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La decisión de esta semana de la Sala I de la Cámara Federal de Salta de revocar el sobreseimiento del camionero Héctor David Romero (acusado el año pasado del crimen) no solo reabre formalmente la investigación por la desaparición de María Cash. El fallo va más allá: reconstruye con detalle las últimas horas de la joven, describe su progresivo estado de vulnerabilidad y expone cómo la causa se desvió durante años a partir de testimonios falsos y valoraciones prematuras de la prueba.
Los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas vuelven a colocar el caso en su punto más crítico: la tarde del 8 de julio de 2011, cuando María Cash fue vista por última vez al subir al camión conducido por Romero en la rotonda de Torzalito, en General Güemes. Esa es la última secuencia comprobada.
Antes de llegar a ese momento, el fallo reconstruye minuciosamente los días previos y traza un cuadro de creciente desamparo. María Cash había iniciado su viaje el 4 de julio desde la terminal de Retiro con destino a Jujuy, sin un itinerario definido ni una red de contención clara. En los días siguientes descendió en distintas ciudades del norte del país y se desplazó de manera errática, manteniendo contactos telefónicos constantes con su familia, un dato que el tribunal interpreta como señales de inquietud y desorientación.
El martes 5 de julio, cuando bajó en Rosario de la Frontera, realizó al menos 16 llamadas telefónicas a familiares y allegados. Esa misma noche, un camionero que la trasladó hasta La Banda declaró que la joven se mostraba confundida, decía no tener dinero ni comida y realizaba comentarios incoherentes. Ese episodio marca una primera manifestación clara de desamparo material y emocional.
En el Hospital San Bernardo
La secuencia se profundiza en las horas siguientes. En la madrugada del jueves 7 de julio, María ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta. El personal médico la describió como desorientada, con la mirada perdida y con dificultades para brindar sus datos personales. Cuando fue llamada para ser atendida, no respondió y se retiró sin recibir asistencia. Ese mismo día fue vista caminando sola por inmediaciones del hospital y del centro de la ciudad, mientras dejaba sin atender más de treinta llamadas de su entorno familiar, entre ellas numerosas comunicaciones de su hermano y de su madre.
En la madrugada del viernes 8 de julio, María golpeó la puerta de una vivienda ubicada sobre avenida Monseñor Tavella y pidió refugio hasta el amanecer. La testigo declaró que la joven manifestó tener miedo, un dato que el fallo resalta de manera expresa como indicador de percepción concreta de riesgo. Horas más tarde fue vista caminando sola por General Güemes y, finalmente, hizo dedo en la rotonda de Torzalito, donde subió al camión conducido por Héctor Romero.
El camionero Romero, el último contacto
El tribunal subraya que Romero fue la última persona que tuvo contacto comprobado con María Cash, en un contexto en el que la joven se encontraba sola, sin recursos, desorientada y en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde ese momento, desapareció sin dejar rastros.
En ese marco, la Cámara dedica un tramo central del fallo a explicar cómo la investigación se desvió tempranamente. Los jueces analizan el peso que tuvieron los testimonios de Carlos Enzo Cuéllar y Carlos Hugo Cuéllar, quienes afirmaron haber visto a María con vida en el santuario de la Difunta Correa, el mismo lugar donde Romero sostuvo haberla dejado. Esas declaraciones, inicialmente valoradas como verosímiles, instalaron la hipótesis de que la joven había continuado su recorrido luego de descender del camión, alejando el foco de la última persona que estuvo con ella.
El fallo detalla que esas versiones fueron incorporadas cuando la causa aún carecía de reconstrucciones técnicas completas y de análisis exhaustivos sobre recorridos, tiempos y condiciones del lugar. A partir de allí, la pesquisa se dispersó en múltiples líneas investigativas, con más de 300 denuncias de avistamientos, búsquedas en distintas provincias, investigaciones en el exterior y, posteriormente, la hipótesis de trata de personas con fines de explotación sexual, que mantuvo el expediente durante años sin resultados verificables.
Las declaraciones de los Cuéllar desviaron todo
Con el avance de la investigación y el análisis integral de la prueba, los testimonios de los Cuéllar comenzaron a mostrar contradicciones internas, inconsistencias temporales y divergencias con otros elementos objetivos. Al ser confrontados con peritajes, datos técnicos y declaraciones de pobladores de la zona, esos relatos no lograron sostenerse. Ambos fueron imputados en 2024 por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación, aunque luego resultaron sobreseídos por prescripción de la acción penal.
La Cámara es clara al señalar que ese desenlace procesal no valida sus dichos ni neutraliza el impacto que tuvieron sobre la causa. Por el contrario, afirma que la instalación de testimonios falsos fue uno de los factores que contribuyó a dilatar y desordenar la investigación durante más de trece años, y que su caída obliga a reordenar el expediente alrededor de la última secuencia comprobada.
El fallo incorpora además una definición clave sobre el estándar de investigación. Los jueces recuerdan que el sobreseimiento en la etapa de instrucción constituye una medida excepcional, equiparable a una absolución anticipada, y que solo puede dictarse cuando existe certeza negativa sobre la inexistencia del hecho o la no participación del imputado. En este caso, sostienen, ese estándar no se alcanzó. Por el contrario, subsisten indicios que, analizados de manera conjunta, impiden clausurar definitivamente la principal hipótesis de autoría.
La resolución también advierte sobre falencias institucionales en el trámite previo al sobreseimiento, como la falta de adecuada intervención de la querella en un momento clave del proceso, y recuerda que el Estado tiene un deber reforzado de investigar la desaparición de una mujer, especialmente cuando hay vulnerabilidad.
Por qué Giménez había sobreseído al camionero
La revocatoria del sobreseimiento del camionero Héctor David Romero por parte de la Cámara Federal de Salta vuelve a poner bajo la lupa una decisión clave adoptada en mayo pasado por el Juzgado Federal N°2, a cargo de la jueza Mariela Giménez. En aquel momento, la magistrada entendió que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por homicidio calificado por alevosía en la causa por la desaparición de María Cash.
La resolución, fechada el 12 de mayo, llegó después de más de trece años de investigación, múltiples rastrillajes, pericias técnicas y la acumulación de cientos de testimonios. En ese fallo, la jueza consideró que el cuadro probatorio no permitía avanzar con una imputación penal firme y dictó el sobreseimiento de Romero, quien había sido detenido e imputado meses antes como principal sospechoso.
Según se desprende de esa decisión, uno de los argumentos centrales fue que el camionero había brindado "una versión consistente y voluntaria" de los hechos. Romero sostuvo que el 8 de julio de 2011 levantó a una joven que hacía dedo en General Güemes y que la dejó en el paraje conocido como la Difunta Correa, aunque aclaró que no pudo confirmar si se trataba efectivamente de María Cash. Para la jueza, no existían elementos objetivos que permitieran refutar ese relato.
El fallo también ponderó que, pese a los numerosos allanamientos, peritajes, análisis de telefonía celular, estudios de ADN, informes caligráficos y entrevistas a decenas de testigos, los resultados obtenidos fueron negativos o inconclusos.
Esa decisión fue duramente cuestionada por el fiscal federal Eduardo Villalba. Ese planteo fue ahora recogido por la Sala I de la Cámara Federal de Salta, que revocó el sobreseimiento y ordenó continuar con la investigación.