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Parece el ABC en la lucha contra los delitos que en una frontera tan permeable como la del norte de Salta con el sur de Bolivia se dan a diario, pero cada vez con más frecuencia y con más violencia. Sería de sentido común que la Justicia provincial y federal actuaran en forma coordinada para proteger la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de quienes comercian localmente o de quienes van o vienen por uno de los pasos fronterizos de mayor actividad económica y comercial (se calcula que unos 100 camiones van y vuelven por el puente internacional Salvador Mazza- Pocitos a diario) de la República Argentina, pero increíblemente no es así.
El dato más elocuente se desprende de un hecho que parece anecdótico, pero que pinta la realidad de una de las zonas de mayor actividad económica del norte argentino, donde la debacle económica de Argentina parece no sentirse, al menos en toda su dimensión.
Semanas atrás una agente sanitaria, a quien le robaron su ciclomotor desde el patio del hospital de Salvador Mazza, tomó el toro por las astas y a sabiendas de que era la única forma de recuperar su principal herramienta de trabajo, fue hasta uno de los barrios más peligrosos de Pocitos boliviano, donde se acopian las motos robadas que luego serán llevadas a otras ciudades de Bolivia enteras o por partes, y la recuperó.
Reclamo de décadas
Cuando la información tomó estado público muchos se agarraron la cabeza, porque recién ahí se dimensionó que esta humilde trabajadora de la salud argentina arriesgó su vida y la de su hija menor de edad que la acompañó de noche, en la madrugada, a recuperar su ciclomotor, aventurándose en barriadas en las que ni la propia policía de Bolivia se anima a ingresar.
Por eso, quien hoy insiste en la implementación de una reglamentación que pueda ser aplicada para darle celeridad y eficiencia a la investigación y al accionar de las agencias que luchan contra el delito en la frontera es el fiscal penal con jurisdicción en la extensa frontera entre Argentina y Bolivia, Armando Cazón.
"Tengo una jurisdicción que abarca los municipios de Salvador Mazza, Aguaray y Santa Victoria Este, por tanto, debo actuar en toda la línea de frontera con Bolivia en una zona donde tenemos 172 pasos ilegales y solo uno legal, que es el puente internacional Salvador Mazza- Pocitos", explicó.
"Y aunque parezca increíble, no existe una reglamentación que prevea la cooperación entre la Justicia provincial y federal para trabajar en delitos que son de nuestra competencia", dijo Cazón.
El fiscal penal puso como ejemplo lo sucedido con la agente sanitario Graciela Alminteros, "que es similar a tantos robos que se producen en la frontera, de motos, autos o camionetas y que le corresponde investigar y actuar a la Justicia provincial, pero como hay un vacío legal, para nosotros -fiscalía, policía y juzgado de garantías- es imposible solucionar nada".
"Podemos hacer todas las investigaciones y determinar en qué lugar de Yacuiba o San José de Pocitos se encuentra el bien robado en Argentina, pero no podemos hacer más nada por la simple razón de que los únicos que pueden evitar que los vehículos pasen son la Policía Federal y la Gendarmería Nacional Argentina, son ellos los dueños de la frontera", amplió.
Cazón agregó que en todos esos casos "la falta de un instrumento legal hace que se trunque todo el trabajo que realizamos en Argentina, porque nada podemos hacer aunque sepamos con certeza dónde se ocultan o se desarman los vehículos robados, por dónde pasaron y quienes protagonizaron el delito. Existen convenios de reciprocidad, pero no tienen ninguna fuerza legal y no pasan de ser una expresión de buena voluntad entre vecinos".
"Por eso, mi experiencia me dice que es fundamental que tanto la Justicia federal como la provincial trabajemos de forma mancomunada. Es al llegar a la frontera entre los dos países que la Justicia federal tiene que admitir su competencia, actuar y solicitar a su par boliviano el secuestro de los vehículos robados en Argentina, la detención de los delincuentes que están en las localidades de frontera y todo lo que considere necesario para el esclarecimiento del delito. Actualmente eso no sucede porque hay una laguna y si bien la vengo planteando hace años, no se plasma en un instrumento legal", dijo convencido.
Pedidos de varios años
Cazón recordó que "nos reunimos hace pocas semanas con el jefe de escuadrón de la Gendarmería, el de la Policía Federal, de Aduanas, Migraciones y el interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, pero desde hace 10 años que terminamos este tipo de encuentros comprometiendo la mayor colaboración mutua para luchar contra el delito y más nada".
"Pero más allá de un gesto de buena voluntad, no podemos hacer más nada para evitar estos hechos que peligrosamente aumentan día tras día en cantidad, en el nivel de daño patrimonial que provocan y en la actuación delictiva que se hace más violenta y nada podemos hacer", reconoció.
El fiscal con competencia en una de las áreas más comprometidas desde el punto de vista delictual explica: "El artículo 123 del Código Procesal Penal Federal se refiere a la posibilidad de trabajar de manera conjunta, fiscalías federales y provinciales. Eso amerita un acuerdo entre la Procuración General de la Provincia y las fiscalías federales para que tengamos el instrumento legal de actuación".
"Todos tienen la mejor voluntad, pero hay que hacerlo porque cada día que transcurre la situación de la inseguridad en la frontera es más grave. Las bandas se sofistifican, el delito se hace más violento, los grupos son mayores en número y ahora llegan no solo a la localidad de frontera, como es Salvador Mazza, sino que está abarcando a todo el departamento San Martín. Si no llenamos ese vacío legal de décadas será muy difícil poder resolver los delitos de frontera", afirmó.
El fiscal penal explicó finalmente que, al trabajarse en ese instrumento, que prevé la colaboración entre los dos fueros "la Justicia federal puede actuar no solamente en el robo de vehículos que son de la zona sino los que vienen desde otras provincias y eligen traerlos a Salvador Mazza por la facilidad para pasarlos a Bolivia. Solo cuando tengamos ese instrumento jurídico, el recupero de los vehículos se puede hacer con toda celeridad y eficiencia, y, lo fundamental, no esperar que sean los damnificados los que se arriesguen a recuperar por sus medios y en zonas muy peligrosas, las motos o camionetas que les hayan robado aquí".
Cómo sería el modus operandi
Lo que Cazón pide es que una vez que la Policía de Salta reciba las denuncias, le gire las actuaciones a la Fiscalía a su cargo y cuando se determine con certeza dónde se encuentran acopiados los rodados o bienes sustraídos en Argentina, que sea la Justicia federal la que -en la frontera a las bandas les toma media hora hacer cruzar y ocular los vehículos- tome intervención en la causa y acuerde con su par boliviano las actuaciones para recuperar los bienes robados, la detención de los autores y realice toda otra actuación necesaria. Por lógica eso demandará más trabajo a los 600 agentes de la Gendarmería y Policía Federal en la frontera.
Garantía de impunidad
Las bandas de delincuentes utilizan armas muy poderosas, han aumentado en número y peligrosidad y lo más preocupante de todo es que saben, como cualquier funcionario judicial argentino o boliviano, que esos convenios por los que pide Cazón no existen. Por lo tanto cometen los delitos que desean y escapan al país vecino.
Por eso es que llamó tanto la atención la corajuda actitud de la agente sanitaria de Salvador Mazza, que cruzó la frontera de madrugada para recuperar su moto y volver a contar con su herramienta de trabajo.
"Ellos saben que la mejor garantía de impunidad con la que cuentan es la inexistencia de coordinación entre las justicias provincial y federal en la Argentina", dijo el fiscal penal provincial Armado Cazón, que tiene jurisdicción en todo el Chaco salteño.
Trabajar en conjunto es la única oportunidad
Son 172 los pasos ilegales en la extensa frontera entre Argentina y Bolivia ya que los tres municipios, como son Salvador Mazza, Aguaray y Santa Victoria Este limitan con el vecino país.
"El procurador general de la Provincia tiene conocimiento y la mejor voluntad para avanzar con el convenio citado y que sean las justicias federales de ambos países, las que con celeridad acuerden la forma conjunta de operar, para que entre todos derribemos ese paredón legal", dijo Cazón.
Las bandas, en los últimos tiempos, se denominan "mixtas" porque la integran delincuentes argentinos, bolivianos, paraguayos y también de otras nacionalidades más lejanas. Han extendido su accionar a otras localidades del departamento San Martín, protagonizando robos de vehículos y asaltos a mano armada, pero la Justicia provincial se ve maniatada en su accionar porque solo puede llevar la investigación hasta el límite de la frontera internacional.
AGENCIA TARTAGAL