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En la Cámara de Diputados se interiorizaron sobre las prestaciones del Instituto Provincial de la Salud (IPS) a personas con discapacidad y analizaron proyectos legislativos con autoridades de la obra social provincial.
Por el IPS asistieron al encuentro la titular del directorio, Gladis Sánchez, junto a Marcelo Vicente, Fabián Herrera y el asesor letrado, Teodoro Becker. La titular del IPS explicó que en la actualidad la obra social provincial tiene 280 mil afiliados. Dijo que, de ellos, el 1,5%, alrededor de unas 4.600 personas, presentan algún tipo de discapacidad.
Con respecto a los recursos financieros para el funcionamiento, explicó que provienen del pago de los afiliados y de una contribución que hace la Provincia.
Sobre el pago de remuneraciones a profesionales que atienden personas con algún tipo de discapacidad, señaló que como obra social provincial toman valores referenciales de la región, ya que la realidad de la provincia es diferente a la de otras zonas del país.
En este sentido, informó que aproximadamente un 90% del padrón de prestadores acepta los valores convenidos con las instituciones que los representan. Sánchez también destacó que comparados con las demás provincias del NOA, el IPSS es el que paga con los valores más altos y destacó que una medida óptima sería implementar valores de referencia que se apliquen en el noroeste del país.
Por su parte, el diputado Bernardo Biella señaló que desde la comisión de Salud que preside, solicitaron a la obra social un informe sobre los convenios y el cumplimiento de lo establecido para las prestaciones básicas de atención integral.
Uno de los proyectos de ley relacionados con la temática propone modificar el artículo 2° de la Ley 7.600.
El objetivo es que el IPSS brinde las prestaciones de atención integral de acuerdo al nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La diputada Julieta Perdigón, coautora del proyecto, precisó que está enfocado a garantizar lo establecido en la Ley 24.901, ya que en muchos casos, afiliados debieron recurrir a la vía judicial.