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La ley minera sancionada en La Rioja, que declara al litio de "interés público", preocupa más al sector empresarial por el efecto "rebote" que puede tener en otras jurisdicciones y en la política nacional, que por las consecuencias que tendrá el cambio de reglas en esa provincia, donde la minería no está desarrollada (y con la nueva normativa, mucho menos).
La medida, que aún no fue promulgada por el Gobierno riojano, aunque el gobernador Ricardo Quintela ya anunció su apoyo, suspenderá por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con el litio y sus derivados, en tanto que los declara de interés público y recursos estratégicos.
Al comunicado de repudio a la ley de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), al que se adhirió la Cámara de la Minería de Salta, esta semana se sumó una nota de la Unión Industrial Argentina (UIA).
"La Unión Industrial Argentina manifiesta su preocupación por el impacto negativo que tendrá la Ley Provincial 10.608, sancionada el 15 de diciembre de 2022 por la Cámara de Diputados de La Rioja", señala el escrito.
"Como toda actividad productiva que requiere de inversiones a largo plazo, la puesta en valor de recursos como el litio necesita de leyes que brinden previsibilidad de largo plazo y que potencien a las empresas que ponen en valor activos como el litio. La promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de: transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones", agregó la institución dirigida por Daniel Funes de Rioja.
"En función del futuro inmediato, resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada y que se encuentra -a tal efecto- a consideración del gobernador de la provincia de La Rioja, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo. Solicitamos abrir una nueva instancia de diálogo institucional que permita incorporar en la normativa los aportes del sector productivo, respetando las reglas de juego que son las únicas que dan certidumbre y confianza para la inversión productiva como único camino sostenible hacia el desarrollo productivo, territorial y sustentable, y la generación de empleo genuino que garantice la inclusión social", consigna el comunicado de la UIA.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) también rechazaron la normativa riojana. "El desarrollo de cualquier industria, para el trabajo existente y para posibles inversiones, se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente y bajo condiciones adecuadas para lograr un desarrollo correcto y productivo", remarcaron en Camarco.
La semana pasada, en la CAEM afirmaron que es "fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual".