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El nombre de Cecilia Strzyzowski es uno más entre las 300 mujeres que mueren anualmente en la Argentina víctimas de violencia. La Justicia determinará si se trata de femicidio o no. Es, además, otra desaparecida en democracia, por cuanto los supuestos asesinos, vinculados con el poder político, se ocuparon de eliminar sus restos. Es muy probable que si ellos no confiesan lo que hicieron nunca los encuentren.
Los fiscales de Chaco sostienen la hipótesis de que la joven fue asesinada por varias personas en la casa de sus suegros, y que el poderoso líder piquetero Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César son los principales responsables.
Las razones del crimen aún no están claras, al menos para el público. La truculencia de esta historia aparece en las cartas atribuidas a César Sena, el alucinante contenido de los chats que intercambiaron con la familia de Cecilia utilizando el celular de la joven cuando ya estaba muerta o el ardid de inventar un viaje a Ushuaia para justificar su desaparición tienen su máxima expresión en la búsqueda de los restos en un chiquero de propiedad de los Sena.
La otra cara del asesinato está en los seis millones de pesos en efectivo que encontró la policía en la mansión de Emerenciano, un peón de albañil devenido en sindicalista y luego en administrador en cuantiosos fondos del presupuesto social provincial. El Estado chaqueño le cedió la administración de varias escuelas denominadas "de gestión social", en las que los alumnos son adoctrinados en el culto a la revolución cubana y al chavismo. A pesar de no haber concluido los estudios primarios, es director de una de ellas.
Hoy está en la Justicia Federal la investigación sobre la ruta de ese dinero, que le ha permitido a Sena autoerigirse en un caudillo egocéntrico y que vive como un magnate. Ese dinero es dinero del Estado.
El crimen y la malversación de fondos comprometen al gobernador Jorge Capitanich, aunque él no haya tenido injerencia alguna en la muerte de Cecilia.
La figura de Emerenciano Sena se proyecta como símbolo de un país degradado por las pésimas políticas económicas que fueron generando un inmanejable desequilibrio social, pero también exhibe el potencial destructivo de la politización de la pobreza. La privatización de los programas sociales solo ha servido para alterar la vida ciudadana y para el enriquecimiento ilícito de algunos caudillejos.
Esta desnaturalización de la política termina, necesariamente, en corrupción, violencia y muertes, y tiene como principales víctimas los sectores con bajos ingresos.
La dirigencia oficialista, en la provincia de Chaco y también a nivel nacional, han reaccionado de la peor manera: con el silencio o con la revictimización de la familia de Cecilia.
La toma de distancia de la ministra nacional de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina, es una muestra más del poder de Emerenciano, quien, además, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2022, inauguró un centro deportivo al que dio el nombre de Carlos Monzón, una figura icónica del femicidio.
Hoy habrá elecciones en Chaco y Capitanich busca otra reelección, pero esto no debería modificar el juicio ni las conductas de las personas.
Es imprescindible que los fiscales y los jueces de los fueros provincial y federal puedan llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.
Al mismo tiempo, el país entero debería reflexionar sobre el compromiso que la política debe asumir con las víctimas, a través de gestiones y estrategias serias y eficientes para terminar con la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, para que la asistencia a los sectores más castigados por el deterioro de la economía sea transparente y esté en manos de funcionarios idóneos, ajenos a cualquier trama de corrupción.