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En el Chaco salteño las viejas prácticas colonizantes, degradantes, violentas del blanco con los pueblos indígenas siguen tan vigentes como desde hace siglos. Aunque parece que nada ha cambiado ahora son las mujeres las que salieron a denunciar y a exigir al Estado la respuesta que necesitan con urgencia.
Ser mujer, indígena, pobre significa tener todo en contra y ser vulnerable a todo tipo de violaciones físicas, simbólicas y también estatales. La desidia de las instituciones afecta y golpea tanto como la violencia misma.
Las mujeres del Chaco salteño, de la zona de la ruta nacional 81, se organizaron y armaron un pedido concreto para el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, en donde le solicitan políticas específicas e interdisciplinarias para luchar contra los casos de violaciones y abusos sexuales que cometen hombres criollos en perjuicio de niñas y mujeres de los pueblos indígenas del norte de la provincia.
Esta iniciativa, de alguna manera es revolucionaria, en tanto y en cuanto se reconocen como ciudadanas con derecho, y además le están pidiendo a la Justicia que intervenga “con todo el peso de la ley para devolvernos los derechos que nos fueron negados, así como también devolvérselos a nuestros hijos, que convoque urgentemente a autoridades, ministerios u organismos que tengan competencia”, dicen en una carta firmada por al menos unas 30 mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, cercana a la localidad de Pluma de Pato, de la ruta nacional 81, en el Chaco salteño, con fecha del 15 de febrero último. La misiva a Abel Cornejo ya ingresó, el 22 del presente mes, en el Ministerio a su cargo.
La carta, que es un documento de denuncia, se fue gestando en la Primera Asamblea General de Mujeres indígenas de la ruta 81 “Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses” (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias), llevada a cabo entre el 11 y 12 de este mes. Se debe recordar que dicho encuentro fue consecuencia del asesinato de la niña Pamela Julia Flores, a mediados de enero pasado.
En el documento denuncian “el abandono de nuestros hijos por parte de sus respectivos padres biológicos y exigir el derecho a la identidad de los mismos”.
Testimonios:
“Muchos criollos que tienen hijos en la misión también tienen negocios, muchas veces compran el silencio de las mujeres y de la comunidad entregando mercadería”.
“Es difícil criar a un niño que es diferente, que es hijo no reconocido, cuesta criarlo con amor, cuesta mucho. Tengo miedo que sea una persona infeliz”.
Hablan de “relaciones no consentidas”, muchas de ellas a menores de edad, y que gracias a la acción de las asambleas y de la militancia por los derechos indígenas van desnaturalizando los hechos y ven que son, y fueron, abusos.
“Las mujeres que suscribimos esta nota hemos sido madres de niños que han nacido fruto de relaciones con hombres ‘criollos’ como se los llama comúnmente por esta zona, hombres que no pertenecen a nuestra comunidad. Estos hombres han rechazado su rol como padres dejando toda la responsabilidad a nosotras quienes -como pudimos- llevamos adelante la maternidad en contextos de extrema vulnerabilidad”, dice el texto que además está acompañado por declaraciones textuales que fueron saliendo en las reuniones. Son testimonios que salen del dolor de madres y que se preservan en la identidad. Son historias que dichas, escritas y publicadas tienen como objetivo “reivindicar nuestros derechos y los de nuestros hijos a quienes con estas prácticas les arrebataron no sólo su identidad sino también arrebataron su futuro”.
El pedido tiene 4 puntos concretos:
“1. Arbitre los medios necesarios para que la justicia investigue e intervenga con todo el peso de la ley para devolvernos los derechos que nos fueron negados, así como también devolvérselos a nuestros hijos, que convoque urgentemente a autoridades, ministerios u organismos que tengan competencia.
2. Poner a disposición los equipos interdisciplinarios del Ministerio convocando
a abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal competente capacitado para asistir en la denuncia de nuestro caso.
3. Así mismo, y entendiendo la gravedad de semejante denuncia y la sensibilidad de la información, solicitamos también a usted que nos brinde protección y acompañamiento durante todo el proceso para resguardar nuestras identidades, así como también las identidades de nuestros hijos menores.
4. Le solicitamos además se nos garantice la seguridad tanto a madres como a hijos una vez que esta denuncia se haga pública”.
Testimonios:
“El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta, me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo también entendí que fui abusada y no lo sabía”
“Mi hijo es hijo de un trabajador de la salud, un enfermero. Un día le llevé a su hijo para que lo conozca y nos echó como a un perro. Mi hijo sufre por eso”
“Trabajaba limpiando en una casa en el pueblo de Pluma, mi patrón me embarazó y nunca se hizo cargo, nos rechaza, somos su vergüenza. Pero él continúa haciendo lo mismo a otras mujeres, a otras chicas.”
“Mi hija es hija de un carnicero reconocido en la zona, intente denunciarlo en Morillo para que me reconozcan a mi hija, pero la policía se burlaba de mí y nunca me tomaron la denuncia. En Pluma es Peor”
“El padre de mi hijo tiene como 5 hijos con distintas mujeres de esta misión, no se ha hecho cargo de ninguno de ellos pero sigue teniendo hijos como si fuera un juego.”
“El padre de mi niña me engañó, hoy no puedo sostener una familia, no puedo decirles a mis hijos que su padre nunca los quiso”.
Darán capacitación sobre el tema en la zona
Ya dieron intervención a fiscalías y asesorías del Ministerio Público.
A raíz de la carta de mujeres de comunidades indígenas, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, determinó que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal, para que investigue la comisión delitos penales, especialmente aquellos que atentan contra la integridad sexual. También se derivó el tema a la Asesoría General de la Provincia, que debe actuar para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, y a la Defensoría General de la Provincia. Además, decidió que el 3 y 4 de marzo, un equipo técnico de profesionales de la Secretaría de Justicia se instale en Pluma de Pato para llevar a cabo capacitaciones.