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La segunda jornada de audiencias contra funcionarios del Servicio Penitenciario local, internos y familiares se llevó a cabo este martes en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta capital. El tribunal colegiado escuchó a funcionarios del Ministerio Público Fiscal que llevaron a cabo la investigación para desentrañar los vínculos espurios que condujo al procurador de la provincia, Pedro García Castiella, a denunciar una red narcocriminal. Entre los vínculos que formaban parte del negocio en Villa Las Rosas surgió el nombre del interno Lautaro Teruel, hijo del músico fundador del grupo folclórico Los Nocheros, Mario Terual.
El jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos, Juan Pablo Sánchez, fue el primero de los funcionarios del MPF en pasar al frente del tribunal y explicar las maniobras que realizaban altos funcionarios del Servicio Penitenciario con internos y personas que se encontraban fuera del penal.
El investigador señaló que debido a la complejidad de la causa, dado que se trata de funcionarios del mismo sistema carcelario involucrados, debieron utilizar tecnología de avanzada para analizar y peritar por ejemplo teléfonos celulares o interactuar con otras áreas especializadas para descifrar la jerga carcelaria utilizada por los imputados para realizar distintos tipos de negocios.
En 30 días lograron intervenir seis celulares desde donde surgieron nombres de personal del Servicio de alto rango, internos y familiares quienes tenían vínculos y entretejían maniobras para obtener diversos beneficios que iban desde ingresar droga al penal de Villa Las Rosas para ser revendida entre la enorme población carcelaria, pasando por traslados de pabellón, beneficios de salud, beneficios de extramuro, puntajes ideales de comportamiento y hasta recibir comida como asados, perniles entre otros.
En su largo descargo, más de tres horas y media, Sánchez apuntó que lograron establecer una línea financiera a partir del descubrimiento de 113 cuentas bancarias entre bancos físicos y billeteras virtuales, vinculadas a 17 de los 20 imputados. Se utilizaban para transferencia de dinero entre internos, familiares y funcionarios. Al investigador le llamó la atención que una de esas cuentas tenía sede en España.
Por lo general buscaban que los pagos fueran en efectivo, para no dejar ningún tipo de huella financiera, sin embargo los sabuesos colectaron diversas pruebas que parecería consolidar un circuito de financiamiento para sostener la organización ilícita dentro del penal.
Los Teruel
El funcionario del MPF sostuvo que “los beneficios que Lautaro Teruel recibía eran a través de la intervención de Francisco Arturo Bisceglia, alcalde a cargo del pabellón, y una figura importante en la repartición del dinero en el nexo con Baldomero Córdoba, encargado de hablar directamente con la familia Teruel”.
“Él era (Córdoba) quien recibía el dinero por parte de los padres de Lautaro Teruel”, sostuvo Sánchez. El hijo del nochero se encuentra en el pabellón F un lugar donde van a parar los exfuncionarios policiales acusados de distintos delitos. “La familia (de Lautaro) quería que lo trasladaran a ese pabellón, dado que suele ser más tranquilo”.
Juan Pablo Sánchez confirmó que a Lautaro le “concedieron ese beneficio y algunos otros, como una atención sanitaria preferencial”. Desde adentro del penal Bisceglia mantenía actualizado de la situación del interno a Baldomero Córdoba quien a su vez le transfería la información a los padres del hombre condenado por abusar de dos jóvenes, una de ellas menor de edad.
Un análisis del whatsapp del dispositivo móvil de Bisceglia arrojó el siguiente comentario:
- El pibe está de diez, bien cuidado, tranquilo, en la parte sanitaria también está de diez. Tiene que solicitar una nota.
“En esa parte instruye a la familia Teruel para que sigan los pasos y su hijo obtenga el beneficio de pasar al pabellón F”, sostuvo Sánchez. Gestiones que se realizaban con la familia y la coordinación entre Bisceglia y Córdoba.
El 3 de enero de 2023 quedó registrada una transferencia bancaria que involucra a Baldomero Córdoba como ejecutante de la transacción a la cuenta de Adriana Soledad Jurado, “esposa de Bisceglia”, apuntó Sánchez.
El jefe investigativo de la UDEC sostuvo que los beneficios diarios a Lautaro “se sostenían en el tiempo, así lo demuestra la investigación”. A continuación algunos fragmentos extraídos del los celulares analizados.
- Baldomero Córdoba: Todo bien, quiere que lo pasen al F y todo bien con eso. Por eso es importante pasarlo ahí yo pido.
- Francisco Bisceglia: De diez. De último deciles qué es lo que estamos pidiendo y si no pueden que entendemos.
- Córdoba: Bueno.
- Bisceglia: Si te dicen que no, deciles que la gente va a saber entender. Y de última después le tiramos un audio diciendo que está todo bien, que será cuando puedan.
- Córdoba: Bueno de una.
“Claramente marca una dinámica signada por el funcionario Bisceglia quien indica de cómo recibir incluso la tarifa fijada, que por los indicios objetivos que tenemos ascendían a la suma de 300 mil pesos en una gestión”, declaró Sánchez.
- Córdoba: Ya tengo lo tuyo, en 30 estoy.
- Bisceglia: Si lo tenés en “f” mejor. (es una de las manifestaciones usuales entre ellos para no dejar rastros en una transacción bancaria, f se refiera al efectivo)
- Córdoba: Lo busco donde me digas.
- Córdoba: Se quieren hacer que no la tienen. (evidentemente el pedido del monto es importante).
- Bisceglia: Se hacen, sí la retienen.
El investigador aclara y pone en contexto que en ese momento de la negociación la madre de Lautaro Teruel fallece, “ellos pensaban que era todo mentira”, sostuvo. “Baldomero le dice parece que está mal la madre, Bisceglia dice que no, que era ´cagada´, que estaban dilatando. Y termina pasando lo peor, fallece la mamá de Lautaro y Baldomero le dice que era verdad, ´paremos un poco ahora´. La directriz de todos estos eventos eran gestionadas y producidas por Bisceglia”, apuntó Sánchez.
Tercera audiencia
El juicio seguirá este miércoles con la presencia, entre otros, de la exdirectora del Servicio Penitenciario. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Están denunciados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están siendo juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.