Determinar eso es precisamente el objetivo de la auditoría.
¿Cuándo podría conocerse el informe definitivo?
El informe está prácticamente terminado. Solo resta la firma del auditor responsable del área que lo elaboró. Una vez firmado, será suscripto también por la presidencia de la Auditoría y luego se notificará a las partes interesadas y se publicará. En términos administrativos, eso podría ocurrir en cuestión de días.
Más allá de los aspectos técnicos, ¿qué espera que surja de este proceso?
El objetivo del organismo de control es que cada gasto del Estado tenga una explicación clara. Ninguna erogación pública puede responder a criterios de discrecionalidad absoluta. Pero además hay un aspecto social muy importante. Las comunidades de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia fueron las destinatarias de este fondo y muchas de esas obras estaban pensadas para resolver problemas estructurales de infraestructura. Por eso, esas poblaciones merecen saber qué ocurrió con las obras prometidas y por qué muchas de ellas no se concretaron o quedaron inconclusas.