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Se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en casi todos los discursos se aludió a la proliferación de noticias falsas, el gran dolor de cabeza de esta nueva etapa de la era digital.
Nadie hizo autocrítica ni pidió disculpas. Sí se propusieron, y en abundancia, fórmulas para contrarrestarlas y eliminarlas de la faz de la Tierra. Muchos gobiernos y legisladores consideran que la regulación es la única forma de controlar a las fake news. Como argumento reclaman que se debe defender la democracia, reinstaurar la confianza pública y proteger a los usuarios en las redes sociales.
No creo que el camino sea la regulación. Fue y es la excusa perfecta de los gobiernos autoritarios, siempre en busca de recetas para legitimar la censura. Ante esta nueva moda reguladora, habría que preguntarse: ¿Se debe censurar a los medios y redes sociales, por donde se vehiculizan; o se debe castigar a quienes las originan? Y si se reglamentaran para evitar su intromisión negativa en procesos electorales, ¿no se corre el riesgo de caer en excesos, censurando opiniones, críticas y sátiras de apariencia falsa, pero igualmente válidas?
El peligro es que muchos temas periodísticos -Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht- habrían podido censurarse porque en sus inicios fueron rumores y datos dudosos, que alguien pudo haber reclamado por tratarse de noticias falsas.
Por esto creo que soportar mentiras es el precio a pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con intención de causar daño, es el precio por vivir en libertad y con libertades de prensa y expresión.
Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más debate. Si se legisla cuando aún existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.
Preocupa que la atención sobre las mentiras esté enfocada a censurar a los medios y a las redes sociales y no a sus usinas y fábricas. Las más perniciosas están alejadas del Periodismo, más bien son parte de los aparatos de propaganda gubernamentales, como lo demostró la trama rusa en EEUU.
No hay que ir tan lejos a buscar responsables. Todos los gobiernos y partidos políticos, con la ayuda de consultoras y de agencias, contratan cibermilitantes que ofrecen servicios de trolls y bots. El trabajo de estos centros de propaganda y manipulación es crear cuentas de usuarios anónimas o con nombres ficticios para desprestigiar, insultar o instalar trending topics y manosear así la conversación pública. Hacerlo no requiere ni mucha profesionalidad ni muchos recursos. Ya no hay campaña política sin estos artilugios.
Algunos gobiernos muestran a cabalidad los efectos y excesos cometidos cuando se legisla sobre contenidos y mensajes. Las leyes de propaganda enemiga y mordaza en Cuba y Venezuela, criminalizan toda crítica, opinión e información que no se ajuste a la "verdad oficial", única y autorizada. Muchos periodistas y ciudadanos cumplen sentencias de 20 años de cárcel por el delito de opinión.
Sin dudas que las noticias falsas tienen influencia negativa en la confianza pública, debilitan las instituciones. Son un tema a remediar. Mucho debe pasar por la autorregulación. Facebook, Google y otras empresas digitales necesitan hacer mayores esfuerzos para diferenciar contenidos falsos de los que provienen de fuentes honestas. Deben ser más transparentes en la moderación de contenidos, impedir la publicidad engañosa y evitar la manipulación de los datos de los usuarios.
El periodismo debe procurar más calidad en los contenidos. Investigar y hacer del fact checking un nuevo género periodístico. Todos, medios, redes sociales y gobiernos deben alfabetizar digitalmente a los usuarios para que reconozcan y no viralicen las noticias falsas.
Pero donde se impone estricta legislación es ante gobiernos y partidos políticos. Se necesita más transparencia sobre la financiación de las campañas electorales y sobre sus sistemas de propaganda, fábricas de fake news. En casos de información y contenidos, la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU es tajante. Prohibe al Gobierno crear leyes que censuren esas libertades, incluidas las noticias falsas.