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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a "instituciones de bien público". "El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.
Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta. En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.
La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial. Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo. Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado. Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba "un solo atenuante" debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.
Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.
En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”. Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor.
Claves para entender cómo sigue la causa Vialidad
1.- ¿Cuándo recibirá Cristina Kirchner sentencia en el juicio por la causa Vialidad?
Primero debe terminar la etapa de alegatos: falta que expongan las 13 defensas. El turno de la defensa de la expresidenta sigue siendo el número seis. Cada defensa tiene un máximo de tres días y si no los utiliza, avanza la defensa siguiente. Las audiencias son tres veces por semana y está previsto que los alegatos demoren cuatro meses en total. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) se puso como objetivo dictar su veredicto antes de fin de año.
2.- Una vez que falle el Tribunal, ¿qué otras instancias le quedan a la vicepresidenta para recurrir?
La sentencia que dicte el TOF 2 puede ser apelada por cualquiera de las partes y, en ese caso, será revisada por la Cámara Federal de Casación. La Corte podría recibir el caso, para tratar un recurso extraordinario, después del fallo de Casación. Estas dos instancias no tienen plazos para expedirse y suelen demorar varios años, por lo tanto se extenderían los plazos del juicio más allá de 2023.
3.- ¿Puede ser proscripta Cristina para las elecciones de 2023?
Solo si la condena queda firme, es decir, después de los eventuales recursos ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Debido a los plazos judiciales, una sentencia definitiva sería posterior a las elecciones de 2023, por lo tanto la vicepresidenta podrá ser candidata ya que la ley electoral solo proscribe a quienes tienen una condena y ya agotaron todas las instancias para apelar.
4.- Si es condenada, ¿Cristina iría a la cárcel o tendría prisión domiciliaria?
El Código Penal, en el artículo 10, establece los criterios que puede seguir el juez para definir quiénes pueden cumplir su condena en prisión domiciliaria. Uno de ellos es que la persona condenada sea mayor de 70 años. El 19 de febrero del próximo año Cristina Kirchner cumplirá 70 años.
5.- Si se confirma la condena, ¿puede el presidente Alberto Fernández indultar a Cristina?
Si bien la doctrina mayoritariamente entiende que sí, algunos constitucionalistas consideran que el Presidente no puede hacerlo porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. Poco antes de asumir, Fernández descartó que vaya a firmar un indulto para Cristina. “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, afirmó.