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La Quebrada de las Conchas es una reserva natural por su formación geológica, que se extiende a través de unos 70 kilómetros a ambos lados de la Ruta nacional 68, en el sur de Salta, famosa por sus rocas rojizas cretácicas y relieves modelados por la erosión, con rocas de hasta 500 millones de años que guardan vestigios del pasado marino de la región. Es el lugar que eligió, aparentemente sin permiso, una pareja de Buenos Aires para celebrar el pasado lunes 23, lo que sus invitados llamaron en las redes: "El casamiento del año".
Desatada la polémica por esta extravagante celebración, ahora la Justicia y las autoridades de Ambiente de la Provincia, deberán definir si este casamiento entre los cerros "protegidos" fue un ejercicio legítimo de un derecho privado, o si fue un avasallamiento al patrimonio de todos los salteños.
Para la boda, que tuvo varios meses de organización, los novios: Nicole Pocoví y Federico Maran, crearon un sitio web especializado para informar a los 110 invitados sobre el devenir del mega evento que demandó cuatro días de una fiesta a la que llamaron "Cafayate Fantasy". Detallaron el paso a paso desde el viernes 20 de marzo, cuando los invitados llegaron a Salta, hasta el lunes 23, día del casamiento, que anunciaban, se iba a realizar en una "secret location", a la que sólo podía accederse por medio de combis contratadas por ellos. "Elegimos mantener en secreto el lugar porque creemos que hay algo sagrado en esa espera y en dejarse sorprender. Más adelante vamos a poner un punto de encuentro para poder salir todos en combis", avisaron.
La expectativa crecía entre los invitados mientras los novios iban largando detalles en cuotas: "El terreno es mayormente de tierra y piedras, aunque habrá zonas con suelo firme. Es un evento a la intemperie". Y llegado el día, el país se enteró porque Nicole Pocoví y Federico Maran, quienes no residen en Salta, compartieron en su cuenta de Instagram fotos de la fiesta desde la previa con la carpa que se armó en el "detrás de escena", hasta los momentos cumbre de la fiesta en que los invitados, que llegaron casi todos desde Buenos Aires en el más extremo hermetismo y desconociendo el lugar del evento, disfrutaban de la música y los tragos en este entorno único que ofrece la Quebrada de las Conchas.
Cuando bajó el sol en la Quebrada, ofrecieron mantas rojizas, a tono con la tierra cafayateña, y se prendieron las luces led rojas dispuestas estratégicamente. En ese momento, según los videos, la zona protegida se volvió una postal instagrameable. Hubo DJ, pistolas de burbujas de agua y proyecciones sobre la quebrada, como el videoclip de "La pregunta", de Babásonicos, todo orientado para compartir en las redes.
Pasado el casamiento y armado el lío mediático, una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano dijo ser la propietaria de una vivienda ubicada en el lugar y afirmó que el evento se trató de una boda familiar. "Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes", escribió la mujer en redes. Y agregó: "¿No puedo festejar una boda en el fondo de mi casa?".
Dicen los expertos que un evento masivo como este, puede provocar daños al ecosistema. El sonido, las luces y la presencia de personas son factores determinantes para la fauna y flora del lugar; además, se trata de acciones que aceleran la erosión de las formaciones rocosas.
Falsificación
El dato más sensible de la investigación lo dio el secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, quién aseguró que su firma habría sido falsificada en el supuesto permiso presentado por los organizadores. "No autoricé nada, ese documento es falso", afirmó. Por este motivo se radicó una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate, que ahora deberá determinar las responsabilidades en el hecho.
El funcionario también remarcó la gravedad institucional del caso, no solo por la posible adulteración documental, sino por la realización de una actividad sin control ambiental en un área protegida. "La autorización tiene un sentido, proteger un recurso que es de todos", dijo el funcionario. Por el momento se expidió la denuncia penal y se inició un proceso de sumario administrativo además de una multa y medidas de recomposición, que derivarán del procedimiento: "La idea es que la multa sea lo suficientemente dura como para que no vuelva a suceder".