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Hoy, 10 de diciembre, conmemoramos los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito revolucionario que representa un compromiso progresivo y universal para todo el mundo. Este sistema de protección, orientado especialmente a los grupos más vulnerables, incluidas las comunidades originarias, se ha convertido en un paradigma esencial para las políticas del sector público y, en particular, para el desarrollo del sector privado.
En este contexto, el concepto de empresas y actividad económica privada ha evolucionado a lo largo de la historia. En este nuevo mundo, donde el enfoque de derechos se entrelaza con los objetivos económicos y de lucro, se demanda una armonía con los impactos sociales y ambientales generados por la producción de bienes y servicios para la humanidad.
Las estrategias de responsabilidad social empresaria han evolucionado, dejando atrás el paradigma de acciones aisladas y asistencialistas. En este nuevo escenario, es crucial trabajar bajo una estrategia que considere marcos normativos internacionales y guías para el desarrollo sostenible. Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible sirven como un atlas operativo que nos proporciona un marco de los principales desafíos que enfrentamos como humanidad: acabar con la pobreza, favorecer el crecimiento económico y luchar contra el cambio climático, protegiendo así al medio ambiente.
En relación con la importancia y potencial económico de la actividad minera en Salta, en un contexto pospandémico y en medio de una crisis económica y social en nuestro país, donde más del 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, es imperativo impulsar acciones para proteger, respetar y reparar los derechos humanos. El marco normativo internacional exige la obligación de los estados y la colaboración multiactor desde el sector privado y todas las organizaciones que fomenten la participación ciudadana.
Es en este contexto que surge la Fundación Cóndor, una organización social que busca el desarrollo sostenible de los pueblos andinos, adaptándose a las demandas del nuevo mundo. Todo este devenir, debe llevarse a cabo con un compromiso para la implementación de una minería responsable con enfoque en derechos humanos, velando por los derechos económicos, laborales y sociales. Implica asegurar que los beneficios de la minería se distribuyan equitativamente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades. También exige velar por el derecho a la salud y un ambiente sano, trabajando en la reparación del impacto de la actividad en las comunidades para garantizar un entorno saludable. Asimismo, el derecho a la información, a la consulta y al consentimiento previo informado y de buena fe con las comunidades es un eje central para garantizar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo de todos los actores sociales.
Aprovechamos esta fecha para revalorizar el enfoque de los derechos humanos, los nuevos paradigmas de construcción para las estrategias de las empresas en relación a su entorno social y ambiental, y en la búsqueda conjunta de un mundo más justo y sostenible para el presente y las generaciones futuras. Este compromiso es tal desde las empresas mineras y los proveedores locales, quienes aportan a la fundación para generar una herramienta más que permita hacer realidad los sueños y derechos de los pueblos andinos.