inicia sesión o regístrate.
En un contexto de fuertes transformaciones institucionales, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, destacó la importancia del diálogo entre los poderes del Estado, explicó el complejo proceso para completar la integración del tribunal con nueve miembros y fijó una postura clara respecto de los debates políticos que podrían llegar a la órbita judicial. La presidenta del máximo tribunal salteño habló sobre el proceso para completar la integración de la Corte de Justicia, los profundos cambios que atraviesa el Poder Judicial y el rol institucional que tendrá el cuerpo ante eventuales definiciones de alto impacto político, como una posible discusión judicial sobre la reelección del gobernador. "Somos la última instancia en la provincia. Cada tema que llega a la Corte se analiza con mucha dedicación y responsabilidad", subrayó.
Ud mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, y el secretario de Justicia, Javier Mónico. ¿Cómo se inscribe ese encuentro en el actual contexto político e institucional de la provincia?
Fue una reunión de carácter institucional, de presentación y de inicio de un diálogo necesario. Tanto el ministro como el secretario son nuevos en sus funciones y vinieron a la Corte con la intención de comenzar una articulación entre los poderes del Estado. Este diálogo se da en un contexto muy particular, con una Justicia que está atravesando profundas transformaciones y con una agenda institucional cargada de temas sensibles.
¿Esa articulación cobra mayor relevancia teniendo en cuenta los debates políticos que se avecinan?
Sin dudas. Cuando se habla de articulación no se habla de subordinación, sino de coordinación institucional. La Justicia tiene su rol independiente, pero hay muchos aspectos que requieren diálogo, especialmente cuando se están implementando reformas estructurales. Es importante que cada poder conozca qué está haciendo el otro, siempre respetando los límites constitucionales.
Usted mencionó que la Justicia atraviesa un momento de cambios profundos. ¿Cuáles son los más relevantes hoy?
Estamos en un proceso de transformación muy amplio. En febrero entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, estamos trabajando con el servicio penitenciario, estamos modificando el funcionamiento interno de los juzgados, incorporando tecnología, expediente digital, notificaciones electrónicas e incluso herramientas de inteligencia artificial. Todo esto ocurre en un contexto de alta demanda social hacia la Justicia.
En ese marco, ¿qué implica el nuevo Código Procesal Penal para la ciudadanía?
Implica una Justicia más visible y más rápida. Todo se resuelve en audiencias orales, con las partes frente al juez. Se acortan los tiempos, se evita el exceso de trámites escritos y se logra mayor inmediatez. Es un cambio cultural fuerte, pero apunta a responder a un reclamo histórico de la sociedad: que la Justicia sea más eficiente.
Además, este año comenzará a implementarse el juicio por jurados. ¿Qué lectura política e institucional hace de esta incorporación?
El juicio por jurados no solo es un cambio procesal, también es un mensaje institucional. La sociedad participa directamente en la administración de justicia en los casos más graves. En todas las provincias donde se ha implementado, los resultados han sido positivos. Refuerza la legitimidad del sistema y acerca la Justicia a la ciudadanía.
Pasando al plano de la Corte de Justicia, hoy el tribunal funciona con siete miembros, pero se encamina a completarse con nueve. ¿Cómo se vive ese proceso internamente?
Con mucha responsabilidad y con plena conciencia del momento institucional que atraviesa la provincia. La ampliación de la Corte no es un hecho menor. Se trata de completar la integración del máximo tribunal en un contexto donde pueden llegar causas de enorme trascendencia política e institucional.
Con nombres ya confirmados para el reemplazo de los magistrados salientes¿Puede explicarnos cómo será el proceso de designación de los nuevos jueces?
Es un proceso previsto por la Constitución y la ley. Se publican los antecedentes de las personas propuestas por el Poder Ejecutivo, se abre un período para que la ciudadanía presente adhesiones u objeciones, luego los pliegos se elevan al Senado, que debe prestar acuerdo. Si el Senado lo hace, el Poder Ejecutivo dicta el decreto de designación y finalmente se toma juramento en la Corte. Estimamos que este trámite será para marzo. Es un mecanismo que buscaransparencia y participación.
En el ámbito político se especula que la conformación de una Corte de nueve miembros se da en un año clave, donde podría judicializarse la discusión sobre la reelección del gobernador Gustavo Sáenz. ¿Cómo impacta ese debate dentro del tribunal?
La Corte no se mueve por especulaciones políticas. No hablamos en abstracto sobre cuestiones que no han llegado a nuestra resolución. No corresponde que un juez, y menos un juez de la Corte, emita opiniones anticipadas sobre temas que podrían eventualmente ser objeto de análisis judicial.
Pero es un debate que atraviesa hoy a la política salteña. ¿La Corte toma nota de ese contexto?
La Corte es consciente del contexto institucional y político en el que trabaja, pero eso no condiciona su función. Nuestro rol es aplicar la Constitución y las leyes. Si un tema llega a la Corte, se lo estudia con profundidad, con rigor técnico y sin ningún tipo de presión externa.
En caso de que la reelección del gobernador llegue a la Corte, ¿qué puede esperar la sociedad?
Puede esperar un análisis serio, responsable y ajustado a derecho. Somos la última instancia en la provincia y eso implica una enorme responsabilidad. Cada decisión que toma la Corte tiene impacto institucional y por eso se trabaja con extremo cuidado.
Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes observan con atención la integración de la Corte y su rol en este momento político?
Que confíen en las instituciones. La Corte de Justicia de Salta tiene jueces con trayectorias sólidas, independencia y compromiso con la Constitución. Nuestro deber es garantizar seguridad jurídica, más allá de los climas políticos del momento.