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Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, marcaron un punto de inflexión en un tema tan candente como las regulaciones a las compañías tecnológicas, una cuestión que a partir de la explosión de la inteligencia artificial tiende a ocupar un lugar cada vez más prominente en la agenda política mundial. Margrethe Vestager, Comisaria de la Competencia de la Unión Europea, señaló que ambas noticias representaban "una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal".
El tribunal de Luxemburgo confirmó una sentencia contra Google que condenó a la firma a pagar una multa de 2.420 millones de dólares por prácticas monopólicas y ratificó un fallo contra Apple que obliga a la fabricante de iPhone a abonar 14.440 millones de dólares a Irlanda por la ilegalidad de un acuerdo impositivo que estimó discriminatorio para otras empresas.
Google ya lleva acumulados 9.000 millones de dólares en multas por incumplimientos de la legislación antimonopólica de la Unión Europea. La decisión del Tribunal de Justicia coincidió con un fallo del organismo regulador antimonopólico de Gran Bretaña que determinó que Google abusó de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital para restringir a la competencia.
Pero esta sentencia contra Apple introdujo también un elemento inédito notablemente significativo porque declara la nulidad de un acuerdo que la empresa había firmado con el propio el gobierno irlandés. Los magistrados señalaron que la compañía se había beneficiado indebidamente durante veinte años de dos resoluciones fiscales de las autoridades irlandesas que redujeron drásticamente sus cargas fiscales. "Irlanda concedió a Apple una ayuda ilegal que Irlanda está obligada a recuperar", dictaminó el tribunal supranacional.
La Unión Europea viene desarrollando una compleja arquitectura legal para la regulación de las plataformas digitales, iniciada en 2018 con la entrada en vigencia del Régimen General de Protección de Datos (RGPD), que obliga a las empresas a declarar la información que van a usar de los internautas y la finalidad de su uso.
La Ley de Servicios Digitales (DSA por su sigla en inglés), que está en aplicación desde el febrero de este año, estipuló otras obligaciones orientadas a aumentar la transparencia en las plataformas digitales y luchar contra la difusión de contenidos ilícitos que deberán retirar expeditivamente para no ser sancionadas.
En sus primeros seis meses de vigencia la DSA provocó investigaciones contra X por sospechas de difusión de desinformación y contra Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, para evaluar sus posibles efectos nocivos sobre los jóvenes. También obligó a Tik Tok a retirar una aplicación que pagaba por el visionado de sus videos.
Pero el próximo salto cualitativo de estos avances regulatorios en la Unión Europea sobre la actividad de las compañías tecnológicas ocurrirá en 2026 con la implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial, aprobado este año, que establece requisitos adicionales a las aplicaciones de IA en función de los posibles riesgos que ocasione su uso.
Cuando se planteó esa reglamentación, Sam Altman, consejero delegado de Open AI, advirtió que este frenesí regulatorio podría obligar a la compañía a retirarse de Europa. Sin embargo, una vez puesta en vigencia la norma, Altman aclaró que la compañía estaba dispuesta a acatar. Algo similar sucedió tiempo atrás con la discusión que precedió a la sanción del RGPD cuando Mark Zuckerbeg, fundador de Facebook, amenazó con irse de Europa pero luego optó por quedarse.
Una controversia mundial
La controversia desatada en Brasil por la prohibición de X (ex Twitter), la plataforma adquirida por Elon Musk, y la detención en Francia del multimillonario ruso Pavel Durov, fundador y director de Telegram, son indicios elocuentes de esa controversia, acicateada por el avance de la inteligencia artificial, entre las compañías tecnológicas, que revindican su libertad de acción, y los gobiernos que consideran indispensable una mayor regulación para proteger los derechos del público.
En las últimas dos décadas, las redes sociales conquistaron a la opinión pública. Alrededor de 4.500 millones de personas, o sea más de la mitad de la población mundial, son usuarias de sus servicios. En ese lapso las empresas propietarias se transformaron en enormes conglomerados con fuerte poderío económico y ascendente influencia política.
Los casos de X en Brasil y Telegram en Francia trasuntan la preocupación por este fenómeno. En Brasil la justicia penalizó el desacato de Musk a la orden de bloquear aquellos perfiles que promueven la "divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos". A partir de entonces, en las movilizaciones opositoras impulsadas por los partidarios de Jair Bolsonaro suelen verse carteles con la foto de Musk.
Ekaitz Cancela, autor de "Utopías digitales", destaca que la decisión de la Corte Suprema de Justicia brasileña "constituye el primer ejemplo de que los países latinoamericanos pueden decidir su propio futuro en la economía digital, abrir una nueva caja de herramientas regulatorias contra las tecnológicas".
Lo sucedido con Telegram, acusada en Francia de complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, y más allá de un obscuro trasfondo político vinculado con la relación entre Durov y el presidente ruso Vladimir Putin, es una severa amenaza a los propietarios de las compañías tecnológicas de que pueden ser considerados judicialmente responsables de lo que ocurra a través de sus plataformas.
En Estados Unidos la reacción ante el poderío de las grandes empresas tecnológicas no se registra tanto a nivel legislativo sino en el plano judicial, aunque con un intenso protagonismo de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), encabezada por Lina Khan, una joven abogada de 35 años, de familia paquistaní, designada en 2021 por Joe Biden, cuyo activismo judicial despertó reacciones adversas en las "hight tech".
Como resultado de ese activismo antimonopólico estimulado por la administración demócrata un reciente fallo de la justicia estadounidense, apelado por la demandada, condenó a Google por pagar alrededor de 10.000 millones de dólares a otras empresas, entre ellas Apple, para la preinstalación de su buscador Chrome en sus dispositivos electrónicos.
Simultáneamente, y también por impulso del Departamento de Justicia, están en trámite una segunda demanda contra Google por abuso de posición dominante, un juicio contra Apple por maniobras monopólicas en el mercado de los teléfonos inteligentes y un pleito contra Meta por la adquisición de firmas potencialmente competidoras.
Esta ofensiva judicial generó una respuesta en Silicon Valley. Recelosas de los afanes regulatorios de la administración Biden, la mayoría de las compañías tecnológicas, que tradicionalmente apoyaban a los candidatos demócratas, tienden a volcarse a favor de Donald Trump. La militancia de Musk, mencionado como un colaborador de un eventual gobierno del magnate republicano, fue el punto de partida de ese éxodo político.
James David Vance, el joven compañero de fórmula de Trump, es un activo capitalista de riesgo en emprendimientos de alta tecnología y un íntimo amigo de Peter Thiel, uno de los mayores inversionistas en el sector y férreo defensor de las posturas libertarias. Thiel, que anteriormente se enfrentó con Trump, ahora apoya su postulación.
De todos modos los alineamientos no son unívocos. Vance defiende la libertad de expresión de las compañías tecnológicas contra toda restricción a la difusión de sus contenidos, pero también cuestiona las prácticas monopólicas de Google y de otras empresas por considerarlas un obstáculo para el avance de la innovación en las nuevas tecnologías.
Esta confrontación, que seguramente adquirirá cada vez mayor voltaje en los próximos años, agiganta las dimensiones estratégicas de la elección presidencial estadounidense del 5 de noviembre.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico