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En un impactante operativo realizado en Salvador Mazza por parte de la Aduana Argentina, la Justicia Federal imputó a cuatro personas por contrabando agravado de aceite de soja hacia Bolivia. El grupo habría logrado exportar ilegalmente más de 2,4 millones de dólares en mercadería entre 2022 y 2024, utilizando mangueras conectadas entre camiones cisterna en Argentina y Bolivia. El jefe de la organización fue acusado además de intento de homicidio agravado por disparar contra un comandante de Gendarmería, fuerza que colaboró en el caso, durante el allanamiento de su domicilio.
La investigación, iniciada en enero de este año, fue llevada adelante por la Fiscalía de Distrito de Salta, encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba, junto a la Dirección General de Aduanas y en colaboración con la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional. El resultado fue presentado en audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
Según los fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, el contrabando se realizaba desde un inmueble conocido como “Don Ramón”, en Salvador Mazza, hasta un predio fronterizo llamado “El Chorro”, donde se conectaban mangueras con camiones del lado boliviano. Se estima que más de 30 toneladas de aceite fueron traspasadas en su última maniobra, utilizando documentación falsa emitida por una firma fantasma de Santa Fe.
Sorprendieron a dos personas in fraganti
En el operativo del viernes pasado, dos de los integrantes fueron sorprendidos in fraganti mientras pasaban aceite a Bolivia. En simultáneo, otro de los acusados fue detenido en su domicilio.
La situación más crítica ocurrió durante la detención del presunto líder de la banda. Al momento del allanamiento, F.S.G. abrió fuego con una pistola 9 mm contra el comandante de Gendarmería, impactándole en el antebrazo. El proyectil atravesó el brazo del oficial y quedó alojado en el chaleco antibalas. Gracias a la rápida reacción de sus compañeros, el atacante fue reducido sin más lesionados.
Las autoridades estiman que el perjuicio fiscal por derechos de exportación no abonados supera los 720.000 dólares, sin contar la pérdida por la falta de ingreso de divisas al sistema financiero formal.
Los cuatro detenidos fueron imputados por el delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes, mientras que el jefe fue acusado además por tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario público. El juez otorgó la prisión preventiva para los implicados y autorizó nuevas medidas de investigación.