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En vísperas de cumplirse el 50° aniversario del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, quien para no entregarse a los sublevados se suicidó en el Palacio de La Moneda, Chile conmemora aquel episodio histórico en un clima de crispación que evoca a los peores fantasmas de su pasado y coloca en tiempo presente las interpretaciones encontradas de un acontecimiento ocurrido hace medio siglo.
La proximidad de la conmemoración disparó el debate. La Cámara de Diputados aprobó con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones, un proyecto impulsado por el Partido Comunista y otros bloques de izquierda para que la Biblioteca Nacional del Congreso excluya a Pinochet, fallecido en 2006, de la nómina de presidentes de la República.
El debate parlamentario patentizó la dicotomía. La diputada comunista Lorena Pizarro, hija del dirigente comunista Waldo Pizarro, que aún figura como detenido desaparecido, afirmó que "a mí me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso Nacional lo tenga registrado con aquéllos que fueron presidentes de la República: a un dictador no se le puede dar esa denominación". Johannes Kaiser, diputado del ultraderechista Partido Republicano, replicó: "A usted puede que no le guste. No les gustó que les hayan impedido establecer un régimen cubano en Chile en el 73. Igual fue presidente de Chile, les guste o no".
En medio de esta polémica impactó la noticia del suicidio del general Hernán Chacón Soto, de 86 años, quien se quitó la vida cuando una patrulla policial se disponía a detenerlo para enviarlo a la cárcel a fin de cumplir una condena a quince años de prisión dictada por el asesinato del popular cantante chileno Víctor Jara, ocurrido en 1973. Chacón Soto es el cuarto general trasandino suicidado para no cumplir una condena judicial. Los anteriores fueron Germán Barriga en 2015, Odlanier Mena en 2013 y Hernán Ramírez Rurange en 2015.
Para recalentar aún más la atmósfera, un grupo de diputados del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio solicitaron el traslado a cárceles comunes de los 129 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, alojados en la cárcel especial de Punta Peuco, a fin de ubicar en ese establecimiento a mujeres presas embarazadas o con hijos pequeños.
Desde la vereda opuesta, salió a la venta a través de las redes sociales, un vino de homenaje a Pinochet, que tiene en la botella una foto del ex presidente, una frase que se le atribuye y los escudos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los Carabineros. La cita de Pinochet ilustra el sentido de la iniciativa: "nada podrá impedir que la historia reivindique nuestra obra. Esa será la hora de la victoria".
No es la primera vez que se fabrica un vino alusivo al ex presidente. En 1996 el empresario Eduardo Arévalo inscribió las marcas "Don Augusto" y "Capitán General" y le ganó una disputa legal al hijo del ex mandatario para patentar la marca "Augusto Pinochet" para exportar vinos a Estados Unidos. Pero la oportunidad de esta iniciativa le otorgó una repercusión periodística que favoreció el rápido agotamiento del producto.
Las susceptibilidades heridas por la proximidad del cincuentenario del golpe de Estado ya habían provocado una crisis dentro del gobierno cuando Boric se vio obligado a aceptar la renuncia de Patricio Fernández, asesor designado para organizar la conmemoración oficial, a quien el Partido Comunista y las organizaciones de derechos humanos acusaron de "relativizar" la acción militar en una entrevista en la que señaló que "los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que no podríamos intentar acordar es que los sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables".
Pasado y presente
El ex presidente conservador Sebastián Piñera, jefe del ala moderada de la derecha, alimentó la controversia con un balance de los dieciocho años del régimen militar: "Hay un área oscura, la de los atropellos a los derechos humanos que fueron absolutamente inaceptables, y hay un área luminosa, que fueron las modernizaciones. Pero sumando y restando nada justifica las violaciones a los derechos humanos y no hay mejor sistema de gobierno que conozcamos que la democracia".
No obstante, ese espíritu aparentemente conciliador se trasmuta cuando Piñera advierte que "a la izquierda le gusta pensar que la historia comienza el 11 el septiembre de 1973 y no es verdad" y puntualiza que "la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista".
Piñera apunta a que en las elecciones presidenciales de 1970 Allende ganó con el 36,7% de los sufragios contra el 35,2% del candidato conservador Jorge Alessandri y el 28% del democristiano Ramiro Tomic. Con esa precaria base de sustentación y en minoría en el Congreso, la coalición triunfante intentó igualmente impulsar lo que se llamó la "vía pacífica hacia el socialismo", contra la cerrada resistencia de la mayoría parlamentaria.
Como consecuencia, apenas veinte días antes del golpe de Estado, el Congreso aprobó una declaración, impulsada por las bancadas opositoras, que sostenía que "es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte el Estado y lograr, de ese modo, la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece".
Durante varios años la izquierda se encargó de publicitar la justificación de la oposición política al derrocamiento de Allende. En noviembre de 1973, dos meses después del golpe, el expresidente democristiano Eduardo Frei, en una carta enviada a Mariano Rumor, titular de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, afirmaba: "Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso sería ahora el fracaso del país y nos precipitaría a un callejón sin salida".
La transición chilena fue producto de una negociación entre el régimen militar y las fuerzas políticas. La constitución vigente, aún en vías de reforma, es la sancionada en 1980. Pinochet, después de abandonar la presidencia en 1988, pasó a ocupar una banca en el Senado hasta 1997. Durante 35 años, esa transición, signada por la rotación en el gobierno entre el centro- izquierda de la Concertación Democrática y una coalición de centroderecha moderada, respetó el modelo económico instaurado por Pinochet en la década del 70.
Pero ese ciclo de alternancia, que ya mostraba signos de agotamiento por la rebeldía juvenil expresada en las sucesivas movilizaciones estudiantiles de los últimos años y en las divisiones en las dos coaliciones mayoritarias, se rompió en 2020, sobre el fin del segundo mandato de Piñera, cuando la moderación cedió espacio a la radicalización de todo el espectro político.
La primera vuelta de la elección presidencial de 2021 mostró el declive de las fuerzas ubicadas hacia el centro del escenario, desde la Renovación Nacional de Piñera hasta la democracia cristiana y el socialismo, y promovió la polarización para el balotaje entre José Antonio Kast, candidato del ultraderechista Partido Republicano, que reivindica a Pinochet, y Boric, impulsado por un frente de izquierda con una activa influencia del Partido Comunista, que glorifica a la figura de Allende.
La consecuencia es que más que una discusión sobre el pasado el debate suscitado por el cincuentenario del golpe de Estado es el prólogo de la contienda presidencial de 2025, para la que las encuestas posicionan mejor a Kast que a cualquiera de sus posibles adversarios de izquierda.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico