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El país atraviesa momentos muy difíciles. La crisis económica que detonó tras las elecciones primarias, en apenas tres semanas, derivó en un default de hecho, con la postergación por decreto de gran parte de la deuda con vencimiento inminente.
El país no puede pagar; una realidad dolorosa pero que no puede ser encubierta con un neologismo como el usado por el ministro Hernán Lacunza, "reperfilación" de la deuda. Una palabra que no dice nada y dice demasiado, ya que describe la impotencia y el desconcierto de un gobierno al que la derrota electoral, de una magnitud que ninguna encuesta había previsto, parece haber dejado sin capacidad de respuesta.
En los hechos, los casi 17 puntos de ventaja que Alberto Fernández obtuvo sobre Mauricio Macri generan una situación compleja. Hay un presidente en ejercicio que debe enfrentar elecciones generales, pero sabe que su derrota es irreversible y que casi el 70% del electorado ha reprobado su gestión. Junto a él hay un candidato, inimaginable hace tres meses, que tampoco esperaba tan decisiva ventaja y que debe prepararse para gobernar.
Es muy difícil, para ambos, ponerse de acuerdo, pero esa es la exigencia histórica que deben asumir.
En tanto, un país entero soporta la incertidumbre de un sistema financiero alterado, donde el tema principal y excluyente es el precio incontrolable del dólar, que en tres semanas trepó de $43 a $62, con un recrudecimiento de la inflación y poniendo en riesgo las reservas de divisas.
Las turbulencias de esta última semana son elocuentes: el país ya ingresó en un proceso de transición, pero una situación como la actual será insoportable e insostenible en los 101 días que faltan hasta el 10 de diciembre.
El valor del dólar obsesiona a Macri y a Fernández, porque es la clave de control de la inflación, la estabilidad y las reservas de divisas. El Banco Central perdió casi US$8.000 millones en agosto y cuenta -según datos oficiales del 27 de agosto- ahora con US$57.473 millones de reservas brutas, pero el monto de reservas netas merodea los US$15.000 millones. Considerando los vencimientos impostergables y el acuerdo con el FMI, el BCRA dispone de algo menos de US$12 mil millones para afrontar una demanda excepcional que le exija vender divisas para mantener la cotización estable, una cuestión clave. Incluso podría disponer de los US$18.000 millones del swap (canasta de divisas) del Banco Nacional de China.
Las crisis de credibilidad como la actual se caracterizan por una demanda desbocada de dólares y, claramente, una corrida desbordaría al BCRA. El gobierno espera que el FMI le deposite 5.400 millones de dólares que traerían un refuerzo sustancial para controlar esa eventual estampida. Pero las señales no son claras. Voces oficialistas ya barajan alternativas de control de cambios y restricciones a la venta de dólares. Se trata de medidas que evocan los fantasmas del cepo y del corralito, y de ninguna manera transmiten confianza en los inversores ni en los ahorristas.
Un gobierno que llegó al poder hace casi cuatro años con los objetivos de impulsar la economía real, convocar a una lluvia de inversiones, convertir al país en el supermercado del mundo y avanzar hacia la "pobreza cero" aparece enredado en un laberinto financiero como el que el país soportó varias veces en las últimas cuatro décadas.
La caída de la producción tiene consecuencias sociales y la radiografía social se traduce en reclamos para que se declare la emergencia alimentaria. Al mismo tiempo, el Gobierno dispone un aumento del 35% en el salario mínimo vital y móvil, una especie de salvavidas que puede ser demoledor para los empleadores, cuyas empresas se encuentran en situación límite.
La historia es categórica al respecto: de cada una de estas situaciones terminales, siempre los más pobres quedaron peor que antes de la crisis.
Como nunca, el país necesita que su dirigencia deje de lado la especulación política, que solo agrava las cosas, y actúe con hidalguía, patriotismo y sentido común.