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En septiembre de 2021, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDIS), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex secretaria general y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz y Marita Cerezo, respectivamente, por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras.
También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.
Días atrás el Juzgado de Garantías 2 -que es el que notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio- comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex secretaria general, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.
Inmediatamente, Salinas Odorisio solicitó la incorporación del hombre en el sistema, solicitó que sea declarado en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.
El Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado. Los acusan de haber creado un fideicomiso, cobrar dinero de afiliados al gremio de ADP y no hacer las casas que prometían.