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La oposición aspira a anular el veto presidencial a la ley que aumenta y perpetúa el bono que cobran los jubilados con haberes más bajos. Como ocurre con la moratoria, el bono es financieramente costoso y socialmente injusto porque lo percibe gente que por tener otros ingresos no está en situación de vulnerabilidad.
La primera moratoria previsional fue instrumentada durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005 por DNU. En aquel entonces había 2 millones de adultos mayores en edad jubilatoria que no tenían jubilación. De ellos, según la EPH del INDEC de la época, sólo el 25% (medio millón) eran pobres. Sin embargo, como las moratorias se otorgaron de manera indiscriminada se permitió que el restante 75% (1,5 millones) que no eran pobres también accediera a jubilaciones contributivas sin haber hecho aportes. Sucesivas prórrogas, todas avaladas por el Congreso, generaron un explosivo aumento en la cantidad de jubilaciones y una previsible y profunda crisis financiera en el sistema previsional nacional.
Ante el descalabro, la estrategia -no explícita- fue licuar los haberes combinando alta inflación con manipulación de la movilidad. Como paliativo frente a licuación de los haberes, el gobierno de Alberto Fernández en el 2022 estableció por decreto un bono sólo para quienes cobran los haberes más bajos. Al igual que las moratorias, el bono se paga sin discriminar si el jubilado tiene otros ingresos. Más recientemente el Congreso sancionó una ley que aumenta el monto del bono y lo fija como permanente. El presidente vetó la ley, pero la Cámara de Diputados se apresta a confirmarla para perpetuar el bono. La realidad:
* La ANSES pagó 3,7 millones de jubilaciones mínimas.
* Del total de jubilaciones mínimas, 3,5 millones fueron obtenidas con las moratorias.
* Es decir que el 94% de las jubilaciones mínimas fueron obtenidas con las moratorias y suman además el bono.
Es decir que el bono beneficia casi en su totalidad a gente que no hizo aportes. En sentido contrario, más del 80% de la gente que se jubiló con la totalidad de aportes (no usando la moratoria porque cumplía con el mínimo de 30 años) tienen jubilaciones por encima de la mínima, no reciben bono y consecuentemente sufren de manera plena la licuación de haberes producida por la inflación y la manipulación de la movilidad. El hecho de que tanto la moratoria como el bono se otorguen sin considerar el nivel socioeconómico de la persona es muy inequitativo, aumenta a niveles insostenible el gasto público y genera incentivos a favor de la informalidad.
Las moratorias llevaron la situación financiera del sistema a una situación crítica. La razón es su diseño rudimentario que distribuye jubilaciones de manera indiscriminada tanto a adultos mayores que estaban en la pobreza (la minoría) como a gente que no era pobre porque tenía otros ingresos (la mayoría). Ante el colapso financiero, se apeló a licuar los haberes combinando alta inflación con manipulación de la regla de movilidad. Esto permitió bajar el gasto real en jubilaciones reduciendo el poder de compra de las jubilaciones. Como paliativo y de manera provisoria se estableció el bono sólo para quienes cobran el haber mínimo. La lógica subyacente era que todos los jubilados pierdan con la licuación de las jubilaciones, pero que los haberes más bajos pierdan menos. Así, se repite el mismo error que con las moratorias: el bono se otorga de manera indiscriminada a una gran cantidad de personas que no está en situación de vulnerabilidad.
El bono fue creado para paliar la licuación que impuso el desbalance financiero producido por las moratorias. Sin embargo, se otorga de manera indiscriminada haciendo que gente que no está en situación de vulnerabilidad lo cobre y aumenta a niveles insostenibles el gasto previsional. Un testimonio más del nivel extremo al que ha llegado el oportunismo y la improvisación en la política previsional.