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Con la sanción de la llamada "Ley Lucio", el Congreso de la Nación ha dado un primer paso, importantísimo, frente al drama de la violencia física, psicológica y sexual que viven muchísimos menores en el seno de sus hogares. La ley tiene por objetivo la "prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes".
Lucio Dupuy, en quien se inspira esta ley, era el niño pampeano de cinco años muerto el 26 de noviembre de 2021, a raíz de los tormentos a los que fue sometido por su madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua por homicidio calificado.
En los fundamentos, la ley señala que "el crimen puso en escena la violencia familiar de la que niños, niñas y adolescentes son víctimas cada día".
El proyecto original, presentado en diciembre de 2021, fue sancionado por unanimidad en Diputados en noviembre pasado y en el Senado el jueves, también por unanimidad y en una sesión de una hora, como señal de la coincidencia de todos los legisladores frente a una tragedia social inadmisible.
Lucio había sido llevado de urgencia en cinco ocasiones a diferentes centros de salud por fracturas, traumatismos y otras lesiones graves. Finalmente falleció por fractura de cráneo y hemorragia interna. Su cuerpo presentaba indicios de quemaduras, mordidas y signos de abuso. Sus abuelos aseguran que nadie escuchó sus advertencias ni la jueza que otorgó la tenencia a Espósito Valenti ni los médicos que lo atendieron ni los docentes del jardín de infantes al que asistía.
El Estado hace frente ahora a un problema social tan antiguo como profundo, naturalizado casi en la vida cotidiana, pero que requiere concientización, información y comunicación entre los diferentes organismos.
Un informe reciente en el portal del hospital Garrahan define a la violencia contra menores como "maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación laboral o comercial". Citando a Unicef, señala que solo tres de cada diez hogares argentinos crían a sus niños sin ningún tipo de violencia. Y precisa que en el 63% de los hogares se utiliza agresión verbal, en el 40% algún tipo de castigo físico y en un 10%, castigos físicos severos.
En 2022, el 60% de casos registrados de abuso sexual tuvieron como víctimas a menores; la mayoría, dentro del propio hogar.
Puntualiza el Portal Garrahan que "el maltrato infantil no es un problema de índole privado; eso de 'con mis hijos hago lo que quiero' ya no va más".
El martirio de Lucio detonó la falta de coordinación entre funcionarios. Por eso, la nueva ley establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia para todas las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El programa debe incluir pautas de alarma de las distintas formas de violencias que afecten los derechos de menores de 17 años.
El Sistema de Protección Integral se apoya en el principio de corresponsabilidad, deber de comunicar y el derecho a la protección de identidad del denunciante.
La Ley ordena la creación de un protocolo de actuación conjunta en coordinación con las provincias y la creación de un mecanismo de denuncia interconectado para que los profesionales -públicos o privados- involucrados compartan de inmediato cualquier agravio a los derechos del niño.
Lucio Dupuy es el niño que con su muerte injusta y aberrante destapó el velo de una realidad cruel que afecta a muchos otros chicos y chicas. La violencia siempre deja secuelas graves de por vida, aunque la víctima sobreviva. El Estado reaccionó ahora con una ley del Congreso. Si se la respeta y se confía la tarea a profesionales bien preparados, habrá muchos niños argentinos que saldrán del infierno y podrán crecer con dignidad y apego a la vida.