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En estos días, Salta vuelve a enfrentar una fuerte tensión entre las políticas sanitarias requeridas por la Organización Mundial de la Salud, que tienden a forzar la sustitución del cultivo del tabaco por otras actividades, y la importancia de esta actividad para sostener el frágil equilibrio social y económico de nuestra provincia.
El cultivo del tabaco da trabajo a 50 mil personas en Salta y es un generador por ahora insustituible de actividad económica.
En el Concejo Deliberante de la capital salteña se impulsa un proyecto de ordenanza destinado a prohibir el consumo de cigarrillos en los espacios públicos, especialmente en aquellos donde haya juegos infantiles. El fundamento es "no naturalizar el consumo del tabaco en niños y jóvenes".
El hábito de fumar, pero también la mala alimentación y la vida sedentaria, son hábitos que conspiran contra la salud y que deberían ser neutralizados a través de la educación. Y ese es el único camino viable, porque resulta inimaginable, por cierto, una ordenanza mucho más efectiva y saludable que este proyecto, que prohibiera la venta de caramelos, pochoclos y cualquier golosina hipercalórica en cines y espacios públicos.
La creación de espacios cerrados libres de humo es un verdadero logro de las campañas contra el tabaquismo y su fundamento es razonable, ya que quienes comparten el ambiente con un fumador no deben estar sometidos a su adicción.
Pero la decisión de dejar de fumar, o no, debe ser un acto libre. Los padres, en última instancia, son los responsables de las costumbres de los niños. Prohibir a una persona que fume en una plaza es un cercenamiento de los derechos privados, más allá del valor ejemplarizador que se pretenda imponer con esta iniciativa.
Las políticas deben concebirse y apoyarse en una visión global. Esto es particularmente importante hoy por hoy, ya que doce organizaciones han presentado un proyecto de ley en el Congreso de la Nación con la consigna "Juntos contra el tabaco", tras una campaña digital de captación de adhesiones y piden se ratifique el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaquismo. Allí reclaman "planes para la sustitución del cultivo de tabaco y así asegurar las fuentes laborales y desarrollar líneas de negocios sustentables y amigables con el medio ambiente".
Lo que se presenta como una campaña sanitaria, adquiere aquí una dimensión económica que puede ser indiferente para las organizaciones urbanas pero que tendría consecuencias catastróficas para las provincias del norte argentino que aún dependen en gran medida de esta ahora cuestionada producción.
Los autores de la iniciativa invocan la autoridad de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo de Lino Barañao, que impulsa el reemplazo del cultivo del tabaco por el del bambú, un vegetal que, estiman, movilizará en el futuro grandes mercados.
Lo cierto es que, si bien en el país hay aún muchos fumadores (esa secretaría calcula que son 9 millones), la producción de tabaco argentino tiene como destino la exportación, ya que hay en el mundo mil millones de fumadores y el cultivo local ofrece ventajas comparativas que superan ampliamente a cualquiera de los sustitutos que se proponen
El tabaquismo es una adicción reconocida científicamente. La virulencia de las campañas disuasivas tiene muy pocos antecedentes, incluidas las etiquetas obligatorias ciertamente macabras. Sin embargo, la gente sigue fumando.
Ni el bambú ni cultivos más familiares como la soja, el maíz o el poroto pueden competir con el tabaco. Este último genera entre 80 y 120 jornales por hectárea, contra 0,44 jornales de los otros rubros. La generación de recursos por hectárea sextuplica a la soja y es casi tres veces mayor que el poroto, por lo que es mucho mayor dinamizador de la economía y un poderoso contribuyente al fisco. Es previsible que, con el paso del tiempo, la disminución del hábito de fumar obligará a los productores a reconvertirse. Esta previsión obliga a desarrollar estrategias de largo plazo, pero las autoridades políticas deben actuar con prudencia si es que realmente se proponen defender los intereses provinciales.