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La Justicia Federal que funciona en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, que abarca las provincias de Salta y Jujuy, atraviesa una situación de vacancias estructurales que alcanza a juzgados, fiscalías, tribunales orales y defensorías públicas. En algunos sectores del sistema judicial los cargos sin cubrir superan el 30%, mientras que en otros se advierte la falta de nuevas designaciones, pese al aumento de causas y a la complejidad del delito en la región.
El panorama se refleja con claridad en los juzgados federales de primera instancia. En toda la jurisdicción existen seis juzgados: dos en la ciudad de Salta, dos en Jujuy, uno en Orán y uno en Tartagal. De esos seis cargos, solo cuatro están ocupados por jueces titulares.
Juzgado Federal Nº2 y Cámara de Apelaciones
Uno de los puestos vacantes corresponde al Juzgado Federal N°2 de Salta. El otro es el del Juzgado Federal de Tartagal, que permanece sin titular desde el fallecimiento del juez Carlos Martínez Frugoni en 2022. Ambos cargos se encuentran cubiertos de manera provisoria mediante subrogancias, lo que implica que un tercio de los juzgados federales de la región funciona sin juez designado de manera definitiva.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta también presenta una vacante. El tribunal cuenta con seis cargos de jueces, pero actualmente solo cinco están ocupados por magistrados titulares.
La situación se repite en los tribunales orales federales. En Salta existen seis cargos de jueces para los tribunales orales, de los cuales cuatro están cubiertos y dos permanecen vacantes. En Jujuy, el único tribunal oral federal tiene tres cargos, pero solo dos están ocupados, por lo que también hay una vacante.
Fiscalías con cargos sin cubrir
A las vacancias en los juzgados se suman situaciones de cobertura en el Ministerio Público Fiscal. En la jurisdicción federal del norte existen fiscalías con cargos sin cubrir o con situaciones transitorias que se prolongan desde hace años.
Uno de los casos señalados por fuentes judiciales es el de la Fiscalía Federal de Orán, que anteriormente estuvo a cargo del fiscal José Luis Bruno, actualmente bajo investigación. Tras su apartamiento, el cargo quedó en una situación de cobertura transitoria que aún no tiene una definición definitiva.
También se menciona la situación del fiscal federal Francisco Snopek, quien fue trasladado a la jurisdicción de Jujuy luego de denuncias por violencia laboral, lo que generó cambios en la estructura de funcionamiento de la fiscalía en la región.
Situación en el norte
Además, fuentes del sistema judicial señalaron que la Fiscalía Federal de Tartagal también presenta problemas de cobertura, aunque su situación administrativa depende de definiciones pendientes dentro del Ministerio Público Fiscal.
Las dificultades de cobertura alcanzan además al Ministerio Público de la Defensa. Según datos relevados en el propio sistema judicial, en la jurisdicción federal que abarca Salta, Orán, Tartagal, Jujuy y Libertador General San Martín existe aproximadamente un 35% de vacancia en los cargos de defensores públicos oficiales.
En Salta capital, donde por ley deberían funcionar tres defensorías públicas oficiales, una se encuentra vacante. En Tartagal el cargo de defensor también está sin cubrir, mientras que la defensoría de Orán está ocupada. En Jujuy, en cambio, las dos defensorías de primera instancia se encuentran cubiertas. A este cuadro se suma la subjurisdicción de Libertador General San Martín, prevista en la estructura judicial federal pero que aún no fue habilitada, lo que implica que tampoco se activó el cargo de defensor correspondiente.
Las fuentes consultadas señalaron además que varias de estas vacantes ni siquiera cuentan con concursos abiertos para su cobertura, lo que prolonga el sistema de subrogancias y dificulta la normalización institucional.
Otro reclamo
A la falta de cobertura de cargos existentes se suma otro reclamo que atraviesa al sistema judicial federal del norte: la necesidad de ampliar la estructura de jueces y fiscales para responder a la creciente carga de trabajo por delitos complejos.
En los últimos años, con la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal, el rol de los fiscales y de los jueces de garantías se volvió central en la investigación penal. Sin embargo, distintos actores del sistema advierten que la cantidad de cargos sigue siendo insuficiente para una región atravesada por fenómenos criminales complejos vinculados al narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado en la frontera.
Quienes trabajan en el sistema señalan que la actividad en las fiscalías y juzgados de garantías es prácticamente permanente. "Los fiscales y los jueces de garantías están prácticamente las 24 horas trabajando", indicaron fuentes judiciales, que además remarcaron que faltan cargos para afrontar el volumen de investigaciones.
El domingo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno avanzará en la implementación del sistema acusatorio federal en todo el país. En ese contexto, Salta aparece como una de las jurisdicciones pioneras en la aplicación de este modelo.
Déficit a nivel nacional
El debate sobre la estructura judicial también se da en un contexto de fuerte déficit de magistrados a nivel nacional. Actualmente existen 203 vacantes de jueces federales cuyos pliegos se encuentran en manos del Poder Ejecutivo, mientras que 157 vacantes están en trámite en el Consejo de la Magistratura y 78 concursos continúan en proceso de selección.
Dentro del ámbito judicial se advierte que la normalización del sistema requiere no solo cubrir las vacantes existentes, sino también avanzar en la creación de nuevos cargos de fiscales y jueces para fortalecer la capacidad de investigación en regiones sensibles como la frontera norte.
La comparación con otras regiones del país también alimenta el debate. Durante el gobierno anterior se dispuso un fuerte refuerzo de la estructura judicial federal en Rosario, donde se crearon cerca de 20 nuevos cargos de fiscales y varios puestos adicionales de jueces para enfrentar la crisis de violencia vinculada al narcotráfico. En contraste, en el norte argentino -una región clave por su condición de frontera- no se produjeron ampliaciones de estructura de esa magnitud, pese al crecimiento de las causas vinculadas al crimen organizado.