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El Ministerio Público Fiscal de Salta concluyó este jueves sus alegatos en el juicio por la presunta asociación ilícita y violaciones a los derechos humanos dentro de la Unidad Carcelaria 1 y solicitó penas de entre 1 y 12 años de prisión para funcionarios, internos y familiares acusados de comercializar drogas y cometer exacciones ilegales en el penal.
El procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto calificaron de “extrema gravedad institucional” el caso y describieron un sistema criminal con jerarquías definidas, distribución de tareas y dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel y la comisión de exacciones ilegales.
Penas solicitadas
- Sergio Faustino Moya: 11 años y 8 meses de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Francisco Arturo Bisceglia: 12 años de prisión de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (7 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Luis Roberto Castaño: 8 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Marcos Matías Bucotich García: 9 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Raúl Antonio Arjona: 8 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor del delito de exacciones ilegales agravadas -concusión (1 hecho); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Marcelo Olguín Magno: 6 años de prisión efectiva por considerarlo autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (5 hechos); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Rubén Antonio Guaymás: 5 años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de exacciones ilegales agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- José Luis Alarcón: 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
- Baldomero Darío Córdoba: 2 años de prisión de ejecución condicional por considerarlo partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas.
- Manuel Méndez: 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- María Inés Méndez: 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- Héctor Gustavo Banega: 9 años y 6 meses de prisión efectiva por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- Ivana Marcela Gutiérrez: 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- María Cristina Galindo: 7 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención.
- Nicole Judith Ana Luna: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser partícipe necesario de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- Patricia Daiana del Rosario Flores: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
- Andrea Abigail Alba: 1 año de prisión r ser considerada autora de tenencia simple de estupefacientes. Se retira la acusación de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
En cuanto a Josue Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.
Contexto del caso
Los fiscales sostuvieron que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal que violó sistemáticamente la normativa del Servicio Penitenciario. Se mencionaron ingresos de drogas, alimentos y privilegios indebidos para ciertos internos, y se resaltó que “en vez de cumplir con la misión del Servicio Penitenciario, los imputados transformaron la institución en un espacio de negocios ilícitos”.
El procurador general García Castiella subrayó que los hechos constituyen una vulneración sistemática de derechos humanos reconocidos internacionalmente y advirtió que la corrupción detectada afecta la confiabilidad del sistema penitenciario y la progresividad de las penas.