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La democracia está amenazada en muchos países de América Latina. A cuatro décadas de concluida la era del golpismo, el mesianismo de algunos líderes desplaza al sistema representativo y de división de poderes. En ese contexto, se impone el autoritarismo. Dos inhabilitaciones, una en el Brasil que ahora preside Lula Da Silva, y otra en el régimen chavista de Nicolás Maduro muestran las diferencias abismales entre democracia y autocracia.
El viernes el expresidente Jair Bolsonaro fue inhabilitado para postularse a cualquier cargo electivo hasta 2030. Lo decidió la Justicia a través del Superior Tribunal Electoral. La sentencia fue precedida por un proceso transparente tras una denuncia del Partido Democrático Laborista. En julio de 2022, tres meses antes de las elecciones presidenciales, durante una reunión con embajadores en el Palacio de la Alvorada, el entonces presidente mostró documentos y videos para denunciar irregularidades en el sistema de votación, así como supuestas intervenciones externas para la manipulación del escrutinio. La reunión fue transmitida en vivo por la televisión pública, lo que para el Tribunal representa un caso de "abuso de poder político", por aprovecharse del cargo y utilizar los bienes del Estado para influir en los votantes. Las supuestas pruebas del líder ultraderechista eran, en su mayoría, falsificaciones, y en otros casos, interpretaciones desvirtuadas.
El fallo, aprobado por cinco de los siete miembros del Tribunal, considera probada la voluntad de "incitar a la inseguridad, la desconfianza y la conspiración, combustible de un creciente sentimiento colectivo anti - institucional". Bolsonaro sobrelleva, además, investigaciones penales que incluyen el intento de golpe de Estado concretado por sus seguidores el 8 de enero, justamente, para deslegitimar el triunfo de Lula Da Silva, y por negligencia en la administración de salud en la pandemia de COVID que causó 700 mil muertos.
Es un fallo apelable, pero sus seguidores, que aún son muchos, atizan el malhumor de una sociedad que tiende a radicalizarse hacia la derecha. Como Bolsonaro, descreen en la democracia y ya enarbolan la idea de un complot político - judicial. Pero el pretexto del "law fare", típico del populismo, se desmorona si se considera que esta es la Justicia brasileña que años antes juzgó y condenó por corrupción a Lula, el gran rival de Bolsonaro, en un fallo que luego fue anulado, por la misma Justicia. Bolsonaro podrá volver a postularse, si es que no prospera alguna de las demandas penales, en 2030.
Todo lo contrario ocurre con lo que es una verdadera proscripción dispuesta por la autocracia venezolana contra la principal opositora que lidera la encuestas parta las elecciones de 2024.
La Contraloría General de la República inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a la dirigente María Corina Machado. En 2015 había sido inhabilitada por 12 meses invocando irregularidades nunca comprobadas, y se le prohibió salir del país por nueve años.
Ahora un diputado oficialista, José Britos, anunció que Machado fue inhabilitada por la mayor sanción posible por una serie de acusaciones que se resumen en su apoyo a Juan Guaidó, el legislador que desde 2019 impugnó, con mucho impacto y poco éxito, las maniobras de Nicolás Maduro para sostenerse en el poder.
Es decir, se trata de una decisión proscriptiva que toma un organismo alineado con Nicolás Maduro pero que, según la Constitución de Venezuela, debe trasladar a la Justicia las causas de esta naturaleza. De todos modos, desde 1998, la Revolución Bolivariana ha cultivado la subordinación absoluta de la Justicia y de la Asamblea Nacional.
Maduro y Bolsonaro, con sus diferencias ideológicas, comparten el mismo concepto de la política: el poder concentrado y sin controles, que desconoce la libertad y la democracia y que consolida sus ambiciones manteniendo a la sociedad dividida y enfrentada