En Guatemala, un país con un índice de pobreza del 55% y donde un 35% de la población sobrevive trabajosamente gracias a las remesas que envían a sus familiares sus compatriotas residentes en Estados Unidos, un fallo judicial retiró la personería legal al Movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León, había obtenido el segundo puesto en la primera vuelta electoral del 25 de junio y se aprestaba a participar en el balotaje del 20 de agosto. Aunque la Corte Constitucional salió a aclarar que esa resolución no impide a Arévalo disputar la segunda vuelta, las instancias procesales pendientes aún proyectan un inquietante cono de sombra sobre el desenlace de este turbio trámite.
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En Guatemala, un país con un índice de pobreza del 55% y donde un 35% de la población sobrevive trabajosamente gracias a las remesas que envían a sus familiares sus compatriotas residentes en Estados Unidos, un fallo judicial retiró la personería legal al Movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León, había obtenido el segundo puesto en la primera vuelta electoral del 25 de junio y se aprestaba a participar en el balotaje del 20 de agosto. Aunque la Corte Constitucional salió a aclarar que esa resolución no impide a Arévalo disputar la segunda vuelta, las instancias procesales pendientes aún proyectan un inquietante cono de sombra sobre el desenlace de este turbio trámite.
Pero este intento de inhabilitación judicial "ex post facto", que afectaba a un candidato que había sido autorizado a competir en la primera vuelta, es solo la frutilla del postre de un proceso plagado de irregularidades que incluyeron la resolución del Tribunal Superior Electoral de denegar la inscripción de tres candidatos, entre ellos la líder indigenista Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos, y Carlos Pineda, postulado por Prosperidad Ciudadana, quien al momento de su exclusión encabezaba las encuestas de intención de voto.
En un escenario electoral signado por una extremada fragmentación, reflejada en la presentación de veintidós fórmulas presidenciales, el escrutinio de la primera vuelta evidenció la profundidad de la crisis. El primer lugar correspondió a Sandra Torres, esposa del expresidente Álvaro Colom, de Unión por la Esperanza (UNE), con el 17% de los votos, contra el 12% de Arévalo, lo que lleva al balotaje a dos candidatos que en conjunto no habían logrado el 30% de los sufragios. En ese marco, la cifra del 24%, que acumula el 17% de votos anulados y el 7% en blanco, indicó que el auténtico ganador de la compulsa fue el rechazo al sistema político, constatación corroborada por el hecho de que la abstención trepó al 40%.
Manuel Conde, candidato del partido oficialista Vamos, que en 2019 llevó al poder al presidente Alejandro Giammattei, obtuvo el tercer lugar con el 10% de los votos, seguido por el empresario Armando Castillo, de Visión con Valores, con el 9,4%, el veterano diplomático Edmond Mulet, del centro-derechista Cabal, con el 8,8% , Zury Ríos Sosa (hija del exdictador Efraín Ríos Mott), de VALOR, con el 8,7%, y el centro-izquierdista Manuel Villacorta, de VOS, con el 5,6%. Salvo Arévalo y Villacorta, todos los demás postulantes pertenecen al cuestionado "establishment" guatemalteco, responsabilizado de un sistema de corrupción generalizada. El esfuerzo de la Fiscalía de Estado para sacar de la carrera a Arévalo tiene como objetivo adicional colocar a Conde, el delfín de Giammattei, en condiciones de competir en la segunda vuelta con Torres, en una puja que garantizaría una alternancia en el poder dentro de la política tradicional. Porque, a pesar de su imagen aperturista y su ropaje socialdemócrata, Torres es también visualizada como otra expresión del statu quo.
En 2011, para sortear la prescripción constitucional que impide a los familiares directos del mandatario en ejercicio postularse para la elección presidencial, Torres recurrió al ardid de divorciarse de su esposo antes de presentar su candidatura. Frustrada esa pretensión por una decisión judicial se presentó en las elecciones presidenciales de 2015, siendo derrotada en la segunda vuelta por Jimmy Morales, y en 2019, cuando perdió con Giammattei. Pero el "establishment" político ya tiene garantizado un poderoso bill de inmunidad. En las elecciones del 25 de junio quedó definida la integración de un Parlamento unicameral de 160 miembros. El partido de Arévalo tiene solo 24 escaños. Las fuerzas tradicionales, en cambio, ostentan una abrumadora mayoría, superior a los dos tercios necesarios para impulsar un juicio político a cualquier presidente demasiado molesto.
¿Semilla de cambio?
Arévalo, aunque académico de profesión, es un político de cuna. Nació en Montevideo durante el exilio de su padre, Juan José Arévalo, un líder de izquierda que gobernó Guatemala entre 1945 y 1951. Su campaña estuvo centrada en la virulenta crítica al "Pacto de los Corruptos", denominación aplicada a un estamento de políticos, empresarios y personas vinculadas con el narcotraficante que controla la mayoría de las instituciones del Estado desde que el gobierno de Morales, antecesor de Giammattei, decretó la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de las Naciones Unidas que tuvo un activo protagonismo en el desmantelamiento de estructuras de corrupción en la vida pública.
Cuando Morales concretó la expulsión de la CIGIC, Arévalo declaró que "El Franken-Estado es una Democracia Liberal", un orden autoritario y discriminatorio en que el voto popular, obtenido apelando al interés general, no conduce al establecimiento del Estado de Derecho, sino a la entronización de élites políticas que no reconocen límites legales al poder, vulnerando constantemente la independencia judicial y el principio de igualdad ante la ley".
El Movimiento Semilla surgió en las movilizaciones de protesta de 2015 cuando miles de guatemaltecos salieron a la calle para exigir la renuncia del presidente Otto Páez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusados de robar millones de dólares al erario público. Samuel Pérez, uno de los promotores de aquellas marchas, se convirtió en el dirigente más visible de esa nueva corriente.
Semilla intentó participar por primera vez en una elección presidencial en 2019, cuando Giammattei derrotó a Torres. Su candidata fue Thelma Aldana, una ex fiscal general abanderada en la lucha contra la corrupción, pero sus adversarios consiguieron ilegalizar su nominación. No obstante, obtuvo siete bancas en el Parlamento y Arévalo asumió como jefe de su bloque legislativo.
Juan Francisco Sandoval, uno de los fiscales que trabajó con Aldana en la investigación de varios de los casos de corrupción más importantes de la historia del país, ahora exiliado en Estados Unidos junto con la ex fiscal general y otra veintena de fiscales perseguidos por el gobierno de Giammattei, estima que el apoyo alcanzado por Semilla en la primera vuelta abre "una pequeña luz de esperanza".
Manfredo Marroquin, uno de los analistas políticos más prestigiosos de Guatemala, apuesta por Arévalo para el balotaje: "yo creo que él ya es presidente. Sandra tiene mucho anti-voto, de casi el 45% que dice que nunca votaría por ella. Consigna que "la gente está harta de ser gobernada por mafias políticas y buscó candidatos no contaminados". Interpreta que es probable que la inhabilitación de las candidaturas de Pineda y Cabrera haya beneficiado a Arévalo, quien en las encuestas aparecía con menos del 5% de los votos pero finalmente concentró el voto "antisistema". De no mediar imponderables, jamás descartables en la accidentada política local, Arévalo será el ganador del balotaje. Si así ocurre tendría más viabilidad la propuesta del mandatario mexicano Manuel López Obrador que planteó en Washington la necesidad de un "Plan Marshall" para El Salvador, Honduras y Guatemala, cuya principal contraindicación reside, precisamente, en la posibilidad de que las élites políticas y empresarias retengan en sus manos la ayuda financiera destinada a mitigar la pobreza y frenar la migración masiva de los ciudadanos de estos tres países a EEUU. Con Arévalo en el gobierno, la cuestión es el riesgo de que la "clase política" desplazada utilice su mayoría legislativa para destituirlo.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico