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Escribo estas líneas con una preocupación que ya no es individual sino social: el avance silencioso —y muchas veces impune— de lo que podríamos llamar "cobradores buitres". Empresas o estudios que, bajo la apariencia de una gestión legítima de cobro, despliegan prácticas que rozan —y a veces atraviesan— los límites de la legalidad y la dignidad humana.
Nadie discute el derecho de un acreedor a reclamar lo que le corresponde. El crédito es parte esencial del sistema económico. Pero otra cosa muy distinta es perseguir, hostigar o intimidar a personas cuya deuda ha prescripto, que jamás contrajeron obligación alguna o que han sido víctimas de robo de identidad y fraude financiero. Allí ya no hablamos de derecho de crédito: hablamos de abuso.
En los últimos años se multiplicaron los casos de ciudadanos que reciben llamados insistentes, mensajes intimidatorios y correos electrónicos amenazantes por supuestas deudas. Algunas son antiguas y legalmente extinguidas. Otras simplemente no existen. En muchos casos, la situación es aún más grave: alguien obtuvo créditos utilizando datos personales robados y ahora la víctima, además de sufrir el delito original, debe soportar el acoso de empresas de cobranza que actúan como si la responsabilidad fuera indiscutible.
El mecanismo suele repetirse. Llamados a cualquier hora. Contactos a familiares o lugares de trabajo. Advertencias sobre supuestas acciones judiciales inminentes que rara vez se concretan. Lenguaje técnico que busca generar miedo. Todo diseñado para que la persona, agotada o confundida, pague "para terminar con el problema", aun cuando no corresponde hacerlo.
Tecnicismo
El derecho reconoce la prescripción como una institución fundamental. No es un tecnicismo caprichoso: es una garantía de seguridad jurídica. Si una deuda prescribió, el Estado ha decidido que ya no puede ser exigida judicialmente. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas continúan reclamándola extrajudicialmente, apostando al desconocimiento del ciudadano común. Se aprovechan de la asimetría de información y del temor.
"Se multiplican los mensajes intimidatorios y correos amenazantes por deudas inventadas".
Más preocupante aún es la situación de quienes sufren robo de identidad. En la era digital, obtener datos personales no es difícil. Con esa información, delincuentes solicitan préstamos o tarjetas. Cuando la entidad financiera detecta mora, deriva el "crédito" a un estudio de cobranza. Y comienza la pesadilla para quien jamás firmó nada. Hoy, el camino para denunciar, frenar el acoso y limpiar el historial es lento, burocrático y desgastante. No existe un mecanismo ágil, un canal único, una respuesta inmediata que proteja a la víctima.
La carga de la prueba parece invertirse. El ciudadano debe demostrar que no debe. Debe iniciar reclamos ante la entidad financiera, ante organismos de defensa del consumidor, eventualmente ante la justicia. Mientras tanto, el teléfono sigue sonando. Los mensajes siguen llegando. La presión continúa.
Aquí es donde el debate sobre la regulación de la cobranza extrajudicial se vuelve imprescindible. No se trata de impedir el cobro legítimo. Se trata de establecer límites claros: horarios razonables, prohibición de contactar a terceros ajenos a la deuda, obligación de acreditar fehacientemente el origen del crédito antes de exigir pago, sanciones efectivas frente al hostigamiento y, sobre todo, un procedimiento rápido para que quien niega la deuda pueda suspender de inmediato cualquier gestión hasta que se esclarezca la situación.
Digno
El concepto de trato digno no es retórico. Está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. La dignidad no se suspende por una supuesta deuda. Mucho menos cuando esa deuda es inexistente o está extinguida. La presión psicológica como herramienta de cobro no puede naturalizarse.
Además, el Estado tiene una deuda pendiente: crear un sistema accesible y eficiente para denunciar estas prácticas. Un trámite digital simple. Un registro de empresas habilitadas. Un canal donde el ciudadano cargue su reclamo y, automáticamente, se suspendan las acciones de cobranza hasta verificar la legitimidad del crédito. Hoy, esa herramienta no existe de manera clara y unificada.
No podemos aceptar que el miedo sea una estrategia comercial. No podemos normalizar que adultos mayores, trabajadores o pequeños comerciantes paguen sumas que no deben solo para recuperar la paz. La economía necesita reglas. El crédito también. Pero el límite siempre debe ser la dignidad humana.
Regular no es obstaculizar. Es equilibrar. Es recordar que el derecho del acreedor termina donde comienza el derecho fundamental del ciudadano a no ser acosado.
Si algo caracteriza a una sociedad madura es la capacidad de proteger al más vulnerable frente a estructuras más poderosas. En esta materia, todavía estamos en deuda. Y esa, paradójicamente, sí es una deuda que no debería prescribir.