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"Corrupción hubo; pero Cristina de corrupta no tiene un pelo". Eso dijo el exintermediario en la distribución de decenas de miles de planes sociales Juan Grabois; lo hizo durante una grotesca "clase pública" que dictó frente a los tribunales de Comodoro Py sobre la teoría del "lawfare", esa argucia política, atentatoria contra la división de poderes, utilizada por las autocracias para desacreditar a los jueces. El activista no solo exhibió y caricaturizó a los jueces y fiscales que se pronunciaron contra la expresidenta: acusó a los poderes "concentrados", a los jueces corruptos y a la prensa por atacar "a Cristina y a todos los líderes populares". Un latiguillo populista.
Grabois, como Eduardo de Pedro (ambos frustrados precandidatos a la presidencia) y Axel Kicillof, que declinó postularse en 2023, hablaron de "proscripción" e invocaron "la voluntad popular". Una nueva generación que habla desde un pasado imaginario.
Cabe recordar que ayer, junto con Cristina Kirchner, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas José López (el de los bolsones con US$ 9.000.000 en el convento de monjas) y Lázaro Báez, el empleado bancario convertido de la noche a la mañana en multimillonario empresario patagónico. Y, además, otros seis exfuncionarios del kirchnerismo, en la Nación y en la provincia de Santa Cruz. A ellos, al parecer, no los incluyen en la persecución del lawfare.
La Justicia falló en contra de la expresidenta, que desde 2015 pudo postularse a senadora (en 2017, donde entró en representación de la minoría en la provincia de Buenos Aires) y compartir la vicepresidencia de la Nación con Alberto Fernández (2019-2023), el presidente que ella inventó.
El fanatismo, o las ambiciones, pueden ilusionarse con la impunidad de algunos dirigentes carismáticos, pero en una república, todos tienen derecho a una defensa jurídica, que a ella no le faltó. Construir una argumentación contra la Justicia es intento de supervivencia, pero bastardear al Poder Judicial y negarle independencia es impropio de dirigentes de un país como el nuestro, que ha tenido experiencias traumáticas que alteraron la vida democrática desde que se estableció el voto universal.
El dictamen de seis jueces y los fiscales, en primera y segunda instancia, es concluyente; no es la arbitrariedad, por ejemplo, de los tribunales bolivarianos. En ese fallo no tiene injerencia la prensa, como acusan, porque los testigos que declararon en esta y muchas otras causas paralelas, son centenares. Da la impresión de que el argumento de Grabois, lejos de favorecer a Cristina, quiere mostrarla como lo que nunca fue: una mujer frágil e indefensa. Una persona que no controlaba a sus funcionarios y desconocía el origen de la fortuna de su marido.
Es lógico que quienes crecieron al amparo de Cristina Kirchner se solidaricen con ella. Incluso, que consideren que toda la corrupción, que Grabois reconoce, fue destinada a financiar el gasto político, y entiendan que esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego en una región, América latina, donde la economía en negro ocupa el 50% de la actividad y donde son más los asalariados sin amparo gremial y sindical, que los registrados.
En la mayoría de estos países, las antiguas guerrillas, ahora asociadas con el crimen organizado, logran establecer el control de vastas áreas de territorio que van quedando al margen del control del Estado. Ocurre en Venezuela, en Colombia y avanza hacia el sur, como sucede hoy en Ecuador, Perú y el norte de Chile.
Grabois, por ejemplo, intenta una reforma social y un cambio en los derechos de propiedad que termina legitimando la ocupación compulsiva de tierras en beneficio de grupos originarios - genuinos o inventados como instrumento político -.
Vivimos en una región donde la democracia transita siempre por caminos tortuosos, y donde proliferan dictadores, que llegan, por el voto o por la fuerza, y que suelen ser reemplazados por autócratas que prometen revoluciones, de otro signo. Un péndulo suicida de mesianismos.
No corresponde celebrar la condena a una expresidenta. Más allá de lo emocional, es un síntoma más de la vulnerabilidad del sistema, donde la Justicia está sancionando una depredación de miles de millones de fondos públicos. No porque el fallo no sea justo, sino porque en el país donde se han anestesiado hace tiempo las inversiones en infraestructura, está comprobado que se dejó todo en manos de personajes como José López y Lázaro Báez. Que se ocuparon de que fueran pagadas, pero no de que se hicieran.
Hace falta una bocanada de democracia, tolerancia y compromiso. La condena, de por sí, no es suficiente para garantizar que el péndulo político no siga oscilando, a la izquierda o a la derecha, y que país esté cada vez peor.