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El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado celebrada ante la Sala 7 del Tribunal de Juicio en la que el contador público Juan Ramón Maizares fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado.
La intervención de UDEC se inició a finales de enero de 2022, cuando Lucrecia Fátima Cintioni, quien ocupaba el cargo de administradora general del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, presentó una denuncia por la sustracción de caudales públicos .
La irregularidad fue descubierta cuando un proveedor reclamó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que el sistema de la SAF mostraba que la misma había sido realizada en una fecha específica. Al investigar Cintioni descubrió que el dinero había sido depositado en la cuenta personal de Maizares, quien posteriormente efectuó el pago al proveedor desde su propia cuenta y no desde la cuenta oficial del Gobierno.
La investigación reveló al menos ocho maniobras similares, todas realizadas con el mismo método y aparentemente conectadas entre sí. En la acusación, la UDEC sostuvo que Maizares desvió los fondos para su beneficio personal, manipulando un archivo de texto generado automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable. Se reveló que Maizares se desempeñaba en la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de Salta.