inicia sesión o regístrate.
Durante más de dos décadas, la educación argentina ha recorrido un camino preocupante. Los resultados de aprendizaje no sólo no mejoran: en muchos casos, empeoran. Las evaluaciones nacionales e internacionales coinciden en un diagnóstico incómodo pero ineludible: estamos frente a una crisis profunda, persistente y, sobre todo, estructural.
En este contexto emerge el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por Javier Milei, que propone un cambio de paradigma. La iniciativa despierta expectativas, pero también interrogantes. Para dimensionar su alcance, resulta necesario mirar el punto de partida. La actual Ley de Educación Nacional N.º 26.206 fue promulgada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto de reconstrucción institucional posterior a la crisis de 2001, con el objetivo de fortalecer el rol del Estado y consolidar la educación como derecho social. A partir de su implementación, se amplió la obligatoriedad hasta la finalización del nivel secundario, se redefinió la estructura académica de los niveles educativos, se estableció el carácter obligatorio de las resoluciones del Consejo Federal de Educación -reforzando la coordinación nacional- y se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), orientado a mejorar la calidad y coherencia de la formación docente en todo el país. Se trató, en su momento, de una reforma estructural que buscó ordenar y expandir el sistema.
Casi dos décadas después, el nuevo proyecto propone revisar ese esquema, porque es evidente que los resultados de aprendizaje dan cuenta que lo que se proponía y legisló, no funcionó. Los diagnósticos de la realidad educativa abundan, pero las propuestas de solución o mejora son escasas.
Resultados del sistema actual
El punto de partida son los datos. Las pruebas Aprender y las evaluaciones internacionales de la OCDE, a través del programa PISA, muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes. Y no se trata de un problema aislado: atraviesa todos los niveles del sistema.
En primaria, los resultados recientes son alarmantes: apenas el 45% de los alumnos de tercer grado alcanza niveles satisfactorios en lectura. Es decir, más de la mitad no comprende textos adecuados para su edad. Este dato no es menor: la comprensión lectora constituye la base sobre la cual se construyen todos los aprendizajes posteriores. Cuando esta habilidad falla en los primeros años, las dificultades se acumulan y condicionan toda la trayectoria educativa.
En secundaria, la situación no solo se mantiene, sino que se agrava. En Lengua, el 43% de los estudiantes se ubica en niveles bajos o insuficientes. En Matemática, el deterioro es aún más marcado: mientras que en 2013 el 65% estaba por debajo del nivel básico, en 2024 ese porcentaje asciende al 82%. Es decir, no solo no hubo mejoras, sino que se consolidó una tendencia regresiva.
Pero el problema no se limita a los resultados aislados de aprendizaje, sino que se profundiza cuando se analizan las trayectorias educativas completas. En Argentina, solo el 53% de los estudiantes logra finalizar la escuela secundaria en el tiempo teórico previsto; en Salta, ese porcentaje desciende al 43%. Sin embargo, el dato más preocupante surge al cruzar estas trayectorias con los niveles de aprendizaje: apenas el 16% de los estudiantes en el país y solo el 11% en Salta logra completar sus estudios en tiempo y forma alcanzando niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática.
Este escenario también invita a revisar decisiones estructurales del pasado. A partir de la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias - consolidada en los años noventa mediante la Ley 24.049 - la responsabilidad de la educación primaria y secundaria quedó en manos de los gobiernos provinciales. Si bien esta medida buscaba acercar la gestión a las realidades locales, en la práctica no logró revertir las desigualdades ni mejorar los resultados, especialmente en jurisdicciones con menores recursos. El caso de Salta es ilustrativo: lejos de observarse una mejora sustantiva, los indicadores actuales muestran mayores dificultades en términos de trayectorias completas y aprendizajes efectivos, lo que refuerza la idea de que la descentralización, por sí sola, no garantiza mejores resultados si no está acompañada de capacidades institucionales, planificación estratégica y mecanismos eficaces de articulación y control.
Los objetivos planteados por la Ley de Educación Nacional 26.206 no se están cumpliendo. No se trata solo de garantizar acceso o permanencia, sino de asegurar aprendizajes efectivos, y allí el sistema muestra su mayor debilidad; lejos de garantizar igualdad de oportunidades, las impide. Ahora bien, ¿quiénes integran ese reducido 16% que logran completar sus estudios en tiempo y forma? El análisis permite advertir un patrón preocupante: el 63,7% de estos estudiantes asiste a escuelas de gestión privada. Además, al observar su origen socioeconómico, la concentración es evidente: de cada 16 estudiantes que alcanzan estos niveles, 8 pertenecen al tercio más alto, 5 al nivel medio y apenas 3 al más bajo.
En otras palabras, el sistema educativo no solo no corrige las desigualdades de origen, sino que tiende a reproducirlas y, en muchos casos, a profundizarlas. Es lo que diversos especialistas denominan "efecto cuna": las desigualdades sociales se traducen en desigualdades educativas. El resultado es un sistema que, lejos de igualar oportunidades, termina consolidando las brechas.
Cuando se incorpora la variable socioeconómica, la desigualdad se vuelve evidente. En los sectores más vulnerables, el 94% de los estudiantes no alcanza niveles básicos en Matemática. Lejos de compensar las brechas, el sistema educativo parece reproducirlas.
Las evaluaciones internacionales confirman este escenario. En PISA 2022, Argentina se ubica entre los países con menor desempeño, incluso por debajo de varios países de la región. No es coyuntura: es una tendencia de largo plazo.
El problema tampoco termina en la educación obligatoria. En el nivel universitario, la tasa de retención en el primer año apenas supera el 57%, lo que implica que casi uno de cada dos estudiantes no logra sostener su trayectoria. A esto se suma una baja tasa de graduación en tiempo teórico, que ronda el 23%. El sistema expulsa más de lo que logra consolidar.
La pregunta crucial ¿qué falló?
Durante años se apostó a más inversión y a mejoras en las condiciones del sistema. Argentina se propuso destinar más del 6% de su PBI a educación y presenta ratios de alumnos por docente favorables en comparación internacional. Sin embargo, los resultados no acompañaron ese esfuerzo.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone pasar de un modelo altamente centralizado a otro basado en mayor autonomía institucional y rendición de cuentas. No se trata de "más libertad", sino de un rediseño del sistema de gobernanza. Apunta a la gestión misma del sistema.
Elinor Ostrom, primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en 2009, estudió cómo funcionan los sistemas complejos. Sostiene que ni el control centralizado del Estado ni la lógica pura del mercado garantizan buenos resultados por sí solos. Propuso, en cambio, una tercera vía: sistemas donde múltiples actores participan en la toma de decisiones, pero bajo reglas claras y mecanismos efectivos de control.
La idea es simple pero profunda: los sistemas funcionan mejor cuando combinan autonomía con responsabilidad. "Los sistemas que dependen exclusivamente de una autoridad central son menos capaces de adaptarse a la complejidad del mundo real, que aquellos donde múltiples centros de decisión interactúan con reglas compartidas".
Países como Finlandia, Singapur, Canadá o los Países Bajos han logrado buenos resultados combinando autonomía escolar con estándares comunes y sistemas de evaluación exigentes. Incluso en modelos más orientados a la competencia, como escuelas en EEUU, la clave no ha sido la libertad en sí misma, sino su articulación con reglas claras y responsabilidad por los resultados.
Esto permite salir de una falsa dicotomía que suele dominar el debate: Estado o mercado, control o libertad. La experiencia comparada muestra que los sistemas más eficaces no eligen entre uno u otro, sino que logran equilibrarlos.
La propuesta
Ahora bien, ¿qué implica este enfoque? En primer lugar, mayor autonomía para las instituciones: capacidad de decisión en la gestión, en el uso de recursos y en la organización pedagógica. También supone empoderar a las familias, otorgándoles información y opciones reales. Y, al mismo tiempo, exige mecanismos claros de evaluación, transparencia y seguimiento de resultados. ¿Está preparado el sistema para este cambio de paradigma?
La rendición de cuentas no debe entenderse como castigo, sino como una herramienta para mejorar. Sin información confiable y sin incentivos adecuados, la autonomía pierde sentido. Pero sin autonomía, el sistema se vuelve rígido e incapaz de adaptarse.
El desafío, sin embargo, no es menor. La autonomía sin capacidades puede ampliar desigualdades, y el control sin acompañamiento puede generar efectos adversos. Por eso cualquier reforma requiere fortalecer instituciones, profesionalizar gestión y construir sistemas de información sólidos.
El cambio de paradigma que se propone abre una oportunidad. No ofrece soluciones mágicas ni resultados inmediatos, pero sí invita a repensar un modelo que claramente muestra signos de agotamiento.
La historia reciente deja una lección clara: hacer más de lo mismo no alcanza. Tal vez haya llegado el momento de animarse a algo distinto. Un sistema que confíe más en sus instituciones, que exija resultados y que, sobre todo, vuelva a poner a los estudiantes en el centro, porque, en definitiva, no se trata solo de una ley. Se trata del futuro.