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Hace una semana llovió cerca de 300 milímetros en dos días en Apolinario Saravia, uno de los municipios del departamento de Anta.
Las precipitaciones se concentraron en las serranías de Maíz Gordo y desde allí inundaron las áreas pobladas y forzaron a una evacuación masiva de unos 500 vecinos.
Si bien Salta está ubicada en un área de lluvias estivales, parece que este año se adelantaron.
Las inundaciones son un problema social, pero el oportunismo genético de Greenpeace dictaminó que “las zonas inundadas fueron donde más bosques se destruyeron”. Es decir, se asocia “agricultura y ganadería” con “inundaciones”.
Vale decir, se aplica el dogma nunca probado científicamente que el “cambio climático” (ya no hablan de calentamiento global) es de origen “antropogénico”; y que los desmontes en Salta serían anticipo de catástrofes.
La ciencia indica que el cambio climático es constante desde el origen mismo de la tierra. Y confirma que fue un factor determinante para el exterminio de millones de especies. De hecho, antes de que Lucy recorriera África ya se habían extinguido infinidad de mamíferos, reptiles, aves y peces.
Y la ciencia también señala que mucho más nocivas para el suelo son las prácticas de ganadería y agricultura de subsistencia, sin desarrollo técnico y al margen de la legislación ambiental, porque siempre van asociadas con la extracción ilegal de madera, que conducen a la desertización. No ocurre lo mismo, sostienen los expertos, con los desarrollos agroganaderos y madereros, que entre otras cosas generan empleo en blanco y son pasibles de ser controlados por el Estado.
Nada es gratis
Una de las principales razones del retroceso de Salta en materia de calidad de vida es la destrucción del empleo en las grandes áreas rurales. La paralización del desarrollo no se tradujo en mejoras ambientales, simplemente, porque es imposible convertir a una región de superficie algo menor que
Portugal y algo mayor que la de Croacia en un jardín botánico o un parque nacional. Siempre hay un interés detrás de la perspectiva humanitaria.
En el Chaco salteño, ese interés se pone de manifiesto en cuestiones ambientales, pero también en los litigios entre criollos y aborígenes en torno a las tierras del Estado.
Hace 20 años el Gobierno provincial salteño reconoció los derechos de las comunidades originarias y les entregó las 600 mil hectáreas de los lotes 14 y 55, en Rivadavia. Con el apoyo del CELS y otros organismos, la entidad civil Lhaka Honhat interpuso una acción legal ante la Corte Interamericana de Justicia porque exige que se le reconozca a ellas, y no a cada una de las comunidades como había resuelto la provincia, la propiedad del “territorio”, ya no de “las tierras”. Es decir, Lhaka Honhat reclama una cesión de soberanía y un control sobre las decisiones de cada una de las comunidades.
Diez días atrás la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio-Coliche visitó la provincia en el marco de IV Encuentro Mundial del Chaco Sudamericano. Allí no se habló explícitamente de la falta de acceso al agua potable en el Chaco salteño. Sin embargo, Maie Coliche definió al Gran Chaco “bien público de la humanidad”, y explicó su interés en que “desde la UE pensamos que debemos cuidar los bienes públicos de la humanidad”. “La región del Gran Chaco tiene reservas de agua, es un pulmón con mucho oxígeno, tiene una biodiversidad enorme y también culturas diversas”.
El abogado experto en Relaciones Internacionales Gustavo Barbarán fue cáustico: “La vieja y cruel Europa sigue asumiendo el deber moral civilizador de los espacios en que se proyectan sus intereses... Ella dejó un mensaje concreto: los proyectos de inversiones deberán alinearse con esa visión de las cosas, justificadas en la monserga posmoderna: sustentabilidad, gobernanza, empoderamiento”.
La diplomática, de este modo, mostró con claridad una intromisión externa -decisiva, por cierto- para que una región tan rica y con tantos pobres como nuestro chaco no pueda avanzar hacia la agroindustria, mientras se convierte en tierra degradada, expulsiva y sin otro horizonte que los tráficos ilegales.