inicia sesión o regístrate.
Es una casualidad cargada de sentido que el recién adquirido avión presidencial no haya sido estrenado por Alberto Fernández, sino usado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para su visita a China en la búsqueda de una ayuda de emergencia para amortiguar el agotamiento de las reservas del Banco Central y evitar una crisis cambiaria. Para hacer más notorio el hecho, simultáneamente Fernández utilizó un avión más viejo de la flota presidencial para viajar a Brasil a entrevistarse con Lula.
Este episodio simboliza el deterioro de la autoridad presidencial, exhibido el 25 de mayo cuando Fernández no fue invitado al acto convocado en Plaza de Mayo por Cristina Kirchner. En un país con tradición presidencialista, Fernández conserva, a lo sumo, no un poder de decisión sino apenas cierta capacidad de obstrucción sobre la iniciativa de los otros actores de la coalición de gobierno.
Ese vacío de poder, que afecta no solo a Fernández sino a Cristina Kirchner, obligó al debatir sobre la realización o no de elecciones primarias en el Frente de Todos, cuando la vicepresidenta, Massa, la mayoría de los gobernadores peronistas, los intendentes del conurbano bonaerense y el sindicalismo, esto es la casi totalidad de los factores de poder de la coalición oficialista, prefieren una candidatura presidencial surgida del consenso.
En otras circunstancias ese vacío de poder sería el prólogo de una crisis de gobernabilidad. En la presente situación el estallido está contenido por dos causas. Una es el ascenso de Massa, quien asumió funciones que exceden de las atribuciones de un ministro de Economía hasta tornar válida la sentencia de que "Massa se queda hasta el final porque el final es cuando se vaya Massa". La otra es la expectativa de la opinión pública y los factores de poder sobre la proximidad de un cambio de gobierno. La confluencia de ambas circunstancias hace que la actual coyuntura sea visualizada como una precaria transición entre un gobierno saliente y un futuro, aunque todavía no electo, gobierno entrante.
Esa percepción focaliza la atención en el proceso electoral y sus consecuencias. Ese análisis implica dejar entre paréntesis las múltiples incógnitas para concentrarse en lo que inevitablemente va a suceder. En ese sentido, existen cuatro certezas. La primera es que el "kirchnerismo" no está en condiciones de ganar la elección presidencial. La segunda es que esa elección se dirimirá en el balotaje. La tercera es que el próximo presidente asumirá en minoría en el Parlamento. La cuarta es que la gobernabilidad de la Argentina está supeditada a los consensos que puedan articularse entre los distintos actores políticos y sociales, con la aclaración de que esos consensos podrán materializarse antes o después de las elecciones, o incluso en las escasas semanas que transcurrirán entre las elecciones primarias del 13 de agosto y la primera vuelta del 22 de octubre, o entre esa primera vuelta y el balotaje previsto para el 19 de noviembre o durante las semanas subsiguientes antes de fin de año. De una forma u otra, la Argentina marcha hacia la configuración de una nueva coalición de poder que permita superar la emergencia y garantizar la gobernabilidad amenazada.
El ocaso del ciclo de hegemonía del "kirchnerismo" retrotrae las imágenes a la etapa previa al ascenso de Néstor Kirchner, o sea al colapso de diciembre de 2001, la caída del gobierno de la Alianza y la fragmentación del poder político, que se manifestaron en la crisis de los partidos tradicionales y la dispersión de candidaturas en las elecciones de 2003, en la que participaron cinco fórmulas presidenciales competitivas entre sí y ninguno de los candidatos podía aspirar a triunfar en la primera vuelta. Aquel panorama, exhibido en la consigna de "íQue se vayan todos!", llevó a la Iglesia a convocar al diálogo argentino para evitar la anarquía. El actual escenario muestra otra vez a la Argentina al borde de una crisis de gobernabilidad y explica la oportunidad de la iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, que difundió un documento de diez puntos titulado "Pautas básicas para la construcción de consensos", puesto a consideración de los actores políticos y sociales.
Esta iniciativa recoge una demanda de los sectores productivos, tanto en las centrales empresarias como sindicales y también en diversas expresiones de la sociedad civil, que exigen superar el divorcio entre el sistema político y el conjunto de la sociedad, que es la principal causa del fenómeno encarnado por Javier Milei.
En la búsqueda de una canalización de esa demanda de consenso cabe incluir el diálogo entre Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti, quien planteó la propuesta de un "frente de frentes", hipótesis que incrementó la tensión interna entre "halcones" y "palomas" en Juntos por el Cambio, que trasunta la puja entre dos visiones contrapuestas de cómo plantarse ante el peronismo.
En este contexto signado por la tendencia a la recomposición del actual sistema de fuerzas y coincidentemente con el llamado del Episcopado, conviene prestar atención a una novedad ajena al quehacer político, pero de previsible impacto en la Argentina de los próximos meses, como es la designación de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires.
Con las enormes diferencias del caso, que sería obvio enumerar, los ataques lanzados contra García Cuerva, y por su intermedio al papa Francisco, por su cercanía con el peronismo y su relación con la familia Massa, amplificados por un sector de los medios de comunicación, guardan un sugestivo punto en común con la crítica de sectores del PRO y de la UCR al acercamiento entre Rodríguez Larreta y Schiaretti.
En los dos casos lo que en el fondo se discute es la actitud hacia el peronismo. Uno de los argumentos empleados para atacar la designación de García Cuerva, esto es a la decisión de Francisco, es precisamente el contenido de la homilía que pronunció en una misa oficiada en julio de 2016 con motivo de cumplirse el 42° aniversario de la muerte de Perón.
La figura de García Cuerva tiene un perfil "bergogliano". Su nombramiento preanuncia un activo protagonismo público. Cabría agregar que en diciembre de 2024 posiblemente se retire Ojea por haber cumplido 75 años y es muy probable que García Cuerva sea elegido titular de la Conferencia Episcopal Argentina.
Corresponde acotar también que Francisco confirmó su decisión de venir a la Argentina el año próximo. Con un nuevo gobierno en funciones, esa presencia del Papa puede representar una inestimable contribución en la búsqueda de un clima de consenso y unidad nacional que permita enfrentar airosamente el desafío de la gobernabilidad, que es la condición primera e indispensable para superar la actual situación de emergencia.
No resulta osado deducir que la Iglesia se prepara para colaborar en la gestación de los consensos necesarios para afrontar ese desafío, con una metodología distinta pero una dimensión equivalente a la que tuvo Diálogo Argentino para salir de la crisis de diciembre de 2001.
Pero esa función inspiradora de la Iglesia exige un correlato político. Para entender cabalmente lo que esto significa resulta recomendable leer el último libro de Henry Kissinger. Su título lo dice todo: "Liderazgo". Para remitirse a la experiencia argentina, vale recordar que hace exactamente 50 años Perón gestó el Pacto Social, suscripto por la CGT y la Confederación General Económica, y selló el acuerdo con Ricardo Balbín, el más importante de sus adversarios políticos.
En las actuales condiciones de desprestigio y fragmentación del sistema político es muy probable que ese liderazgo no surja de la súbita irrupción de una figura carismática, como ocurrió en 1945, sino de la aparición de un liderazgo integrador, con la capacidad necesaria para materializar los consensos indispensables para asegurar la gobernabilidad de la Argentina.