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Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, analizó la crítica situación que atraviesa el sector, marcada por una fuerte caída de ventas, demoras en los pagos de las obras sociales y un complejo escenario financiero para sostener la cadena de provisión de medicamentos. En la entrevista también abordó el avance de nuevas terapias, como las inyecciones para bajar de peso, el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual, la baja en el uso de preservativos, el consumo de fármacos en jóvenes y los riesgos de la automedicación, al tiempo que remarcó el rol sanitario irremplazable de la farmacia como único ámbito seguro para la dispensa y el asesoramiento profesional.
Cerraron un 2025 complejo y comenzaron un 2026 en la misma línea. ¿Cuál es hoy el panorama del sector farmacéutico en la provincia?
Efectivamente, cerramos un 2025 complicado, complejo, y arrancamos un 2026 de la misma manera. No ha cambiado nada. Tenemos una caída en las ventas de alrededor del 25% y, en algunos segmentos, esa caída llega incluso al 30%. Esto repercute duramente en todo el sector. A esa situación se suma la demora en los pagos de las obras sociales, particularmente del Instituto Provincial de Salud (IPS) y de PAMI, que son las dos con mayor cantidad de afiliados y, por lo tanto, con mayor impacto en la economía de las farmacias.
¿Qué significa en la práctica esa demora de las obras sociales?
Nosotros trabajamos con presentaciones quincenales y, en teoría, el pago debería realizarse a los 30 días del cierre. Eso ya implica que la farmacia financia 45 días de prestación. Cuando ese plazo no se cumple, como viene ocurriendo, pasamos a financiar 60 o incluso 70 días. Y lo hacemos sin ningún tipo de interés, sin recargos, sin mora. Las farmacias históricamente somos financiadoras gratuitas del sistema de salud. Si uno se atrasa con una tarjeta de crédito, paga intereses. En nuestro caso, no.
¿Y qué sucede cuando la farmacia se atrasa con sus proveedores?
Ahí la situación se vuelve crítica. Si no pagamos en término, perdemos los descuentos habituales y, además, corremos el riesgo de quedar sin provisión. Y no se trata solo de que no nos entreguen los medicamentos de una obra social determinada: directamente no nos proveen nada, ni siquiera una aspirina. Eso afecta la posibilidad de dar un buen servicio, no solo a los afiliados de PAMI o del IPS, sino también al paciente particular.
¿Hubo algún avance reciente en la relación con el IPS y PAMI?
Con el IPS nos reunimos con las autoridades y se pagó una de las dos quincenas que estaban pendientes. El lunes se estaría cancelando la segunda, con la intención de volver a un cronograma regular. Con PAMI la situación es más delicada. En años anteriores, dentro de todo, cumplía los plazos, pero el último año se atrasó de manera importante. Son dos obras sociales fundamentales por el volumen de prestaciones que generan y por el peso que tienen en la cadena de pagos.
Usted mencionó que hay segmentos donde la caída de ventas es más fuerte. ¿Cuáles son?
Principalmente todo lo que es venta libre vinculada a perfumería y accesorios. La gente hoy se mide muchísimo. Compra lo estrictamente necesario. A eso se suma el cambio en las coberturas, especialmente en PAMI, donde muchos productos que antes tenían cobertura del 100% hoy están al 40 o 50%. Eso modifica radicalmente el hábito de consumo: el afiliado compra solo lo indispensable o busca genéricos más económicos.
En paralelo, persiste la venta ilegal de medicamentos fuera del circuito habilitado. ¿Qué evaluación hacen desde el sector?
Es una lucha permanente. Hoy estamos muy abocados a resolver lo urgente, que es sostener la operatoria diaria, la financiación y la provisión, pero no abandonamos ese reclamo. Siempre insistimos en que el medicamento es seguro únicamente en la farmacia. La farmacia es el único establecimiento habilitado por el Ministerio de Salud Pública, con certificaciones específicas, con controles de ANMAT, con cadena de frío y trazabilidad. Comprar un medicamento en un comercio no habilitado implica no saber su procedencia, su correcta conservación ni su seguridad.
Más allá de la conservación, también está la trazabilidad y la seguridad.
Exactamente. Un ejemplo muy simple: una persona con dolor abdominal puede comprar un antiespasmódico en un almacén y seguir tomándolo, sin saber que puede estar enmascarando una apendicitis. En la farmacia, en cambio, se le puede advertir que consulte al médico. Esa es una diferencia fundamental. La farmacia no solo dispensa, también orienta y cumple un rol sanitario.
A nivel mundial se habla del auge de las inyecciones para bajar de peso, los fármacos GLP-1. ¿Qué ocurre en Salta?
Ha crecido mucho la demanda. Son las semaglutidas y, más recientemente, la tirzepatida. Hay mucha discusión científica y muchos especialistas, sobre todo diabetólogos, coinciden en que son medicamentos de alta eficacia. Pero siempre insistimos en que deben utilizarse bajo estricto control médico. No se trata solo de bajar de peso: hay que evaluar el páncreas, el metabolismo, el perfil completo del paciente.
¿Están cubiertos por las obras sociales?
En general no, salvo en casos muy puntuales: diabetes, obesidad mórbida, con historia clínica, estudios, laboratorios y justificación médica. Son tratamientos costosos. Por ejemplo, la tirzepatida, que es la más nueva, puede costar entre 500 y 700 mil pesos por mes. Hay alternativas más económicas, como las semaglutidas, y algunos programas de descuento de laboratorios, pero siempre con indicación profesional.
En el país se registra un fuerte aumento de casos de sífilis. ¿Cómo impacta eso en la venta de preservativos?
La venta de preservativos ha bajado. Hubo un pico muy fuerte en los años 90 con el inicio del VIH, pero con el tiempo, al convertirse en una enfermedad crónica tratable, se perdió el miedo. El preservativo quedó más asociado al control de la natalidad que a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eso es grave, porque la sífilis es una enfermedad silenciosa, que puede generar complicaciones muy serias si no se detecta y trata a tiempo.
También se observa un mayor consumo de fármacos para la disfunción eréctil en jóvenes.
Sí, antes eran medicamentos que usaban personas mayores de 50 o 60 años. Hoy vemos demanda en jóvenes, muchas veces vinculada al uso de anabólicos y suplementos deportivos. El abuso de esas sustancias puede provocar alteraciones hormonales y disfunción sexual, y luego se intenta "corregir" con estos medicamentos, lo que no deja de ser preocupante.
¿Cómo describiría el comportamiento del paciente salteño frente a la prevención?
Es muy reactivo y muy estacional. Cuando hay brotes de dengue, todos quieren vacunarse; pasa el brote y ya nadie se vacuna. Con el COVID ocurrió lo mismo. Hoy pasa con las semaglutidas: hay un furor y todos quieren acceder. Desde el mostrador tratamos de concientizar que son medicamentos, que tienen efectos adversos y que el control médico es fundamental.
Otro tema que usted suele remarcar es el de la automedicación y la influencia de la publicidad.
La publicidad de medicamentos es enorme y muchas veces induce a la automedicación. Vitaminas, analgésicos, suplementos, todo parece inofensivo. Pero el abuso puede generar hipervitaminosis, problemas renales, hepáticos, alteraciones metabólicas. El uso indiscriminado de analgésicos, por ejemplo, puede dañar seriamente los riñones. Por eso insistimos en que el medicamento debe adquirirse en farmacias y con el asesoramiento adecuado.
En definitiva, ¿cuál es hoy el principal desafío para las farmacias?
Sostener la cadena de provisión en un contexto de caída de ventas y atrasos en los pagos, y al mismo tiempo seguir cumpliendo nuestro rol sanitario: garantizar el acceso seguro a los medicamentos y promover el uso responsable. Ese es el equilibrio que hoy tenemos que cuidar.