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La violencia grupal que conmocionó a Aguaray el pasado 23 de noviembre, cuando un joven fue brutalmente golpeado en plena vía pública, dio un giro decisivo en la investigación judicial. La causa, que inicialmente había sido imputada como lesiones agravadas, ahora avanza hacia una figura mucho más grave: homicidio en grado de tentativa. La víctima, Federico Antonio Villagra, de 33 años, continúa internado en estado crítico, sometido a intervenciones quirúrgicas y con pronóstico reservado, lo que llevó al fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, a ampliar la acusación y remitir el caso a la Fiscalía Penal Especializada (GAP).
El ataque ocurrió alrededor de las siete de la mañana en la intersección de la avenida Celso Testa con la avenida Mariano Moreno, en Aguaray. Según la investigación, Villagra fue sorprendido por un grupo de hombres que lo golpeó con una violencia extrema: recibió patadas y golpes con un palo hasta quedar inconsciente en la calle. Tras la agresión, los atacantes huyeron en un vehículo. Fue una joven quien lo encontró agonizante y alertó a su padrastro, que lo trasladó de inmediato al domicilio familiar. Con múltiples lesiones, pérdida de sangre y dificultades respiratorias evidentes, la familia lo llevó primero al hospital de Aguaray, luego al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y finalmente al Hospital de Orán, donde los médicos identificaron coágulos internos, un severo trauma torácico, contusiones pulmonares bilaterales y la sospecha de fracturas costales. Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, y ya fue sometido a tres cirugías.
Mientras tanto, la fiscalía reunió un conjunto de pruebas que modificaron por completo el enfoque inicial de la causa. Tres jóvenes habían sido detenidos e imputados preliminarmente por lesiones agravadas en grado de autor y en banda, pero la incorporación de testimonios, pericias y material audiovisual llevó al fiscal Cazón a sostener que la agresión tuvo características compatibles con un intento de homicidio. Varias cámaras de seguridad registraron movimientos clave de dos de los imputados, Jesús Ortega y Sebastián Reinaga, tanto en las inmediaciones del drugstore “Damon” como en el kiosco “El Ángel”. En uno de los videos se los observa realizando gestos que simulan golpes, mientras conversaban sobre lo ocurrido. En otro registro se los ve alejándose del lugar del ataque y dejando a la víctima tirada debajo de un camión. La policía sumó, además, un audio en el que se escucha a Villagra intentar responder, aunque con poca claridad debido a su estado.
Un testigo fundamental, Mario Ferreyra, declaró que al día siguiente escuchó a Ortega y Reinaga describir cómo habían golpeado a Villagra. Otro testigo, Michel Bacha, corroboró esa versión. A estas declaraciones se añadió un tercer audio incorporado al expediente que registra una comunicación entre Ortega y Juan Ricardo Llanos, alias “Sancudo” o “Unca”, quien permanece prófugo y tiene pedido de captura vigente. Las pericias del CIF también resultaron determinantes: criminalística realizó un procedimiento con luminol en la camioneta secuestrada, mientras que el CIF Orán concluyó que las lesiones de Villagra fueron producidas por golpes aplicados con un objeto romo y contundente, lo que agrava aún más el cuadro.
Frente a todas estas evidencias, el fiscal Cazón resolvió reclasificar la causa como homicidio en grado de tentativa agravado, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y lesiones graves y gravísimas, en grado de coautores. Con esta nueva imputación, los acusados son Ortega, Reinaga, Jorge Antonio Galván y Llanos, este último aún prófugo. La fiscalía solicitó, además, la prórroga de prisión preventiva para los detenidos y remitió a la Fiscalía Penal Especializada un legajo que ya supera las 186 fojas.
La evolución clínica de Villagra continúa siendo delicada y representa uno de los elementos centrales que sostienen el agravamiento de la imputación. El avance de la investigación, impulsado por testimonios, cámaras, audios y pericias, traza un escenario judicial cada vez más comprometido para los acusados, mientras el Ministerio Público Fiscal intenta determinar si el ataque no solo fue planificado, sino ejecutado con la intención concreta de matar.