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Puede resultar un simple juego de palabras, o tal vez una frase armada y grotesca frente a una realidad inocultable: la situación por la que atraviesa el distrito Orán en material judicial está lejos de ser la calma que precede a la tormenta. Es, más bien, una tormenta en pleno desarrollo que amenaza con transformarse en un huracán.
Los procesos de investigación contra los jueces Claudio Parisi y Francisco Oyarzú, sumados a la "triunfal renuncia" de Edgardo Laurenci, el exmagistrado que dejó escapar a Lino Moreno acusado del asesinato narco criminal de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, conforman por estos días un tridente de sospechas que dejan al descubierto una profunda herida en la Justicia provincial.
Al margen de las investigaciones del Ministerio Público sobre la conducta de los jueces en relación al crimen organizado en la zona de frontera y los sendos pedidos de jury que pesan sobre ellos, el escenario plantea un serio desafío para las instituciones de la Provincia.
Jueces salteños vinculados por intereses comunes con sicarios, narcotraficantes, secuestradores y torturadores, contraponen las garantías que la Justicia debe dar a la sociedad en su conjunto, bajo las normas que dicta la Constitución.
La renuncia a tiempo de Laurenci, la detención y posterior prisión domiciliaria de Parisi y el último jury que se abrió contra Oyarzú, agregados ahora a nuevos vínculos que podrían aparecer en los próximos días entre otros jueces de Orán y testaferros de las mafias en el norte, ponen al límite la capacidad de reemplazos de la estructura judicial.
No hay posible renovación que en el corto plazo pueda mejorar el estado actual de las cosas y las subrogancias están a la orden del día, ante una situación de verdadera emergencia de jueces.
"El silencio se hace ensordecedor" desde el Gobierno y los sectores políticos al respecto de la situación en el norte.
En este contexto llama la atención "el mutis" de la Corte. Se sabe que el máximo órgano de la administración de justicia en la provincia, también funciona como una superintendencia en el control de todos los distritos y las estructuras judiciales que existen en el territorio salteño.
Se aguarda que alguno de los nueve integrantes de la Corte de Justicia tome intervención en el caso del distrito Orán, pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, tal vez porque ni siquiera el argumento de "la corporación judicial" pueda justificar este silencio.
Pero el análisis puertas adentro de la Justicia salteña se hace inevitable y alguien tendrá que dar explicaciones a la opinión pública sobre lo que pasa con los jueces en Orán, antes de que la sangre llegue al río y el manto de sospechas cubra a todos los magistrados, incluidos a los de la Corte.
Queda aún en este razonamiento el aspecto político, elemento indivisible en el funcionamiento de los poderes del Estado.
Los jueces hoy cuestionados fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura, órgano constitucional y multisectorial que tiene a su cargo la selección de los jueces.
La Magistratura resulta responsable en primera instancia de las ternas propuestas para ocupar los cargos de magistrados, que luego deberán ser analizadas por el Senado provincial y posteriormente por el Ejecutivo.
De esa forma, el Consejo es responsable en primera, pero no en última instancia de la selección de los jueces, que siempre queda a criterio y con la última palabra del gobernador de turno. Para el caso de Laurenci, Parisi y Oyarzú, se debe decir que fueron elegidos durante el mandato del exgobernador Juan Manuel Urtubey.
Será por eso también que "el silencio se hace ensordecedor" desde el Gobierno provincial y los sectores políticos, al respecto de la situación judicial en el norte.
Como último elemento, y no por ello menos sugerente, aparece el proyecto oficial que plantea un cambio histórico en la forma de aplicar justicia: el juicio por jurados, donde una docena de ciudadanos de la comunidad, elegidos al azar desde el padrón electoral, deberán decidir si una persona es culpable o inocente, aplicando un criterio de "sentido común". La insatisfacción social frente a la figura de los jueces se va haciendo cada vez más evidente.
La Justicia en Orán y particularmente en Salta, está lesionada y en el ojo de una tormenta de consecuencias insospechadas.