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En los albores de la gestación de una nueva Ley Universitaria, se abrió un debate entre 1990 y 1995, tras el cual, finalmente, fue sancionada la Ley de Educación Superior. Actualmente, a 34 años de aquel, se abrió otro debate sobre los mismos temas. En circunstancias diferentes, pero que tienen elementos comunes. El debate actual retoma la relación entre Universidad y Sociedad; y se centra en la función social, ingreso abierto o irrestricto y muy especialmente el presupuesto universitario, agitándose nuevamente el tan meneado arancelamiento.
¿Un nuevo debate? Ciertamente, no. Entonces cabe preguntarnos, qué nos pasó, qué es lo que hicimos y qué es lo que no, en tantos años y distintas gestiones de gobierno nacional, es decir una mirada profunda.
A esto apunta el presente análisis, libre de sesgos ideológicos o de pertenencias político- partidarias. Y sin la clásica búsqueda de culpables. Un análisis de política universitaria, desde lo institucional.
Debate que se reedita
Y viene a la memoria recordar, la publicación del Diario El Tribuno "Columnas de opinión y reportajes publicados entre el 19 de marzo y el 30 de julio de 1990", como así lo que fue un seminario organizado por el mismo medio y auspiciado entre otras, por la UNSa, el 9 de noviembre de 1990.
Basta citar algunos de todos los expositores, expertos en temas universitarios, educadores, académicos y científicos que seleccioné a mi criterio, por representativos, para darnos cuenta de que se debaten las mismas problemáticas cíclicamente. No se ven resultados y seguimos hablando de lo mismo como meros espectadores de la realidad decreciente del sistema universitario nacional.
Expusieron entre otros, el Ingeniero Juan Carlos Gottifredi, académico, investigador científico de la UNSa y CONICET y Rector entre 1985 a 1991, y luego desde 1997 a 1999 ; el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, médico, científico y académico, ex Rector de la UBA, autor del reconocido libro "La tragedia Educativa" 1999 y luego "Educación: La tragedia continúa" 2020; Dr. Francisco Delich, doctorado en Derecho, fue Rector normalizador de la UBA entre 1983 y 1985, y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entre 1989 y 1995; Dr. Enrique Bulit Goñi, viceministro de Educación de la Nación 1989-1990, abogado. Doctorado en Economía y Finanzas de la UBA, profesor universitario en el grado y posgrado; C.P.N. Oscar Shuberoff, , ex rector de la UBA desde 1986 a 2002.
Se hablaba de la crisis universitaria, en la cual el presupuesto en todo su alcance material y político era un factor determinante, según la perspectiva de algunos expositores. A modo de síntesis general, algunos percibían un ataque político a la Universidad pública, destacaban los logros en el campo científico y en la enseñanza, alcanzados por las universidades, como también se realizaba en algún caso, una apropiada autocrítica. Al igual que hoy, se señalaba como exiguo el presupuesto del 3 % para la enseñanza universitaria; y que el 90% del mismo se dedicaba al pago de salarios del personal docente y no docente. También se destacaba un modelo de universidad que, a pesar de la falta de medios, se había brindado a la sociedad, un modelo que propugnaba en sus claustros la más amplia pluralidad de pensamiento creador. Se planteó que en las condiciones que estaba la universidad no se podía continuar con el proceso de transformación, en la refundación de la democracia y dar las respuestas que esperaba la sociedad.
Una vieja polarización
Otros expresaron apreciaciones de la universidad desde un punto de vista político-ideológico, hacia ambos extremos, desde la universidad-empresa observando falta de vinculación con el medio y serias falencias en cuanto a las expectativas de la sociedad, hasta una universidad-estado centrada en la función social. En otros casos se destacó con énfasis que la universidad debía servir a "la revolución productiva" con la apoyatura científica y tecnológica necesaria. En este sentido, "la sociedad aportando todos los recursos posibles y las universidades aplicándolos eficientemente, de cara a los requerimientos de interés general, rindiendo cuentas; en este marco debía aumentarse el presupuesto universitario y debía habilitarse a las universidades para obtener recursos de otras fuentes racionalizando al máximo su empleo".
También se expresaron sobre el arancelamiento, con distintos argumentos, algunos en favor con matices, y otros por la negativa defendiendo la gratuidad en términos absolutos. Hubo una universidad, la de Córdoba que en esa oportunidad dispuso un pago mensual en concepto de "servicios para-educativos", y en ese contexto se criticó "el facilismo con que tanto los populistas de derecha como los populistas de izquierda encaran el problema del financiamiento universitario". "Para un populista de derecha el problema del financiamiento se resuelve arancelando a los estudiantes". Para un populista de izquierda, si el financiamiento no viene del Estado, no viene nada". Se mencionaba que era desalentador que algunas universidades hayan abandonado la selección de profesores por concurso. Otros
hacían una fuerte y fundamentada crítica a los aspectos académicos- institucionales, basta leer La Tragedia Educativa y la que continúa.
Como se puede apreciar con distintos criterios y visiones, se vertían opiniones algunas coincidentes, unas de defensa del modelo de la universidad pública de aquellos años que creían amenazado, otros con críticas de cargado tinte ideológico, contrapuestas, otras con alto sentido crítico en lo institucional. A 34 años, los temas son los mismos de hoy, cristalizados en una retórica dogmática.
La realidad actual es que no se han logrado mejorar los índices de Ingreso/Egreso; no se han logrado mejorar el desgranamiento de estudiantes en el primer año, con políticas de reorientación de la matrícula a tecnicaturas del nivel superior universitario y/o no universitario articulando a nivel provincial, o con cursos de ingreso obligatorios, no eliminatorios y otras metodologías. No se fue capaz de retenerlos adecuadamente en el sistema. Esto conlleva a la concentración de docentes en primer año en detrimento de los ciclos básicos y profesionales de las carreras. No se ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes, elevando a más de dos materias /año el rendimiento mínimo exigible para lograr condición de alumno regular, e incluyendo al menos a parte de los estudiantes que no logran rendir una materia, o solo rinden una materia/año, esto con programas de planeamiento académico científico- pedagógico, asistidos por modernas tecnologías operativas.
No se ha logrado mejorar la estructura de las categorías de los docentes mediante oportunidades de capacitación y selección por concursos abiertos de títulos, antecedentes y prueba de oposición que le dan la jerarquía y mérito de adquirir su condición de regulares, lo que significa ocupar el cargo por concurso. Esta situación académica, con sus matices es transversal a todo el sistema universitario nacional. También se debería revisar y mejorar la relación entre planta política y planta docente académica, y la asimetría de salarios con los profesores.
Sobre el arancelamiento no se había referido más hasta la actualidad, salvo en algunos procesos eleccionarios en el cual se le agitó el "cuco del arancelamiento" a algún candidato a rector no oficialista u oponente. Después de 34 años volvió a ponerse en debate el arancelamiento. La LES (Ley de Educación Superior) original preveía la posibilidad de cobrar tasas por algún servicio, con respeto por la autonomía universitaria, pero fue modificada a posteriori y el artículo 2 bis establece taxativamente que "los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". Cualquier proyecto de modificación implicaría modificar la LES, con lo que además las universidades, deberían modificar sus Estatutos, facultad exclusiva de la Asamblea Universitaria, el órgano de gobierno de mayor jerarquía, en la cual están representados todos los estamentos universitarios, todo ello con el consiguiente desgaste político, e ineficacia. Estoy convencida que las energías intelectuales, académicas y de política institucional, hay que concentrarlas más que nunca, en proyectos de mejora de las debilidades conocidas y recurrentes del sistema universitario nacional.
Las fragilidades del sistema
Una preocupación sigue siendo la recomposición salarial y se enfatiza la necesidad de arribar a acuerdos oportunos entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidades Nacionales para recomponer los ingresos de los docentes y no docentes.
De los datos rigurosos, surgen líneas de mejora académicas y, en este desafío, docentes, estudiantes, no docentes y conductores, todo el acervo intelectual de la Universidad tiene que volcar sus energías, esto es política universitaria. Con eslóganes o diatribas repetitivas y en abstracto, no se resuelven los problemas; no todo depende de un presupuesto, que es finito, que también se puede ampliar a través de la gestión de programas nacionales de asignación específica de recursos económicos. La administración de los recursos presupuestarios se puede hacer más eficazmente, asignando los mismos racionalmente y fijando prioridades. Lo que hace que una crisis se pueda transformar en oportunidad. Que el futuro no nos encuentre en el pasado.
* Liliana Gray es ex docente investigadora y profesora titular en Facultad de Ciencias Agrarias Unju y UNSa.
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