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El histórico deterioro del control, vigilancia, y funcionamiento de la Frontera Norte, desatendida con posterioridad desde el período del post coloniaje, sucesivos ministros de Defensa y Seguridad de la Nación (y de Salta) respecto al despliegue incontrolable del narcotráfico, la trata, y el contrabando, conforman un fenómeno, tal como los advierte un artículo de Sergio Berenstein, en La Nación del viernes pasado..
El funcionamiento de la Frontera Norte fue extensamente investigado y analizado por la UCASAL conjuntamente con el Gobierno de Salta, la Cancillería Argentina, y el Consulado de Bolivia, no únicamente en lo referente al manejo fronterizo en sí, sino incluyendo lo vinculado al subdesarrollo sociocultural del territorio de frontera, su pobreza, baja densidad demográfica argentina y la cruel y antigua utilización de los bagalleros, personas que servían al intercambio comercial, mediante aporte humano directo, cargando los bultos a la espalda conteniendo los productos pertinentes para exportación claramente ilegal. Tal modalidad inhumana persiste hoy imperturbablemente, en una muestra de desatención a un régimen comercial fronterizo, con atraso e irrespeto a la dignidad humana, tanto por parte de la provincia como de la Nación, en Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Bolivia, nación integrante del Virreinato del Río de la Plata, cursa en esta mitad del S. XXI una severa y prolongada crisis nacional con un avance descontrolado, que amenaza con convertir al país como lo afirma Berenstein, en una "Nueva Afganistan", que incluye un "in crescendo" imparable del narcotráfico con conexiones a redes globales, crimen organizado, y terrorismo islámico, según resalta enfáticamente.
Esta compleja ecuación geopolítica enclava de lleno en el espacio regional del centro de América del Sur, delatando un inminente efecto peligrosísimo de proceso capaz de afectar la convivencia pacífica de la totalidad de los países limítrofes, y especialmente con la Argentina.
Esta revista actual de narcoestado, fracasado en su estructura democrática, con una economía paralizada, hiperinflación creciente y pérdida de su moneda, empobrecimiento de su población, destrucción sociopolítica, vacío de poder, incertidumbre electoral, y con innegable presencia y poder de la Guardia Revolucionaria de Irán, conforme el acuerdo con esa nación coloca a Bolivia en una verdadera bomba de tiempo con efectos activos directos gravísimos en el sector sudamericano mencionado.
La respuesta argentina hasta ahora, dentro de las medidas recientes instituyendo el Plan Güemes, y el Plan Guazurari con Brasil, no se proyecta como suficiente y eficiente, considerando el portento de la realidad boliviana infiltrada por inserción iraní, venezolana, y cubana. La frontera con Bolivia no está aún controlada dentro de tal espectro real pues prosigue el contrabando aéreo, fluvial, y terrestre, el ingreso incesante de droga, la desprotección territorial tanto en Aguas Blancas, Salvador Mazza e innumerables pasos ilegales.
El narcotráfico ya alcanzó niveles de colonización demasiado elevados en las estructuras municipales, policiales, fuerzas de seguridad federales, judiciales, y en la propia jurisdicción de administración gubernamental salteña, como es de público conocimiento. El Gobierno de Salta solicitó la Ley de Derribo y apoyó el nuevo Régimen Migratorio, importantísimas herramientas federales neutralizantes.
Si Argentina no logra una respuesta unilateral por un lado y multilateral por el otro, con la energía y eficiencia suficiente, este proceso será imparable y creciente, pudiendo desestabilizar peligrosamente tanto a su propio gobierno, como a sus instituciones, economía, y población fronteriza. En ese orden los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y la Provincia de Salta deberán afrontar conjuntamente un Plan de Seguridad mucho más efectivo y permanente, posicionando a la Frontera Norte en estado de emergencia, y salvaguardando la seguridad elemental de nuestras poblaciones fronterizas y sus territorios.