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El pasado 11 de junio, en Orán, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la DNV abordaron con el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, y el juez de garantías del fuero, Gustavo Montoya, la problemática de la ocupación ilegal que se expande sobre las banquinas de la ruta 50 y el tramo próximo al paso fronterizo de Aguas Blancas.
Tierras nacionales
En ese encuentro hubo una plena concordancia de que se trata de "ocupaciones irregulares de terrenos del Estado nacional" y que "resulta imperativo actuar de forma inmediata", mediante el poder de policía administrativa, para "impedir la consolidación de nuevas edificaciones ilegales", mientras se resuelven las correspondientes acciones de desalojo y se definen mecanismos preventivos para evitar futuras usurpaciones.
Dos kilómetros
La ocupación ilegal, que se expandió en los últimos años sin frenos, ya ocupa una franja de más de dos kilómetros. Las edificaciones, a medida en que se consolidan, no solo comprometen el dominio de tierras nacionales, la seguridad de la zona fronteriza y servicios públicos de Aguas Blancas con conexiones irregulares, sino que su remoción se torna cada vez más compleja y traumática.
Investigación federal
La mayoría de esas construcciones fueron emprendidas por ciudadanos bolivianos que, en muchos casos, cuentan con DNI argentinos otorgados bajo condiciones que están siendo investigadas por el fiscal Ricardo Toranzos, ante serias irregularidades detectadas por el Ministerio de Justicia de la Nación en el padrón electoral Aguas Blancas. Con menos de 3.500 habitantes censados, ese municipio fronterizo votó en los comicios nacionales de 2023 y en los provinciales de mayo último con un padrón de 5.692 electores habilitados. Ante las serias inconsistencias advertidas en los domicilios declarados y su residencia efectiva, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó días antes de la elección legislativa del pasado 11 de mayo, que fuerzas federales extremarían los controles en la frontera con Bermejo. Tras esa advertencia, Aguas Blancas tuvo el nivel de participación electoral más bajo que se recuerde en comicios provinciales, con apenas poco más de 1.400 votantes. Ese dato dejó traslucir claramente la magnitud de los graves delitos que investiga la Justicia Federal de Salta detrás de los miles de DNI argentinos que se entregaron a ciudadanos bolivianos, en el marco de una desvirtuada amnistía que se reglamentó en 2011 con la declamada finalidad de restituir derechos a pobladores originarios indocumentados en el norte salteño.
Ya hay cerca de 170 edificaciones irregulares
La ocupación irregular que se expandió sobre las banquinas de la ruta 50 y sectores próximos al Area de Control Integrado (ACI) de Aguas Blancas empezó hace algunos años con edificaciones precarias que, sin controles, crecieron en número y terminaron convertidas en sólidas propiedades de una, dos y hasta tres plantas. Otras son galpones donde se almacena mercadería que se cruza a uno y otro lado de la frontera en camiones y vehículos de menor porte.
Las construcciones ilegales en la zona se seguridad fronteriza, con sus conexiones clandestinas a las redes de agua, electricidad y telefonía, afectan servicios de Aguas Blancas.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, tras asumir en ese cargo, inició una relevamiento que a fines de 2024 tenía detalladas las usurpaciones en tres tramos de la ruta nacional 50, con cerca de 140 edificaciones. Entre esas construcciones, que ya ascienden a alrededor de 170, resaltaban entre puente internacional y la entrada al pueblo 44 casas con conexiones irregulares al acueducto que abastece a la localidad. Por las "pinchaduras" clandestinas en el tramo superior de la tubería, el agua baja a las casas de los usuarios del servicio con baja presión. Además, hay edificaciones ilegales "colgadas" de la red eléctrica e incluso del soporte de telefonía móvil del que depende la conectividad del pueblo.
En Salvador Mazza
La frontera que separa a Salvador Mazza de Yacuiba con una quebrada seca de pocos metros también está ocupada por viviendas, galpones y fincas donde la presencia de gendarmes y policías federales está obstaculizada con portones, tranqueras y candados. Así, por esa extensa línea -plagada de pasos no habilitados- personas, mercaderías de contrabando, vehículos robados, armas, dinero del lavado y ladrillos de cocaína trasponen la frontera fuera del alcance de los controles de seguridad, aduaneros y migratorios.
Por más de medio siglo, leyes que regulan la titularidad y tenencia de inmuebles rurales, como también las autorizaciones de edificación en zonas de seguridad fronterizas, se han vulnerado en los bordes limítrofes con Bolivia, donde bandas del narcotráfico, el contrabando, la trata y el crimen organizado transnacional sacan provecho de esas ocupaciones irregulares.