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La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ingresa desde hoy en una fase clave: la Cámara Federal de Casación Penal analizará el régimen de ejecución de la condena que la expresidenta cumple en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.
La audiencia se realizará al mediodía en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Participarán los jueces de la Sala IV —Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña—, los abogados defensores Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y el fiscal general Mario Villar, quien podría mantener el criterio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes solicitaron que la condena de seis años de prisión por la causa "Vialidad" se cumpla en una cárcel común. Sin embargo, no se descarta que Villar proponga otro enfoque.
Al mismo tiempo, un equipo de psicólogos y trabajadores sociales realizará una evaluación presencial en el domicilio de la exmandataria para analizar las condiciones de su detención: cómo se adapta a la prisión domiciliaria, si presenta molestias por el uso de la tobillera electrónica, y si el dispositivo funciona adecuadamente. Este informe será elevado tanto al tribunal oral que ejecuta la pena como a la propia Casación.
El régimen fue establecido el pasado 17 de junio por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Fundaron su decisión en la edad de la expresidenta, que tiene 72 años, y en el contexto de riesgo que representa el intento de magnicidio que sufrió en 2022. Según argumentaron, mantenerla en una unidad penitenciaria obligaría a un aislamiento permanente para garantizar su seguridad, situación incompatible con los estándares mínimos de ejecución de pena.
Tras escuchar a las partes, los jueces de Casación tendrán cinco días hábiles para emitir una resolución, aunque no se descarta que se pronuncien dentro de esta misma semana.
El esquema de detención fijado contempla, además del uso de una tobillera electrónica, una serie de restricciones en cuanto al movimiento y las visitas. Cristina puede recibir sin autorización judicial a familiares directos, abogados, médicos y custodios, previa presentación de un listado con los nombres. En cambio, cualquier otra persona debe tramitar un permiso especial ante el tribunal. Ese fue el caso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien la visitó el jueves pasado tras la cumbre del Mercosur.
La audiencia de hoy podría abrir la puerta a modificaciones en este régimen. Según trascendió en fuentes judiciales, Casación no descartaría sugerir un cambio de domicilio para el cumplimiento de la pena, o una flexibilización del esquema de visitas. Sin embargo, el monitoreo mediante tobillera electrónica seguirá.