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Los acontecimientos venezolanos colocaron en un primer plano a dos parejas muy disimiles: el matrimonio presidencial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenido y procesado en Estados Unidos, y una dupla de hermanos, formada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su hermano mayor, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, encumbrados en el gobierno en un fenómeno que algunos analistas políticos asocian -con las obvias diferencias del caso- al que encarnan en la Argentina el presidente Javier Milei y su hermana Karina.
Descartada la hipótesis de una intervención militar directa, cuyas posibles consecuencias incluyen una estampida de millones de refugiados que podría desestabilizar a toda la región, la permanencia de la fuerza aeronaval desplegada por Estados Unidos en aguas del Caribe en la cercanía de la costa venezolana presagia que tarde o temprano los más altos funcionarios del régimen "chavista" tendrán que abandonar el país antes de ser capturados y trasladados a territorio norteamericano para ser enjuiciados por cargos de narcotráfico en la causa que con la presencia de Maduro y su mujer, se tramita ante los tribunales de Nueva York.
En términos históricos el hecho evoca a lo sucedido en 1989 con la intervención militar ordenada por el presidente George Bush padre para detener al presidente panameño Manuel Noriega, acusado por los fiscales estadounidenses de complicidad con el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Noriega fue detenido y transportado a Estados Unidos donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, una pena reducida luego a la mitad por supuesta buena conducta, aunque algunas versiones indicaron que esa rebaja obedeció a la colaboración brindada para delatar a otros socios políticos del narcotráfico.
Pero la diferencia cualitativa entre ambos episodios es que Noriega era un presidente cuya captura resolvía de cuajo el problema mientras que Maduro encabeza un régimen político que protege al narcotráfico. La causa penal es consecuencia de una investigación judicial cuya profundidad no reconoce ningún antecedente similar con algún gobierno extranjero.
La Fiscalía de Estado estadounidense ofreció 50 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro y 25 millones por el Ministro de Interior Diosdado Cabello y su colega de Defensa, Vladimir Padrino López, y otras cifras altamente tentadoras de una lista de jerarcas del régimen de Caracas. En 2025 la fiscal general Pamela Bondi anunció la incautación de 700 millones de dólares pertenecientes a firmas vinculadas con la familia de Maduro. Pero Transparencia Venezuela, filial local de Transparencia Internacional, estima que la fortuna de la familia Maduro ascendería a 3.800 millones de dólares.
La primera acusación oficial se registró en 2020 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante la administración de Joe Biden, pero el procedimiento fue congelado tras una negociación entre Washington y Caracas que incluyó el canje de unos de los principales testaferros de Maduro, Alex Saab, detenido en Estados Unidos, por tres estadounidenses presos en Venezuela, así como el compromiso del régimen "chavista" de convocar a elecciones presidenciales en 2024.
El "Cártel de los Soles" fue la etiqueta periodística empleada en principio para enjuiciar a Maduro, aunque ahora fue retirada del expediente judicial por la acusación. Un documento de InSigth Crime, una organización no gubernamental especializada en la lucha contra el crimen transnacional, aclaró que esa organización tiene una estructura bastante horizontalizada, sin una unidad de mando reconocida, y que en todo caso forma parte de un vasto conglomerado delictivo que funciona con protección del régimen de Caracas, en el que se destaca el llamado "Tren de Aragua", asociado a algunos grupos de la guerrilla colombiana.
La conexión colombiana
En la protección operativa del tráfico de estupefacientes cumpliría un papel relevante Vladimir Padrino López, quien ocupa el Ministerio de Defensa desde 2014, un año después de la muerte de Chávez, que en julio de 2012 lo había designado vicecomandante del Ejército y jefe del Estado Mayor. Con Maduro, Padrino López asumió el control del llamado "Arco Minero", que comprende los estados sureños de Bolívar y Amazonas, en la frontera con Colombia, una región estratégica para los desplazamientos del narcotráfico.
Las investigaciones judiciales otorgaron también un rol protagónico a Cilia Flores, esposa de Maduro, oficialmente designada "Primera Dama Combatiente". Flores ya había desempeñado funciones relevantes en el gobierno de Chávez. Fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011 y Procuradora General entre 2012 y 2013.
La participación de la "primera dama" ya había aparecido asociada al escándalo de los "narco-sobrinos", Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Fleitas, detenidos por la DEA en Haití en 2015 por tráfico de drogas, sentenciados por la justicia estadounidense y liberados en 2022 tras otro intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
Los investigadores recibieron un aporte de inestimable valor con las revelaciones del general Armando Carvajal Barrios, más conocido como "Pollo Carvajal", ex Director General de Contrainteligencia Militar en el período 2002-2011 con Chávez y 2013-2014 con Maduro, que huyó de Venezuela y fue extraditado en 2023 a Estados Unidos. Carvajal admitió haber participado de una reunión en 2005 entre Chávez y sus allegados, a quienes ordenó que ayudasen al traslado de la cocaína traficada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La información dada por Carvajal patentizó la vinculación entre el régimen de Caracas y la guerrilla colombiana, intensificada tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Bogotá y la conducción de las FARC que motivaron la aparición de grupos disidentes que se volcaron plenamente al narcotráfico.
Una derivación insospechada de las revelaciones de Carvajal, sindicado como el posible "testigo estrella" en el proceso contra Maduro, puede detonar escándalos políticos en otros países.
El ex jefe de inteligencia declaró que la valija con 700.000 dólares en efectivo interceptada en 2007 en la Aduana de Buenos Aires transportada por el venezolano Guido Antonini Wilson en un avión en que viajaban funcionarios argentinos era parte de una veintena de maletines similares con los que Chávez había contribuido a financiar la campaña de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007. En sus últimos años Maduro apostó por una liberalización de la economía que beneficia a la "boli-burguesía", un neologismo que alude a los grupos económicos surgidos de los negocios con el Estado, que incursionan en el contrabando y la minería clandestina y en los que participa la casi totalidad de la cúpula castrense. Ese viraje fue motorizado desde el Ministerio de Economía por Delcy Rodríguez, la presidente interina, y su hermano Jorge Rodríguez, reelecto presidente de la Asamblea Nacional.
La legalización en 2014 de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), a semejanza del modelo implementado en China a partir de la apertura de 1979, y la creación de las "Zonas de Paz", bajo el control de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, facilitaron el desarrollo de "zonas liberadas" para las actividades ilícitas.
Un lapidario estudio de Transparencia Venezuela puntualiza que "el seguimiento a las economías ilícitas y de las organizaciones criminales en Venezuela, el análisis del entorno político y social en que se desarrollan, la estimación del poder que detentan, así como la investigación sobre su capacidad de adaptación permiten corroborar la relación simbiótica que existe entre agentes delictivos e instituciones del Estado venezolano, una fase a la que se llega cuando la interdependencia del crimen organizado con el sistema político y económico es tal que las fronteras son tenues y los actores participan como una corporación política-burocrática-económica-criminal".
Ese intrincado entramado empieza a ser enjuiciado en Nueva York. Si algo faltaba para mostrar su notable singularidad, corresponde mencionar el trascendido difundido en un reciente reportaje periodístico a Gustavo Ferrari Wolfenson, un argentino residente en México experto en el tema del narcotráfico, quien reveló que la fiscalía estaría en tratativas con "Chapito" Guzmán, hijo del legendario narcotraficante azteca actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, para que declare en el tribunal sobre la relación entre Maduro y el cártel de Sinaloa.