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El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes se puso en funcionamiento ayer, tras una demora de casi cinco años.
Es que el órgano fue creado en el 2017 mediante la ley 8.024, pero nunca se había materializado.
Durante un acto en el Centro Cívico Grand Bourg el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, explicó que durante los últimos años no se había podido poner en marcha el Comité por diferentes circunstancias, tanto en la gestión anterior como en la actual, a lo que se sumaron limitaciones por la pandemia.
El órgano tendrá como principal tarea monitorear e inspeccionar los lugares de detención, tomar entrevistas a las personas privadas de su libertad y garantizar que se cumplan sus derechos.También se harán denuncias cuando corresponda y se presentarán recomendaciones a las autoridades para que adopten medidas especiales y urgentes ante cualquier situación de maltrato, además de impulsar la investigación inmediata para proteger a la víctima.
El Comité estará integrado por Cristina Cobos y Rodrigo Solá, en representación de las organizaciones sociales, Ramón Corregidor por la Cámara de Diputados y Marcelo Robles por la Cámara de Senadores.
Villada precisó que se le asignará un presupuesto de 10.700.696 pesos al sistema y que la oficina del Comité estará ubicada en Santiago del Estero 2091, departamento 2.
Salta ha sido pionera en la sanción de la ley que creaba el sistema provincial para la prevención de la tortura.
Desde 2021 seis provincias conformaron el Comité contra la Tortura y a fines de ese año se sumó Jujuy.
"Hoy somos la octava provincia en no solamente tener un marco legislativo, sino en poder poner en marcha esta institución tan importante que vela por los derechos de aquellas personas que están en situación de encierro, que han sido privadas de la libertad", destacó Villada.
El Sistema Provincial, además del Comité, está compuesto también por un Consejo Consultivo que actuará como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento. Estará integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo Provincial, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su participación será ad honorem.
El vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar, expresó que están absolutamente convencidos de la necesidad de trabajar de manera conjunta en todas las acciones que garanticen a la sociedad la plena vigencia de los derechos fundamentales, las garantías, las libertades personales y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad.
"Esta política pública y esta mesa son una muestra de madurez institucional", aseguró el magistrado.
Por su parte, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, destacó la plurintegración que contempla el Comité. "No solo por representantes del Estado provincial y distintas áreas, sino también por referentes de la sociedad civil como los organismos de derechos humanos, el Colegio de Abogados y otras asociaciones", expresó.
En tanto, referentes de organizaciones de derechos humanos coincidieron en que "este es el comienzo de una gran tarea y fruto de una lucha que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo".