inicia sesión o regístrate.
Pedro Vaca Villarreal es el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expresó durante la jornada sobre el proyecto de ley que promueve sancionar las noticias falsas, tanto en Salta como en La RIoja.
En Salta el proyecto de ley fue elaborado por la presidenta del bloque Salta tiene Futuro, la oficialista María del Socorro Villamayor. El proyecto sostiene en su fundamentación que busca dar respuesta a "lagunas legales" que hay en el Código Penal Argentino cuando se hace referencia a los delitos vinculados a la violencia digital y las noticias falsas. Si bien hubo acuerdo en lo referido a la sanción del hostigamiento digital (a través de la incorporación de los artículos 46, 47, 48 y 49), no lo hubo en lo vinculado a la difusión de noticias falsas (artículo 50).
Denuncia de la SIP
El pasado 3 de agosto, desde Miami, la SIP también se expresó al respecto. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por sendas acciones legislativas que impulsan los gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, en Argentina, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afectar las libertades de expresión y de prensa.
En Salta, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados castiga con arresto y multas a "quien difundiere noticias falsas" en el espectro digital. De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa autoriza castigos para quien "cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales".
En La Rioja, en el inicio de la discusión sobre una reforma constitucional de esa provincia, el gobernador Ricardo Quintela dijo que la enmienda incluirá la regulación de la prensa independiente. A su entender, la Convención reformadora –con amplia mayoría oficialista– debe discutir sobre "la libertad de expresión y la gobernanza". El mandatario es crítico de los medios de comunicación y ya meses atrás había propuesto "bloquear" a medios nacionales porque, "dan información podrida", que no se puede "verificar".
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó su preocupación. "Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley. Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impacten negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión.