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En una de las audiencias más emotivas celebradas en la Cámara Federal de Apelaciones este martes, Rosa, una hija del gremialista Jorge René Santillán, brutalmente asesinado por un grupo de tareas integrado por Cialceta, fue la protagonista principal de un planteo formalizado por el fiscal general Eduardo José Villalba para que se revoque el arresto domiciliario del exmilitar.
Carlos Ignacio Cialceta, exteniente coronel del Ejército, es el hombre de 70 años que se hizo famoso cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, difundió una foto suya en la que aparecía saliendo de un placar al ser recapturado tras permanecer más de 6 meses prófugo de la Justicia Federal, la que había requerido su captura nacional e internacional.
Detrás de esa imagen se conoció que había sido procesado el 23 de octubre del 2020 por su responsabilidad material en la muerte de Santillán, hecho cometido la noche del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, cuando irrumpió en su casa, golpeó a su mujer e hijos y se lo llevó detenido. Luego el cuerpo del gremialista apareció diseminado en Acambuco ya que había sido dinamitado, una práctica habitual durante la dictadura militar.
La noche del secuestro, Cialceta actuó de incógnito hasta que Rosa, que luchaba para que no se lo lleven a su papá, le sacó accidentalmente el pasamontaña y su rostro quedó expuesto, tal como sucedió cuando su foto en el placar fue difundida el 11 de noviembre del 2021.
Hasta ese momento y desde el 6 de abril que se dispuso su prisión preventiva y se ordenó su detención, el exmilitar se mantuvo prófugo en un departamento de la calle Pueyrredón al 100, a escasos metros de los tribunales federales.
Con esta conducta se convirtió en el primer y único procesado en rebelarse a la Justicia en la provincia, razón suficiente para que la jueza federal Mariela Giménez ordenase su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.
El 26 de diciembre pasado, sin embargo, Cialceta fue beneficiado con el arresto domiciliario ordenado por la misma magistrada. La medida fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ante la Sala II de la Cámara, presidida por el juez Guillermo Elías junto a los vocales Mariana Catalano y Luis Renato Rabbi Baldi.
El planteo fue acompañado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representada por Gastón Casabella, quien rechazó de manera tajante la decisión de la jueza, la que calificó de arbitraria y contradictoria, ya que, en un incidente de impugnación planteado en la misma causa, Giménez adujo no poder resolver por ausencia de estudios médicos certeros sobre la salud del exmilitar, sin embargo, al conceder el arresto domiciliario, adujo que lo hacía por razones de salud mental.
Al respecto, el querellante mencionó que profesionales del Hospital Psiquiátrico Miguel Ragone afirmaron que Cialceta simula y exagera ciertas conductas, lo que responde -según su criterio- a una estrategia dirigida a evadir su responsabilidad penal.
En seguida el fiscal Villalba reclamó que se revoque el arresto domiciliario y Cialceta vuelva a prisión. Argumentó que la morigeración aplicada por la jueza, se hizo en base a la edad y a los supuestos padecimientos propios de la vejez.
Ratificó la participación del acusado en la muerte de Santillán, lo que sucedió cuando el exmilitar se desempeñaba en el Regimiento de Infantería Monte 28, en Tartagal.
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